¿Y lo de Cataluña qué?

Cuando se emplean enfoques y decisiones maximalistas a un contenido, todo cuanto viene detrás se proyecta y dirime dentro de excesos. Pareciera el caso de la delicada situación en Cataluña, tema nada trivial e intoxicado bajo la administración del Partido Popular (PP), desde donde decidieron darle un tratamiento jurídico a cuanto bien pudo dilucidarse mediante diálogo y reductos menos discrepantes.

Puesto en la cuestionable ruta, el tema permanece dentro de un complicadísimo esquema apuntando hacia un desenvolvimiento traumático. Un importantísimo ángulo a considerar es el insano ambiente de fractura social, algo necesitado de soluciones sabias, para evitar que sigan inflamándose pasiones desatadas por el “huracán político” del pasado año, en una Catalunya a la cual entonces no le faltaban impetuosos vientos.

Las divisiones entre grupos humanos dentro de esta autonomía y a escala de país, pueden aumentar según se maneje la causa contra los líderes independentistas puestos en prisión. Pablo Iglesias retrata la situación en sus ambigüedades y desatinada conducción, cuando consideró de forma pública lo inamisible y vergonzoso de que los comprobados autores de la violación colectiva de una joven (conocidos como "La Manada") recibieran una condena de 9 años y estén en libertad provisional, mientras que al exvicepresidente de la Generalitat catalana, Oriol Junqueras, la Fiscalía le esté pidiendo 25 años de cárcel. "La ley no sea igual para todos", apostilló el secretario general de Podemos, concluyendo que el problema de base en Catalunya no se resuelve con jueces, sino a través de negociación y encauzamiento político.

El proceso se instala en una polarizada porfía teniendo al centro la exigencia de la Fiscalía, desde donde piden penas enormes para quienes estaban a cargo del gobierno regional, y se extiende a los líderes de las asociaciones ANC y Òmnium Cultural, añadiendo a la policía local, los Mossos d’Esquadra, a quienes acusan de connivencia.

En total, quieren aplicarle 74 años de cárcel al exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, quien lleva12 meses en prisión. Le imputan dos delitos de rebelión, uno de organización criminal y otro de malversación de caudales públicos. Penalizaciones idénticas fueron solicitadas para varios ex concelleres (miembros o vocales del concejo municipal catalán). La Abogacía General del Estado (a nombre del gobierno) propone una rebaja de la culpabilidad y las sanciones, alegando sedición, un delito que reduciría los castigos de cárcel. Junqueras, por ejemplo, debería purgar 12 años, si se aplicara esa última figura legal. De acuerdo con esto, el delito de rebelión implica uso y abuso de la fuerza y eso no ocurrió.

La violencia en torno al referéndum del 1 de octubre del 2017 en Catalunya, ha sido puesta al centro de la porfía. Según la parte fiscal, los líderes independentistas incitaron a perpetrarla. Aumentan circunstancias (contra los procesados) o las omiten (como el atropello cometido por los seis mil policías enviados a Cataluña desde otras regiones, con la orden de impedir que los ciudadanos votaran a favor o en contra de la independencia, un hecho divulgado por la prensa mundial) y, quizás, procedimientos iracundos como quitarle las potestades inherentes a la jefatura catalana.

Entre los diversos criterios, cabe citar el expuesto por la magistrada de la Audiencia de Barcelona y portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia en Catalunya, Montserrat Comas, quien estima "técnicamente errónea, equivocada" la imputación de  presunta rebelión por los hechos del transcurso soberanista. Según Comas, el Código Penal exige que haya un "alzamiento público y que sea violento" para poder sostener el cargo por rebelión. Se confesó sorprendida, además, ante las aseveraciones fiscales sobre “actos insurreccionales que pueden constituir el alzamiento público”, supuestamente cometidos desde 2012 y sobre todo en el 2015.

"Si es verdad que el alzamiento se puede hacer de forma diferida durante dos años, ¿cómo es que el Estado no reaccionó y permitió que se hicieran actos insurreccionales de rebelión? Seguramente porque no eran actos de rebelión", concluye la jurisconsulta. En lo concerniente a malversación, se califica de ese modo el empleo de fondos de la administración regional para urnas, papeletas y otros requeridos por el sufragio de marras, algo, en teoría, dentro de las atribuciones de los entonces funcionarios, pero no para beneficio personal.

No faltan criterios en referencia a los yerros o musculatura judicial auspiciados por el PP que llevaron a situaciones evitables mejor tratadas. La ley mordaza (se promulgó bajo el mandato Rajoy, para limitar la libertad de expresión o criminalizar cualquier reparo ciudadano sobre políticas impopulares) y sus antecedentes en una ley antiterrorista (bajo mandato de Felipe González, al parecer manejable para intereses variados), estarían entre los antecedentes sumados a los vacíos y ductilidades de los pactos de 1978 (al término del franquismo, cuando se reasumen los deficitarios códigos democráticos). La Fiscalía, así lo creen algunos, se basa en arbitrios de esta naturaleza al juzgar hechos y personajes de este sumario que merece un esclarecedor plural.

Y no se olviden los personajes fuera de España, animados a internacionalizar este asunto que va cobrando vericuetos impensados.

Al margen o en paralelo con las diferencias, el Partido Popular y Ciudadanos están utilizando el peliagudo trasfondo para mejorar posiciones mientras atacan al Partido Socialista Obrero Español. No apaciguan ni interceden de manera aséptica o útil, aun cuando digan estar procediendo en bien del país. Si algo hacen es incitar, añadiendo dificultades donde se necesitan solvencias. Pretenden que sea reinstaurado el artículo 155, inhabilitado por el gobierno de Pedro Sánchez en cuanto asumió mandato tras el voto de censura que eliminó a Mariano Rajoy.

Los conservadores pretenden, asimismo, caminos para limitar más las capacidades autonómicas, percepción destinada a enredar cosas ya enmarañadas. Si tanto empeño hubieran empleado para evitar la comprobada corrupción del PP, el asunto no habría llegado a las cotas máximas de podredumbre política, sacadas a la luz en parte y convenientemente escondidas.

La derecha ibérica desea un adelanto electoral, entendiendo la debilidad de los socialdemócratas que dependen del apoyo de Podemos e Izquierda Unida, entre formaciones menores, pues cuentan con solo 84 escaños en el parlamento. Por eso barajan una alianza destinada a conseguir el poder de nuevo, aprovechando la confusión y falta de solidez de algunos compromisos actuales.

Incluso sin esa perspectiva, el escenario es de los muy comprometidos. No abundan las soluciones en tiempos tan crispados y una mirada simple sobre la exasperada actualidad aquí bosquejada apenas en una porción, así lo sugiere.