Brasil cae bajo el manto de la vergüenza y el neoliberalismo

La decisión, se sabe, estaba tomada de antemano, dada la impunidad de la partidocracia corrupta de Brasil. La presidenta legítima de esa nación, Dilma Rousseff, fue separada de su cargo de manera definitiva, tras un denominado juicio político, en realidad un golpe de estado parlamentario organizado no solo contra la jefa de gobierno, sino contra un proceso progresista, en el que la defensa demostró la inexistencia de pruebas.

Se trata del fin de una amañada causa iniciada en la Cámara de Diputados en diciembre del pasado año, cuyos representantes en su mayoría están indicados o acusados de corruptos y al servicio de los grandes capitales locales. Allí, bajo la jefatura entonces del ladrón Eduardo Acuña, ahora separado del cargo, comenzó un proceso de impugnación dirigido a eliminar una jefa de gobierna digna y revolucionaria, y desprestigiar al oficialista Partido de los Trabajadores (PT).

La salida de Rousseff del gobierno constituye, además de una vergüenza para Brasil y sus fuerzas políticas, un duro golpe a la integración de América Latina, de la cual fue abandenarada, al igual que su antecesor Luiz Inácio Lula da Silva. Ambos colocaron a su país en sitial privilegiado en el concierto internacional de naciones, y lo integraron en el grupo económico de los BRICS, en contraposición a la dominación capitalista de Estados Unidos.

A lo interno, ningún gobierno anterior al de estos presidentes, había hecho tanto en tan poco por los 68 millones de pobres, o en pobreza extrema que viven en los 22 estados federados. En el ámbito social, y con un nuevo enfoque económico, los recursos del Estado fueron empleados en programas sociales jamás conocidos en la gigantesca nación.

Este miércoles, en una votación precedida por intervenciones cortas y apasionadas, luego de largas jornadas de discusión en el que se observaba claramente el propósito opositor de pisotear la legitimidad de una Presidenta, se pisotearon los derechos de más de 54 millones de votantes que en el 2014 eligió a la líder brasileña por un segundo mandato de cuatro años. Analistas de diferentes partes del planeta coincidieron en que el resultado de hoy se conocía desde el primer momento en que se lanzó la acusación, vacía y sin pruebas.

En el plenario había 81 senadores. Sesenta y uno votaron  a favor de la separación definitiva, 20 en contra, y no hubo abstención. Luego, en una segunda votación, lo hicieron exclusivamente por la inhabilitación de Rousseff para ejercer cualquier cargo público por ocho años. Con 42 votos a favor, 36 en contra y tres abstenciones, el Senado Federal brasileño desestimó  la inhabilitación para el ejercicio de la función pública por ocho años de la depuesta presidenta.

Los parlamentarios opositores a las fuerzas de izquierda que intervinieron esta mañana reafirmaron el carácter sectario y mal intencionado de la causa en la que acusaron, sin pruebas comprobadas hasta hoy, de presuntos delitos en el manejo de los gastos públicos, lo cual es costumbre en otros gobiernos y no constituye delito.

En una intervención especial el martes, la presidenta destituida hoy de manera definitiva, e inhabilitada por ocho años en su vida política, asumió la última parte de su defensa, ante una mayoría senatorial de derecha asombrada de su valor para comparecer ante un curia mayoritariamente derechista.

Pausada, con dignidad, Rousseff, de 68 años, dio fe de su decencia y responsabilidad administrativa –lo cual poco sirvió para quebrar un programa organizado por los intereses capitales locales y del exterior-, y respondió a las interrogantes de los parlamentarios sobre cada acusación y critica a su gestión, en cuyos cuatro años primeros sacó de la miseria a 28 millones de pobres, de los 36 millones alcanzados durante los tres mandatos del Partido de los Trabajadores (PT).

Aun cuando se espera la reacción de las masas populares brasileñas, que desde el comienzo del proceso se mantiene en las calles en apoyo a la presidenta y la democracia, la separación definitiva de la Mandataria abre un camino oscuro para la nación suramericana, ahora en manos del presidente Michel Temer, interino hasta ahora, quien solo esperaba el resultado de la impugnación para viajar de inmediato a China luego de ser consagrado por sus compinches del Congreso Nacional a las 16:00 hora local, con su espuria misión cumplida.

En sus tres meses de gobierno, Temer dictó –sabiendo de antemano el resultado del proceso- una serie de medidas de corte neoliberal, siguiendo una orden de ruta dictada por los grandes capitales locales y Estados Unidos, que a cualquier costo, y pagando millonarias cifras, compraron los votos de la Cámara de Diputados, donde se generó la matriz contra la Dignataria por el uso taimado y amañado de pruebas mentirosas y todavía no probadas.

Brasil cae ahora en un nuevo momento –que muchos catalogan de noche neoliberal- con un gobierno ilegítimo, no apoyado por el pueblo, pues no ganó en comicios libres, y con la sombra de un retroceso político de décadas.

La única posibilidad de cambiar el juego es que haya una recuperación del PT de cara a las elecciones del 2018, a pesar de la campaña mediática en su contra y la de sus principales dirigentes políticas, entre ellos el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, favorito para ganar esa contienda, que arrojaría del Palacio de Planalto a Temer y sus compinches.