Si una de las más recientes normativas aprobadas en Cuba resume un interés presente desde el mismo triunfo de la Revolución, por ser un asunto estratégico y preocupación del Comandante en Jefe Fidel Castro y del General de Ejército Raúl Castro, es la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Ley SSAN), que también recibe un impulso especial del Presidente Miguel Díaz-Canel.
Tras su aprobación el 14 de mayo último por la Asamblea Nacional del Poder Popular y su publicación en la Gaceta Oficial Ordinaria el 28 de julio, la Ley 148/2022 entrará en vigor el 28 de octubre, no sin antes desarrollarse a todas las instancias acciones de capacitación y sensibilización de los actores responsabilizados con su implementación y de quienes la ejecutarán en los territorios.
Una simple mirada a los enormes desafíos y problemas que en estas seis décadas del proceso revolucionario Cuba ha enfrentado en toda la cadena alimentaria, desde la producción, la distribución, la comercialización y el consumo, más las serias limitaciones financieras, la dependencia del mercado externo, y el impacto de un criminal bloqueo, de crisis económicas mundiales y de frecuentes eventos meteorológicos, justificaban desde hace tiempo contar una legislación como esa: amplia, abarcadora, moderna e integral.
MÁS OPORTUNA NO PODRÍA SER
En momentos que a nivel internacional crecen los precios de los alimentos e insumos, a consecuencia de la pandemia, y se recrudece la criminal guerra económica del gobierno de Estados Unidos contra el país, no queda otra alternativa que acabar de transformar la agricultura –y la mente de muchos compatriotas- acorde con los retos de hoy y de mañana, y de nuestras condiciones y potencialidades endógenas.
Tampoco podemos olvidar que fenómenos internos como las migraciones del campo hacia las ciudades y el envejecimiento poblacional influyen en la disminución de la fuerza de trabajo, lo cual hace necesario ser más eficiente en la producción.
Soberanía alimentaria es la capacidad de la nación para producir alimentos de forma sostenible y dar acceso a toda la población a una alimentación suficiente, diversa, balanceada, nutritiva, inocua y saludable, reduciendo la dependencia de medios e insumos externos, por lo que es un asunto de seguridad nacional, mucho más cuando el imperio del norte ha pretendido rendirnos por hambre y obstaculiza el comercio con Cuba.
No por gusto la Constitución de la República en su artículos 77 y 78 establece que todas las personas tienen derecho a la alimentación sana y adecuada y a consumir bienes y servicios de calidad, que no atenten contra su salud. También, a acceder a información precisa y verás sobre estos, así como a recibir un trato equitativo y digno de conformidad con la ley.
Igualmente, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible persigue poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, y promover la agricultura sostenible como premisa para alcanzar la sostenibilidad económica, social y ambiental.
Con tales antecedentes, no los únicos, contamos con una Ley SSAN muy aterrizada a la realidad cubana, fruto de los aportes e ideas de productores, científicos, académicos, funcionarios y especialistas de diversas ramas, y de las mejores experiencias internacionales.
Recordemos que antes de su aprobación, un amplio proceso de consultas -y de análisis en los territorios y en el seno de la Asamblea Nacional del Poder Popular—, perfiló el proyecto de norma que regulará de manera conjunta los planes que realiza el país, para garantizar la alimentación de la población.
Vale destacar también la asistencia técnica y logística del Proyecto de Colaboración Fortalecimiento de Políticas Públicas para la Seguridad Alimentaria Sostenible en Cuba (POSAS), cuyo implementador es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), con fondos provenientes de la Unión Europea.
- Consulte además: FAO y Cuba, cooperación por la soberanía alimentaria
LA LEY POR SI SOLA NO DARÁ ALIMENTOS PERO…
Dada la ausencia de normativas relacionadas con la materia en el ordenamiento cubano, la novedosa ley da soporte técnico y legal al Plan de Soberanía Alimentaria, aprobado en julio de 2020 por el Consejo de Ministros, con el objetivo de lograr sistemas alimentarios locales y sostenibles. Es decir, dentro la mencionada legislación están todos los componentes estratégicos de este plan y ella le da la fuerza de obligaciones y derechos, es su instrumentación jurídica.
Como ha subrayado Mayra Cruz Legón, directora jurídica del Ministerio de la Agricultura, la Ley por sí sola no dará alimentos, pero sí contribuirá a la estabilidad, disponibilidad y acceso a estos, pues reordenará los procesos para facilitar su producción, transformación y comercialización.
En no pocos escenarios la funcionaria ha destacado entre las novedades presentes en el texto el establecer un sistema de educación nacional que se basa en las buenas prácticas alimentarias, el fortalecer la autonomía municipal, y el promover la práctica de la agricultura sostenible sobre las bases agroecológicas.
Por si fuera poco, alertó que en Cuba se pierden y desperdician alimentos en las etapas de producción, transformación, comercialización y consumo de estos, lo cual influye en la cantidad y calidad de los destinados al consumo humano. Por tales motivos se aborda este particular en la nueva normativa, para así contribuir a la satisfacción de la demanda alimentaria de las personas, a la protección del medio ambiente y, en general, a la mejora de la economía cubana.
Además, con su implementación se prevé la disminución de importaciones de alimentos, materias primas e insumos, y garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos.
En la propia ley se definen las responsabilidades de los organismos de la Administración Central del Estado, de los órganos locales del Poder Popular y de los actores de los sistemas alimentarios locales, en relación con la soberanía y seguridad alimentarias y nutricional y el derecho a la alimentación, pues ello no solo atañe al Ministerio de la Agricultura.
Se promueve los enfoques de cadena de valor y la producción de alimentos con la movilización de los recursos existentes en el municipio, y se establecen las cuestiones a tener en cuenta por los actores de los sistemas alimentarios locales para lograrlo, con la incorporación del rol del comercio exterior y la inversión extranjera en ese sector.
VITAL LA CAPACITACION Y SENSIBILIZACION DE LOS ACTORES
Pero la oportuna capacitación y coherente comunicación a los actores responsabilizados con la implementación de la ley, desde productores, especialistas y funcionarios de los órganos locales de gobierno y del sistema de la agricultura, con especial énfasis en el papel de las mujeres y los jóvenes, constituye un pilar esencial para el logro de las metas que el plan SAN persigue.
Precisamente desde principios de septiembre se desarrollan a nivel de organismos e instituciones nacionales, de provincias y municipios los llamados talleres de formación de capacidades, dirigidos a la capacitación y sensibilización alrededor de una legislación que entrará en vigor el 28 de octubre.
Por su importancia estratégica merece el monitoreo y evaluación permanentes, hacer públicos sus resultados, estimular a quienes desde el surco, la granja o cualquier espacio urbano y rural tienen conciencia de lo que está en juego, y han tomado la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria y nutricional como un asunto que atañe a todo cubano, y no solo al Estado.
Geidy María Cabrera Montalvo
14/6/23 16:13
Buenos días. Excelente artículo, lo socializaré con mi aspirante de tesis para que lo estudie en función de tomarlo como una importante referencia bibliográfica en su investigación como Ingeniero agrícola. Agradecida. Felicidades a Fidel Benito. Necesito comunicarme con usted. Mis respetos saludos cordiales. A penas entro a facebook, si puede ser vía correo electrónico.
Otto Manuel Andérez Ramos
20/9/22 10:07
Muy bueno. Felicidades!!!!
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