Que la trata no sea un problema social

Durante 2015 nuestros tribunales celebraron 52 causas por el delito de proxenetismo y 90 por corrupción de menores. Diez de los expedientes reunían rasgos de trata de personas, según recoge un informe de 2016, hecho por las autoridades cubanas, sobre el enfrentamiento jurídico-penal a la trata de personas y otros delitos relacionados con la explotación o con el abuso sexual.

No es una cifra alarmante si tomamos en cuenta que en el continente los países tienen un promedio de 200 o 300 casos denunciados, no obstante, se reclama mayor percepción del riesgo porque, por muy pocos que sean los casos y nulas que sean aquí las mafias, también tenemos esos grupos que en todo el mundo son más vulnerables: las mujeres, los niños y los migrantes irregulares, como apuntó el trabajo Corazones limpios, pero ojos abiertos, publicado en Juventud Rebelde, el 8 de abril último.

Es esa una de las muchas razones que llevaron al Consejo de Estado a aprobar el Plan de Acción Nacional para la prevención y el enfrentamiento a la trata de personas y la protección a las víctimas para el período 2017-2020. Publicado en la Gaceta Oficial No. 33 Extraordinaria, del 2 de agosto, el cual “toma en cuenta los avances alcanzados, los problemas no resueltos y los retos emergentes, y se nutre de experiencias obtenidas por la aplicación de otros planes de índole similar”.

El texto reconoce que “en correspondencia con el comportamiento de dicha manifestación delictiva a nivel internacional, se aprecian nuevas y mayores complejidades en el accionar de la delincuencia doméstica o extranjera que incide en el país, lo que impone retos a las labores de prevención, enfrentamiento y protección a las víctimas, sin que exista la adecuada percepción del riesgo sobre este fenómeno y sus formas de manifestación, particularmente la trata con carácter internacional”.

Recordemos que actualmente nuestro Gobierno mantiene una política de tolerancia cero ante este fenómeno. Cuba es Estado parte de numerosos instrumentos jurídicos internacionales relacionados directa o indirectamente con la trata de personas, y coopera en el área internacional en su aplicación. Asimismo, dispone de un conjunto de normas legales nacionales que también permiten un enfrentamiento adecuado a este delito.

Otras de las fortalezas de nuestro país para concebir este Plan son los logros en materia de asistencia social y seguridad ciudadana. En Cuba no existe la delincuencia organizada ni operan bandas criminales internacionales, comentó Antonio Israel Ybarra Suárez, asesor de la ministra de Justicia, al presentar el Plan ante los integrantes de la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su sesión del pasado mes.

“En ello también debemos destacar que el cien por ciento de nuestros niños nacen en hospitales y su inscripción se realiza en el propio centro asistencial, la salud pública es universal y gratuita al igual que la educación, lo que garantiza en este último caso altos niveles de instrucción. Igualmente, la posibilidad que tienen nuestros ciudadanos de disfrutar de la cultura, el deporte y la recreación”, dijo.

CARÁCTER PARTICIPATIVO

Seis objetivos tiene el Plan: el fortalecimiento de la prevención y detección de la trata, la protección y asistencia a las víctimas de la trata de personas, la obtención, procesamiento y divulgación de información fiable sobre la trata de personas, el enfrentamiento activo a los tratantes y sus cómplices, la coordinación y cooperación entre las instituciones estatales, la sociedad civil y las comunidades, así como la promoción de la cooperación internacional.

Su elaboración tuvo carácter participativo. Para ello se creó un grupo multisectorial, interinstitucional y multidisciplinario, al cual se integraron representantes de organismos, órganos, organizaciones y entidades, coordinados por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex). Una vez confeccionado el Plan, se consultó y validó, con vistas a su aprobación por las entidades superiores del Estado y el Gobierno.

Igualmente, antes fue aprobado por Acuerdo No. 8096 A, de 23 de febrero de 2017, del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. Todo eso —como se señala en el texto— asegura su implementación y cumplimiento efectivo. Además es prueba del empeño del Gobierno en cumplir con el Protocolo de Palermo, que se encarga de prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y del que nuestro país es miembro.

Al Ministerio de Justicia le corresponde actuar como autoridad central encargada de la coordinación y ejecución del Plan. También regulará las acciones que impliquen un componente internacional, excepto en los procesos de diálogo y cooperación bilateral y las labores de los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas, que continuarán bajo la coordinación del Minrex.

El Plan —que tiene un grupo de ejes transversales que garantizan su concepción integradora— se nutre de las experiencias alcanzadas con el Plan de Acción Nacional para la Infancia, la Adolescencia y sus Familias, de carácter multisectorial, vigente hasta 2020, y el Plan de Acción Nacional de Seguimiento a la IV Conferencia Mundial de la Mujer.

También tiene en cuenta el proceso de conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista, el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030 y compromisos internacionales, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y se apoya, además, en otros planes, políticas, programas y acciones de varios órganos y organismos de la Administración Central del Estado y organizaciones de la sociedad civil.

Como afirmó Maria Grazia Giammarinaro, relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos de las víctimas de trata de personas, especialmente mujeres y niños —quien visitó recientemente nuestro país y conoció en detalles el Plan—, el verdadero reto será la implementación de sus medidas. Solo así, Cuba podrá impedir que la trata no se convierta en un problema social ni que incrementen sus bajos números, en un delito que no tiene fronteras.