Justicia para Piedad Córdoba

Luego de ocho años de ser despojada de su condición de senadora, la luchadora colombiana Piedad Córdoba ganó esta semana una ardua batalla con la justicia de su país, que reconoció la ilegalidad de las pruebas presentadas en su contra.

La decisión de declarar nula la sanción impuesta a Córdoba —nacida en Medellín en 1955— por la Procuraduría fue adoptada por 17 votos a favor y 6 en contra por el Consejo de Estado de Colombia.

El magistrado William Hernández, encargado de la ponencia avalada por el máximo tribunal, consideró que la destitución en octubre de 2013 era ilegal ya que se basaba en informaciones encontradas en la computadora del canciller de la organización guerrillera Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), Raúl Reyes.

Reyes fue asesinado junto a otros insurgentes y dos civiles mexicanos por el Ejército colombiano en la frontera con territorio ecuatoriano, lo que enfrió las relaciones entre las dos naciones por injerencia interna.

De acuerdo con Hernández, el equipo del líder guerrillero careció de la debida custodia y los datos que contenía eran irreales y pudieron ser implantados.

La Procuraduría sancionó a la abogada, luchadora por los derechos humanos y la paz colombiana, a 18 años de invalidación parlamentaria por supuesta colaboración con las FARC-EP, en tanto el Ministerio Público la inhabilitó políticamente por 14 años en el 2012 por aportar, en su criterio, 25 millones de pesos colombianos a la campaña de Ricardo Montenegro a la Cámara de Representantes en el 2010.

Ahora Córdoba, quien ejerció en el Senado desde 1994 hasta 2010 por el ala izquierdista del Partido Liberal, anunció que también demandará la retirada de esa sanción que le impide volver a la vida política, en momentos en que está a punto de firmarse la paz definitiva entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP, tras cuatro años de negociaciones en La Habana, Cuba.

En el reclamo de sus derechos políticos, la senadora advirtió que la Procuraduría desestimó a las miles de personas que la eligieron para representarlos en el Congreso Nacional.   

“Fueron 18 años con arbitrariedad y luego 14 con ensañamiento” y advirtió que “todo se trata de una persecución política. Me parece que mi nombre ha sido pisoteado, el honor mío y de mi familia que ha sido arrastrado por todo el país, espero que sea puesto en el lugar donde debe estar. Simplemente soy una luchadora de la paz con justicia social, por la lucha contra toda forma de opresión y discriminación”.

Luego de conocer el veredicto, afirmó “Quienes nos oponemos a un régimen o a políticas públicas no somos terroristas o delincuentes, somos personas que pensamos distinto, y a mí prácticamente se me sancionó seis años por un delito de opinión porque pruebas no había.

Explicó al periódico El Heraldo que el juicio en su contra fue político, debido a que “se generó una matriz de opinión espantosa diciendo que era una terrorista que ponía en jaque la seguridad del Estado”.

“Lo que sucedía conmigo era un tremenda injusticia. Vivimos en una sociedad que no cree en la justicia. Debemos dedicarnos a ganar el plebiscito con más de 10 millones de votos. A eso nos vamos a dedicar”.

Çórdova hacía referencia al plebiscito que será convocado por el presidente Santos después de la firma del Acuerdo Definitivo de la Paz, el cual deberá ser refrendado como válido por la población de ese país suramericano.

Luego de aclarar que nunca murió políticamente pues participó de manera activa en las negociaciones para la devolución de personas en manos de las guerrillas, Córdoba precisó que corregir una injusticia es un acto reparador, que ayudará a lograr la reconciliación y la convivencia colombiana.

Respecto a esa segunda causa, el Consejo de Estado citó a la exsenadora a una audiencia pública fijada para el próximo 14 de septiembre, con el interés de analizar la inhabilitación política.