Gobierno de Bolivia derrumba plan desestabilizador

Aún quedan puntos por esclarecer en el ahora frenado plan de las corporaciones trasnacionales que, usando a los cooperativistas mineros buscaban la inestabilidad política de la nación andina mediante posiciones de fuerza, incluido el brutal asesinato del Viceministro del Régimen Interior y Policía, Rodolfo Illanes, la pasada semana.

Illanes se ofreció para viajar a Panduro, a unos 185 kilómetros de La Paz, y lugar del principal cierre de carreteras, a fin de dialogar con la dirigencia cooperativista opuesta a varios epígrafes de la Ley de Minería. En ese lugar resultó secuestrado y retenido durante el jueves 25, luego torturado y asesinado a golpes. Su cadáver fue tirado en el borde de una carretera.

Para observadores, el conflicto generado por ese sector económico, junto al reciente paro de transportistas pesados y exigencias de grupos de personas discapacitadas, están dirigidos a fomentar una matriz de opinión contra el gobierno de Evo Morales, y viéndolo en un mayor ángulo, a quebrantar el proceso político socialista en ese país, con el derrumbe del gobierno.

No es exageración. Las fuerzas derechistas de la región aprovechan cualquier desentendimiento –real o forzado por ellas mismas- para implantar la violencia como método de acción, lo que puede dar lugar a una intervención de organismos internacionales para, supuestamente, restablecer la paz interna.

Para el ministro de Gobierno, Carlos Romero, “el uso de cooperativas por parte de empresas trasnacionales para intentar privatizar y controlar los recursos mineros de Bolivia es el verdadero trasfondo de las recientes protestas violentas, hechos que se inscriben, en su opinión, dentro de una movilización conspirativa y golpista dirigida a (…) restituir el régimen de privatización de los recursos naturales”.

En una intervención especial en el programa El pueblo es noticia de la estatal Bolivia TV., en la víspera, Romero hizo un análisis pormenorizado del origen del conflicto, y mostró pruebas de la manipulación mediática que persiguen confundir a la opinión y justificar el escenario de violencia montado desde principios de este mes, reportó Prensa Latina desde la capital boliviana.

El problema surgió cuando un sector de  unas mil 700 cooperativas mineras existentes en el país, concesionarias de yacimientos, se declaró contra la Ley de Minería, basada en la voluntad de la Carta Magna, que en su artículo 371: “Las áreas de explotación minera otorgadas por contrato son intransferibles, inembargables e intransmisibles por sucesión hereditaria”.

 “El Estado, esclarece el número 369, será responsable de las riquezas mineralógicas que se encuentren en el suelo y subsuelo cualquiera sea su origen y su aplicación será regulada por la ley. Se reconoce como actores productivos a la industria minera estatal, industria minera privada y sociedades cooperativas.”

En opinión de analistas, la patronal cooperativista adoptó medidas de presión –cuyo fin era previsible- para que el Ejecutivo de Morales –siempre factible al diálogo político- atendiera un pliego de 10 puntos que resumen 24 demandas, entre ellas las contrataciones con empresas foráneas. Su primer movimiento fue el anuncio de un paro indefinido en la totalidad del territorio nacional.

Entre las objeciones principales está también la negativa a la sindicalización en las cooperativas, prevista en la Ley, pues no quieren gremios obreros en el interior de sus feudos.  

A pesar de las regulaciones vigentes, los cooperativistas ya tienen firmados al menos 31 contratos con compañías privadas, algunas de ellas trasnacionales, entre ellas la Comsur del ex presidente y empresario minero Gonzalo Sánchez de Losada.

En una escalada que se regía por un plan equilibrado, el asesinato de Illanes hizo que el Estado actuara firmemente, como pudo hacerlo desde el primer momento, deteniendo a los líderes opositores y poniendo al descubierto los arsenales con que pensaban enfrentarse a las autoridades en busca de una confrontación a gran escala.

Antes del fatal desarrollo de los acontecimientos, el gobierno había convocado a los querellantes a reuniones con ministros de la Presidencia, Gobierno y Minería, pero dejando clara su posición de no violentar la Constitución Nacional para complacer las demandas corporativas empresariales.

Es significativo que cada vez que se aproximaba un debate entre las partes, sucedía un imprevisto –al parecer planificado por la derecha- para imposibilitar las conversaciones, como ocurrió el lunes 22 de agosto, cuando medios privados de comunicación al servicio de la oligarquía publicaron una orden falsa de detención de líderes mineros.

Dos mineros murieron dos días después durante los bloqueos en circunstancias que el gobierno prometió esclarecer, pues hay indicios de que se trató de un fuego amigo, dada el armamento en poder de los movilizados. El presidente Morales prometió una investigación a fondo, ya que ordenó personalmente que los soldados no portaran armas de fuego en el lugar de los bloqueos, y mucho menos dispararan contra los manifestantes.

En otro tercer momento de acercamiento de las partes, hubo otro episodio confuso que dejó como saldo un tercer movilizado fallecido. Se supone que ese fue el desencadenante para asesinar al Viceministro, un hombre fiel al proceso político boliviano.

En este contexto tres cuestiones quedan claras: el gobierno, según Morales, no violará la soberanía del pueblo boliviano sobre los recursos naturales; se presentarán las pruebas por el oficialismo de los intereses ocultos detrás de este conflicto; se analizará la posición de los movimientos sociales, sindicatos, campesinos y pueblos indígenas que solicitan la reversión de las concesiones mineras y privilegios de los cooperativistas.

El grado de conspiración interna y externa denunciada por el Mandatario en conferencia de prensa el pasado día 26 será probada, dijo, en las próximas semanas, lo cual indicará el eventual camino que seguirían las fuerzas derechistas locales y de la región en Bolivia, de cara a las elecciones presidenciales del 2019.