Venezuela se defiende

Conciencia hay de que 2017 será otro año con dificultades de tipo diverso en Venezuela, una nación de unos 30 millones de habitantes en la que se libra desde hace 17 años un enfrentamiento hasta ahora irreconciliable entre la Revolución Bolivariana y la contrarrevolución de derecha, que se hizo sentir, otra vez, en la primera semana de este mes.

La delicada situación política y socioeconómica venezolana busca definiciones con diferentes principios en los dos bandos. Uno, el contrarrevolucionario, pretende el derrocamiento del gobierno, incluso con violencia; el otro, mantener la Revolución, aun a costa de grandes sacrificios del pueblo.

Sería absurdo que los revolucionarios venezolanos se declaren absolutos optimistas respecto a los próximos meses, pero tampoco ceden paso al pesimismo, más aun si se toma en cuenta que hay una mayoría mínima de la población que respalda al gobierno presidido por Nicolás Maduro, continuador de las ideas del fallecido líder revolucionario Hugo Chávez, quien busca las mejores maneras de fortalecer el proceso político; y al que la oposición interna no ha podido, a pesar del apoyo externo, derrocarlo y restablecer el capitalismo neoliberal, dada su dispersión y carencia de un programa político.

Está claro que la oposición de derecha, representada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), muestra fisuras en su interior, pero mantiene dos frentes importantes: una Asamblea Nacional (AN) que la respalda aunque está declarada en desacato y en la que posee mayoría, y el apoyo externo, principalmente de Estados Unidos, para mantener una guerra sucia en distintos flancos, dirigidos a desestabilizar  la nación, molestar a la población, y derrocar al ejecutivo chavista.

A pesar de la posición conciliadora del presidente Nicolás Maduro y su equipo —postura criticada en algunos círculos políticos dentro y fuera de Venezuela— con los dirigentes derechistas, que incluso usan la violencia armada contra el pueblo revolucionario, la realidad demuestra que la oposición está poco interesada en el llamado diálogo nacional para encontrar caminos conjuntos hacia la paz interna.

El próximo día 13 está prevista una (otra) cita de diálogo, pero desde el pasado 24 de diciembre la oposición avisó que no hay condiciones para retomarlo, en carta enviada al secretario de Estado del Papa Francisco, quien es uno de los actores internacionales junto a tres expresidentes convocados por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para cerrar el paso al conflicto interno.

Aunque se escuda en distintas excusas, la realidad indica que la derecha carece de proyectos e ideas para enfrentarse a los delegados oficialistas que ofrecen variantes posibles para la reconciliación. La oposición ha impuesto condiciones para sentarse a conversar, y el gobierno ha cumplido, pero —siempre ponen un pero— los contrarrevolucionarios quieren más. Es un chantaje político al que el gobierno siempre no podrá acceder. Por ejemplo, en uno de los acuerdos adoptados en sesiones previas solicitaron “la liberación de los presos políticos, el establecimiento del canal humanitario que permita al país la entrada de medicinas y alimentos” que, valga recordar, estos últimos son acaparados por empresarios y contrarios al sistema.

El pasado mes, el gobierno acordó un plan con Naciones Unidas (ONU) para la adquisición de medicamentos, y liberó a siete políticos presos, además de otros 12 antes del inicio del diálogo, pero aunque las dos medidas fueron calificadas de positivas por los opositores hicieron hincapié en que deben salir también de la cárcel otras 126 personas, incluso, comprometidas con planes subversivos y violencia callejera con saldo de decenas de muertos y heridos en el 2014.

CIERRE AL PASO

La dirección política venezolana ha adoptado otras medidas de suma importancia. Una de ellas es devolver al Partido Socialista Unido de Venezuela, el mayor del país, su capacidad movilizadora para respaldar en las calles al movimiento chavista y situarlo como uno de los elementos impulsores de la recuperación económica.

La otra providencia esta primera semana de año fue el movimiento del gabinete ministerial, en el que fueron sustituidos 10 de los 28 ministros, incluido el vicepresidente, para el que fue designado Tareck El Aissami, hasta ahora gobernador del Estado Aragua.

Los nuevos titulares deben dinamizar las acciones internas del gobierno, que estará en el Palacio de Miraflores oficialmente hasta el 2019, y fortalecer los planes para la recuperación económica y la seguridad nacional.

Cada uno de los titulares reemplazados tiene otras funciones oficiales, por lo que los cambios no responden a mal trabajo —como afirman voceros contrarrevolucionarios—, sino a la necesidad de afincarse más en los propósitos en los dos últimos años del gobierno de Maduro.

En su decisión de continuar el camino del chavismo, el ejecutivo también adoptó varias medidas para contrarrestar los ataques de la guerra sucia, entre ellos la venta en moneda extranjera de la gasolina en zonas fronterizas, a fin de evitar el acaparamiento, el lavado de dinero y otros delitos que se cometen en esas zonas para perjudicar la economía venezolana.

La estrategia estadounidense, nada nueva, busca balcanizar a Venezuela con la agudización de conflictos en las zonas fronterizas: con Colombia, en el Estado Zulia y la región andina; con Brasil y Guyana, por el Estado Bolívar, donde se encuentran las mayores riquezas de la nación suramericana. En la táctica empleada por Washington se busca crear el caos en las ciudades fronterizas y el gobierno colombiano festeja públicamente su acuerdo con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), lo cual podría sustentar la injerencia de ese órgano militar en Venezuela por “razones humanitarias”.

El oficialismo espera un mejoramiento económico a partir del segundo semestre de este año, basado en la estabilidad de los precios del petróleo, situados en sus niveles más bajos en los dos últimos años, lo cual resultó fatal para esa nación exportadora del crudo; y también el fortalecimiento de los Comités Locales de Abastecimientos y Productos (CLAP).

Los CLAP, creados el pasado año, constituyen “una nueva forma de organización popular, encargada, junto al Ministerio de Alimentación, de la distribución casa por casa de los productos regulados de primera necesidad”, indicó una nota de Venezolana de Televisión.

Según Maduro, con los CLAP “…vamos a una revolución del sistema distributivo, que es donde tenemos penetrado al capitalismo parasitario, bachaquero, (revendedor N.R.) especulador y criminal”.

El pasado domingo, en su programa “En contacto con Maduro”, el mandatario informó sobre el aumento del 50 % del salario mínimo, que también favorecerá el pago de pensiones y las escalas de la administración pública.

A partir de este mes, el incremento elevará a 40 358 bolívares la entrada mínima mensual de los beneficiados. El salario mínimo integral, que suma el valor de la cesta ticket (63 720 bolívares) se ubica ahora en 104 358 bolívares, comentó el mandatario.

El jefe del gobierno apreció que “…esta defensa de ingreso del salario de los trabajadores es para equilibrarlo mientras haya esta guerra; seguiremos una política audaz, justa, necesaria, para buscar una armonía, un equilibrio, de empleo e ingresos”, para desacelerar la inflación inducida contra los venezolanos. Este es el aumento salarial número 35 en 17 años de chavismo. Confirmó que el nuevo ajuste salarial abarcará también todas las escalas de trabajadores públicos, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuerpos de la policía, médicos y personal de la salud.

ELECCIONES EN LA PUERTA

Este año tendrán lugar, en el segundo semestre, los comicios para elegir los alcaldes de los 335 municipios del país, lo que seguramente constituirá otra batalla entre las dos grandes fuerzas políticas enfrentadas en Venezuela.

Estas serán las novenas elecciones a ese nivel desde 1979, indicó en octubre pasado la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) Tibisay Lucena.

Mientras, la AN eligió su nueva directiva, presidida por Julio Borges, un abogado de bajo perfil graduado en Oxford, el que comenzó su mandato con un discurso menos agresivo, lo cual no significa reconciliador, que el de su predecesor Henry Ramos Allup.

Borges, sin renunciar al derrocamiento del gobierno, en lo que hasta ahora la AN fracasó de manera rotunda, afirmó el pasado domingo que la Junta Directiva parlamentaria “está dispuesta a revisar las normas para impedir que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) nos siga llamando un poder fuera de la Constitución”.

El TSJ declaró a la AN en desacato —por tanto sus regulaciones aprobadas carecen de valor— ante la juramentación de tres diputados del Amazonas a los que había denegado su escaño debido a las comprobadas denuncias de fraude en las elecciones del 6 de diciembre del 2015.

En declaraciones al canal de noticias Globovisión, Borges precisó lo que algunos medios catalogan de “medida inteligente”, al tratar de que el órgano legislativo “recobre su autonomía, pero no permitiremos estar sometidos a los poderes que nos quieren imponer”.

Así, grosso modo, se dibuja el panorama venezolano, donde fuerzas políticas hasta ahora irreconciliables buscan la consolidación de sus posiciones. Una, la derecha, para destruir más de una década y media de justicia social; otra, para evitar el retorno a la destrucción de un país con enormes riquezas naturales, entre ellas el codiciado petróleo por Estados Unidos.