Triste espectáculo de la derecha en Brasil

El plan de la derecha brasileña, impulsado por sus aliados de la región, además de bien urdido, rebuscando hendijas en el gobierno de la izquierdista Dilma Rousseff, demuestra la desvergüenza de diputados y senadores corruptos que, contra los preceptos constitucionales, quieren adueñarse del Palacio del Planalto, no como demócratas, sino como mandamás neoliberales.

Cada día que pasa, y ojalá se revierta la situación en el Senado, los brasileños observan cómo sigue la componenda a nivel del Congreso Nacional para “legalizar” la destitución de la mandataria, una idea concebida en la medida que con el apoyo de 54 millones de ciudadanos, Rousseff le dio una patada en las urnas al candidato derechista Áecio Neves.

Nunca dejaron gobernar en paz a esta mujer, acusada de un delito del que no han presentado una prueba. No importa. La derecha y sus acólitos pretenden eliminarla del escenario político y están a punto de conseguirlo, a no ser que la izquierda deje de ser benévola con la burguesía, y el pueblo brasileño, en su continua movilización, impidan que se cometa la ignominia.

Lo que resulta inaudito es que la mayoría de quienes manipulan, hostigan y tratan de castigar a Rousseff son renombrados corruptos, personas sin principios políticos y personales, como el vicepresidente Michel Temer, del derechista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). Cien de los 327 diputados que votaron en su contra son investigados por ladrones.

La defensa demostró que la presidenta ni siquiera quebró una sola norma neoliberal heredada de anteriores regímenes. Tampoco fustigó a la gran oligarquía nacional o propició una nueva Carta Magna. Su principal tarea ha sido tratar de que la nación sobreviva en el plano económico a la grave crisis mundial que ha movido los números del país, en declive, como ocurre en muchas otras naciones dependientes, sin lesionar los programas sociales.

Se trata, por tanto, de otra víctima de la táctica imperialista de derrocar a los gobiernos progresistas de América Latina, una manera puesta en práctica desde 1999, cuando en Venezuela ganó el Comandante Hugo Chávez. Siguiendo su ejemplo, un alto número de países dieron un giro a la izquierda, entre otros, Argentina, ahora en manos de conservadores, como ocurrió antes en Paraguay y Honduras.

Son los carroñeros de Brasil los mismos que se lanzan contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien pretenden destituir mediante un revocatorio, o Evo Morales, luchando en Bolivia, o Rafael Correa, en Ecuador.

En política nada es fortuito, y el mayor ganador en esta desigual batalla por la impugnación de Rousseff es Estados Unidos, al que se considera la cabeza pensante de estos planes, pues los líderes derechistas de América Latina carecen de fuerza e inteligencia para un plan de tamaña envergadura.

Si sustituyeran a Rousseff, aunque de manera ilegal e indecorosa, además de lesionar al grupo BRICS, Washington también estaría derrumbando uno de los pilares integracionistas de América Latina, y dejaría huérfanos de protección a millones de brasileños beneficiados con los programas sociales del gobierno.

Brasil, la economía más importante de Suramérica, con gran prestigio mundial, es el carro jefe de las más importantes iniciativas y negocios en el área y a nivel internacional, por lo que de caer en manos de la derecha le estaría haciendo un enorme favor a los consorcios norteamericanos.

Al igual que ocurrió en Argentina, el escenario para un Brasil sin la presidenta petista no podría ser más sombrío, pues los tres escalones de sustitutos están permeados de acusaciones por corruptos: Temer, Eduardo Cunha y Renán Calheiros.

JUICIO POLÍTICO EN PUERTA

Pocos esperan que la presidenta Dilma Rousseff pase la prueba del Senado, la instancia que decidirá, posiblemente el próximo día 11, si aprueba o rechaza la apertura del juicio político.

Los brasileños apegados a la Constitución Nacional, más allá de sus credos políticos, observaron estupefactos el tristísimo espectáculo brindado por los diputados que en plenario de la Cámara hicieron ofensivas manifestaciones contra la mandataria, una mujer considerada intachable en el manejo de las cuentas de la Unión y negada a dejarse manejar por los chantajistas políticos.

El principal estafador es Cunha, un politiquero del PMDB de Temer, quien recibía las denuncias públicas contra la mandataria, a las que nunca les dio importancia, hasta el día en que iba a ser llevado a la Comisión de Ética de la Cámara Baja por el robo de millones de dólares de la Petrobrás y otros negocios turbios.

Quiso hacer un trueque con la jefa del gobierno: “No paso las denuncias y usted me exime de ser investigado”. Ante la propuesta, la respuesta de la mandataria fue: “Yo no negocio con corruptos”. Este proceso es, por ende, la consolidación de la venganza contra Rousseff, quien se negó a ampararlo en sus fechorías.

Para quienes desconocen que los políticos brasileños, los de centroderecha en especial, forman parte de un gran circo sin principios, resultó increíble que incluso los diputados miembros de la creciente Iglesia Pentecostal votaran en nombre de Dios contra Dilma en el plenario de la Cámara, y otros que lo hacían en nombre de una tía u otro pariente.

Fuentes cercanas al Senado de la República, de 82 miembros, afirman que más de 41 congresistas son favorables a la casación de la mandataria y a que sea de inmediato apartada del cargo por 180 días a partir de que se conozca la decisión.

POBRE BRASIL

Si la impugnación prosperara, a pesar de las continuas protestas en las calles por parte de partidos aliados al gobierno, sindicalistas, estudiantes, artistas, intelectuales, organizaciones sociales y otros sectores; el futuro de Brasil puede ser desastroso.
Más de 300 agrupaciones integradas a Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo entregaron al presidente del Senado, Renán Calheiros, un documento que demuestra el rechazo popular al golpe de Estado en curso.

Carmen Foro, vicepresidenta de la Central Única de Trabajadores de Brasil (CUT) escribió en el sitio web de esa entidad: “…deseamos que el Senado no tuviera el comportamiento deplorable de la Cámara de Diputados”.

Si los senadores mantienen la actitud hostil contra la jefa de gobierno ocuparía su lugar el vicepresidente Michel Temer, quien pasaría oficialmente de figura decorativa a lo que es: un oportunista que depositó su odio visceral por la izquierda en la figura de la presidenta, contra quien manipuló el golpe de Estado institucional y parlamentario.

Pocos creen en un procedimiento jurídico legal contra la Rousseff, pues la oposición está consciente de que ellos no ganaron en las tres últimas elecciones ni lo harían en el 2018, cuando Lula da Silva vuelva en busca del Palacio de Planalto. O sea, que la única forma de sacar a Dilma es con la consumación de este golpe en curso, con una Cámara vendida por cargos y prebendas, tapaderas de corruptos y un Senado cuya comisión de aceptación del juicio está presidida por opositores, y, por ende, cortarle el paso a Lula.

Temer, en el peor de los casos para la democracia, asumirá la presidencia de manera interina, en tanto se investiga a Rousseff, pues su absolución o condena definitiva (54 de 81 votos en el Senado) debe ocurrir a mediados de septiembre, en fecha cercana a las elecciones municipales del 2 de octubre. Para analistas, el histérico “efecto estampida” vivido en la Cámara podría repetirse en el Senado.

Pero ocurre que el vicepresidente está acusado de incurrir en delito de responsabilidad fiscal, ya que en ausencia de la mandataria —quien se encontraba en el exterior— dictó inconsultamente varias resoluciones que lo inculpan de delitos de responsabilidad fiscal. Solo que la acción popular en su contra está detenida en la Cámara, en espera de que su socio Cunha le dé curso.

Otro asunto de gran significación política es que tanto Temer como Rousseff están también a expensas de una sanción del Supremo Tribunal Electoral (STE), por supuesto financiamiento ilícito durante la campaña electoral del 2014. Si la decisión del SET es anular la chapa del Partido de los Trabajadores (PT)-PMDB antes de la primera mitad del actual mandato (diciembre de 2016), el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, convocará a elecciones en un plazo de 90 días.

La elección de mandatario, si la sanción fuera dictada a partir de la segunda mitad del mandato, corresponde al taimado Congreso Nacional, encargado de determinar al sustituto, que pudiera ser, conociendo la catadura moral de los involucrados, el mismísimo Cunha, también en una cuerda floja y con posibilidades de terminar en la cárcel.

¿Quién quedaría entonces para la primera magistratura?. El presidente del Senado, Renan Calheiros, es el tercero en la línea sucesoria, pero solo si Cunha es alcanzado por la justicia.

Para el analista Francisco Leite, Calheiros: “Es de la misma formación política e ideológica que Temer y Cuhna, pero a diferencia de los dos primeros es más hábil y sabe manejar la opinión pública. Se presenta como un político más equilibrado y preocupado por el país”.

Pero tampoco está libre de la corrupción. El presidente del Senado está acusado por otros legisladores de recibir dinero a cambio de paralizar investigaciones por delitos de robo en la estatal Petrobrás.

Para los analistas hay otros escenarios políticos posibles, dado que Rousseff ya advirtió que no renunciará y luchará por demostrar su inocencia.

Entonces podría suceder que Temer, si la sustituye pero no encuentra aliados de su calaña, o estuviera bajo la presión de las protestas populares —que ya avisaron no darán legitimidad a su gobierno si se proclamara—, a la sazón se vería forzado a convocar a elecciones presidenciales de inmediato.

A pocos meses de la celebración en Brasil de los Juegos Olímpicos, el escenario de la gran nación suramericana no podría ser más lamentable, pues está claro que las masas populares se mantendrán en las calles, sea cual sea el resultado del actual proceso golpista.

Si Dilma gana esta batalla tendrá que reformar completamente su gabinete y sacar a su vice y a los ministros del PMDB. Una oportunidad única para formar un gobierno integrado por fuerzas progresistas capaces de impulsar programas a favor del país y de la región.