Bolivia actúa para que Evo se quede

En Bolivia, donde el gobierno mantiene un exitoso modelo de gestión, continúa la recolección de firmas para proponer la repetición de la consulta popular celebrada hace un año, la cual permitiría habilitar la repostulación del binomio presidencial de Evo Morales y Álvaro García Linera para el período 2020-2025.

El 21 de febrero del 2016, el triunfo del NO en el referendo modificatorio de la Constitución Política del Estado (CPE) fue por menos de un 3 % de diferencia, luego de que Morales fuera atacado con comprobadas mentiras por la media al servicio de intereses oligárquicos y partidos de derecha.

Aunque en ninguna otra época de su historia Bolivia mostró los logros alcanzados durante la década de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), lo cierto es que aún hubo un mínimo de ciudadanos que se dejaron confundir con informaciones fraudulentas sobre la vida personal del mandatario, lo cual formó parte de un plan contrarrevolucionario, según se verificó después.

De ahí que el debate sobre la necesidad de una nueva consulta popular se abriera en Bolivia, no solo por la diferencia mínima de ganancia para el NO, sino porque era el primer revés del oficialismo en las urnas en 11 años.

Organizaciones sociales y movimientos populares solicitaron al gobierno que se les permitiera la recolección de firmas en apoyo a la repetición del referendo o la activación de otros mecanismos constitucionales que permitan la repostulación del actual binomio presidencial cuando termine su mandato en 2019.

La Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), una de las agrupaciones aliadas a la reestructuración de las bases económicas y sociales impulsada por Morales y el MAS, es la encargada de la recolección de un 20 % de las firmas del padrón electoral de 6,3 millones de votantes, o sea, un millón 250 000 rúbricas.

La iniciativa de Conalcam se extiende a los departamentos y municipios de la nación andina, como el primer paso de un proceso que tiene su momento definitivo cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP-Parlamento) verifique la calidad de esta labor en que están involucrados miles de ciudadanos y haga una nueva convocatoria a las urnas.

Pero esta no es la única táctica para que Morales continúe su labor a favor del pueblo y el desarrollo de la economía con inclusión social en el Palacio Quemado. En el IX Congreso del MAS, en diciembre pasado, la Comisión Política aprobó cuatro mecanismos apegados a la Constitución Nacional que permitan una nueva candidatura a los máximos dirigentes del gobierno ya que, hasta ahora no se vislumbra un relevo político para la pareja, lo cual constituye también una preocupación para la organización política.

Una segunda posibilidad es una reforma parcial del artículo 168 de la Carta Magna por orden de ley de la ALP, con la presencia de dos tercios de sus miembros.

Una tercera vía queda en manos del presidente, quien puede renunciar al cargo seis meses antes de la culminación de su actual mandato, en enero del 2020, para presentarse como candidato.

Morales tiene otra oportunidad para su habilitación mediante la interpretación de la Ley de Leyes por parte del Tribunal Constitucional, en lo inherente al acápite de la elección y reelección de presidente y vicepresidente.

Analistas consideran que de prosperar alguna de las tácticas para la continuidad de Morales en el gobierno del Estado andino-amazónico a partir del 2020, con seguridad, y salvo un imprevisto hasta el 2019 cuando se celebren las elecciones, su éxito y el de García Linera está garantizado, a pesar del revés del referendo del pasado año.

Tal criterio tiene su fundamentación en el apoyo que los votantes han dado al líder indígena cocalero en los últimos diez años.

De origen aimara, Morales ganó las elecciones generales de 2005 con el 54 % del sufragio, el referendo revocatorio ordenado por la nueva Constitución Nacional emanada de la Asamblea Constituyente en el 2008 y las reelecciones del 2009 y 2014, con más del 60 % en todos los casos.

La oposición boliviana, aunque tiene suficiente fortaleza como para desplegar acciones contrarrevolucionarias y difamatorias contra el gobierno, carece, empero, de líderes capaces de medirse con el actual presidente, pues sus principales figuras están vinculadas al derrotado sistema neoliberal en Bolivia.

Ninguno de los partidos conservadores, en los distintos momentos electivos, ha sido capaz de presentar programas de gobierno superiores a los del MAS, lo cual anula sus posibilidades de éxito en las urnas de manera limpia.

Cuando asumió Morales, Bolivia era considerada la segunda nación más pobre de la región suramericana y caribeña, después de Haití, pero ahora se mantiene, en plena crisis económica internacional, con un nivel sostenido de crecimiento de 4,5 % del Producto Interno Bruto, el más alto de América Latina.

Su gobierno, que busca el acercamiento de las zonas campesinas a la ciudad y situó a los pueblos indígenas y originarios en distintos estratos de una democracia participativa, logró la reducción de la extrema pobreza de un 38,2 % en 2006 al actual 16,8 %; mientras la pobreza moderada, que era entonces de 60,6 %, se redujo a 38,6 %; y la propuesta oficialista es que tales valores negativos hayan desaparecido en el 2025, año del bicentenario de la independencia y la fundación de la república.
La nacionalización de los hidrocarburos en 2006, cuyas ganancias iban a manos de las trasnacionales, resultó una de las medidas más importantes del gobierno de Morales, ya que no solo recuperó las empresas estratégicas sino que priorizó la industrialización nacional.

El dinero obtenido por las nuevas empresas estatales permitió la creación de programas sociales para proteger a los grupos más vulnerables de la población, entre ellos el Bono “Juancito Pinto”, para los niños y niñas; el “Juana Azurduy”, dirigido a mujeres embarazadas y Renta Dignidad, destinado a los ancianos.

En el proceso de transformaciones se destaca la inclusión de los indígenas en asuntos del Estado y la refrendación mediante una ley de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos originarios, uno de los , junto a los movimientos sociales, de la defensa de la independencia y la soberanía del país ante las crisis fomentadas por los conservadores.
La presencia de la antes excluida masa femenina se hace notable en la ALP, en la que más del 50 % de los 166 legisladores son mujeres, mientras otros 41 están ocupados por indígenas y 29 por jóvenes, sin anterior representación parlamentaria. Desde 2006, 47 féminas han ocupado distintos Ministerios.

El gobierno de La Paz está enfrascado en la conversión de Bolivia en el corazón energético de Suramérica y prioriza, además, el cumplimiento de la Agenda Patriótica 2025, la que llevará adelante distintos programas políticos, económicos, sociales y culturales para celebrar los 200 años de la independencia.