Con todo el peso de la ley

Que hasta hace poco ya se hayan iniciado 18 procesos penales por hechos vandálicos contra tiendas minoristas tras el paso del huracán Irma es muestra de que en Cuba personas inescrupulosas no podrán poner en entredicho la legalidad, el orden y la institucionalidad del país.

Como se ha visto a través de los videos en las redes sociales, no pocas personas insensibles entraron a esas entidades y tomaron artículos que pertenecen al Estado, alegando que estaban en el agua. Pero no solo ellos son los acusados, como explicaron recientemente autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR), en los hechos también están implicados funcionarios que tenían el deber de cuidar los bienes y oportunamente no los resguardaron.

Ante las circunstancias descritas y otras que puedan darse en la etapa recuperativa, a sus implicados se le aplicará una política penal de severidad. No se trata de un proceso nuevo ni de cambios al Código Penal, sino de aplicar las sanciones que establece nuestra norma jurídica. No olvidemos que el país cuenta una serie de herramientas legales para mantener el orden, la disciplina y la tranquilidad ciudadana.

Con tal premisa debe actuarse en esta hora crucial, pues al decir de la Fiscalía han existido sustracciones, desobediencia, actividad económica ilícita y apropiación indebida de bienes. Asimismo, se han dado delitos de hurto, robo con fuerza y violencia, malversación, entre otros.

En ninguna de las fases decretadas por la Defensa Civil cuando pasa un ciclón por Cuba se pueden cometer delitos como los ya mencionados, u otros contra la propiedad social, o la autoridad, y en correspondencia con ello se actúa, aseguró Dixán Fuentes Guzmán, fiscal jefe de La Habana, quién añadió que “nadie, absolutamente nadie, puede apropiarse o adueñarse de lo que no le pertenece.

”Aunque se ha dispuesto una política penal de severidad, al evaluar los casos se parte de la individualización, teniendo en cuenta las circunstancias personales de los infractores, la edad, y si existen o no antecedentes penales, así como las características del hecho y sus consecuencias, siempre velando por el debido proceso y el cumplimiento de sus garantías y derechos”, destacó.

Agregó que se ha tomado la decisión de adoptar medidas cautelares, especialmente la prisión provisional, hasta la presentación al tribunal de los ciudadanos implicados en los hechos. Igualmente, dijo, hemos dispuesto la solicitud de sanciones de privación de libertad en los casos de mayor gravedad, así como de sanciones accesorias de decomiso y confiscación de los productos que sean ocupados y la prohibición de frecuentar medios o lugares determinados.

Hay que ser consecuente con las medidas propuestas ante quienes cometen indisciplinas sociales o violan lo establecido legalmente. Recordemos, como ha declarado la Fiscalía, que hay a quienes les cobraron un CUC por recargar su celular en un policlínico y hasta en una panadería, o revendedores que empezaron a especular con los precios de los productos alimenticios, así como otros inescrupulosos que originaron desórdenes y hasta desobedecieron a las autoridades.

Según la Fiscal Alina Montesinos Li, jefa de la Dirección de Información y Análisis de la FGR, en todos los casos mencionados se actuó —como es premisa de la Fiscalía— a partir de la formulación de una denuncia y junto a los órganos de investigación del Ministerio del Interior. “En todos los casos en los que se ha formulado la denuncia se han iniciado las investigaciones y los acusados serán presentados en los tribunales como corresponden.

”Reiteramos a la población que las denuncias no solo se formulan en la Policía Nacional Revolucionaria, sino que pueden utilizar las diferentes vías que tiene nuestra entidad, incluyendo la línea única telefónica. Hasta la fecha hemos recibido 71 planteamientos vinculados a los temas del huracán”, detalló.

Para aquellos transgresores que piensan hacer de las suyas durante este tipo de fenómeno natural, hay que dejarles claro que se han reforzado las verificaciones fiscales, cuyo objetivo es velar por el cumplimiento de la legalidad. Para hacer realidad esa premisa se desarrollan visitas a comunidades situadas en zonas apartadas y de difícil acceso, para facilitar el intercambio con los ciudadanos, hogares de niños sin amparo familiar, hogares de ancianos y en general a los centros donde se encuentran sectores más vulnerables necesitados de protección.

De igual modo, se supervisan las actividades que se desarrollan en los centros de producción y comercialización de alimentos y otros productos que garantizan la fase de recuperación, incluido los productos agrícolas, protegiendo los derechos de los consumidores y evitando el desvío de los recursos destinados al pueblo.

Al decir de Montesinos Li, la Fiscalía ha estado también en los centros de recepción de desechos sólidos chequeando esta actividad y velando por el control del combustible. Igualmente, prestan especial atención a los hechos delictivos que afectan al sistema electroenergético nacional, la producción y comercialización de alimentos, la telefonía y el transporte público.

Como ratificó Fuentes Guzmán, el enfrentamiento penal se hace de forma ágil, y en coordinación con los órganos del Ministerio del Interior y los tribunales populares. “En toda esta situación se mantiene un principio importante: garantizar que no exista impunidad y que se ofrezca en cada caso la respuesta que corresponde, en el orden administrativo o penal, ante la comisión de indisciplinas sociales o hechos delictivos”.