Varios gobiernos de América Latina pisotean derechos humanos

Los teóricos del sistema capitalista poseen una estrecha visión sobre el tema de los derechos humanos, que restringen a las manidas expresiones de la libertad de prensa y de expresión, en una lista que olvida, sin embargo, la cobertura de las necesidades primarias de la humanidad.

El cumplimiento de los acápites que permitirían a una gran masa de población humilde tener acceso a elementales servicios, como la educación, la salud y el respeto por la vida, varían de país en país en el conglomerado latinoamericano.

En los últimos años, a partir del resurgimiento de gobiernos derechistas en América Latina, las conquistas de sus antecesores progresistas o revolucionarios no sobrevivieron a la nueva carga del neoliberalismo en la región. En Brasil, por ejemplo, 28 millones de personas dejaron atrás la pobreza gracias a los programas sociales implantados por el gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva.

En naciones como México y Colombia el derecho a la vida es violado de manera continua.

Colombia, donde se firmó en 2016 un Acuerdo de Paz con las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, más de 700 activistas sociales y miembros de esa fuerza subversiva, además de periodistas, han sido asesinados desde esa fecha.

En México, próximo a unas elecciones presidenciales que mantiene esperanzado a un alto porciento de la población, la violencia aumentó en todos los Estados. La cifra de homicidios asciende a 42 583 anuales (2017), es decir unos 117 diarios, la más alta de la historia. Varios candidatos municipales fueron desaparecidos o exterminados a balazos.

A ese cuadro se une las desapariciones forzosas —recuérdense los 43 estudiantes de magisterio raptados en 2016 sin noticias hasta ahora y los tres cineastas disueltos en ácido hace pocos días— obra de bandas paramilitares y de narcotraficantes que realizan ejecuciones extraoficiales.

Ejemplos hay muchos. Las matanzas de activistas sociales en Honduras y Guatemala, los presos políticos y la desaparición forzada del joven Santiago Maldonado, en Argentina, forman parte del cotidiano luego de la reversión a la derecha de gobiernos de inclusión que sí respetaban a la ciudadanía.

Uno de los sectores más vulnerables respecto a sus derechos es el femenino. Ser mujer en Latinoamérica es un grave peligro en la mayoría de las naciones de esa región.

Un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentado a fines del pasado año reveló que esta es la zona del mundo con mayores índices de violencia contra las féminas.

La ONU asegura que los niveles de terror son inaceptables ya que “presenta la tasa mayor de violencia sexual fuera de la pareja del mundo y la segunda tasa mayor por parte de la pareja o expareja”.

La organización mundial aseguró que “cada día mueren en promedio al menos 12 latinoamericanas y caribeñas por el solo hecho de ser mujer”, además de las que son violadas, o discriminadas en sus centros de trabajo, donde perciben menos salarios que los hombres. Son El Salvador y Honduras los países con mayores índices de feminicidios.

En varias naciones de Latinoamérica, las mujeres no tienen la posibilidad de tener el control sobre su cuerpo. Seis de los siete países que hoy mantienen la prohibición absoluta del aborto son República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Surinam.

La discriminación hacia las mujeres homosexuales también es notable en esta región donde predomina el machismo. Muchas de ellas ocultan su sexualidad por temor a ser rechazadas, agredidas o asesinadas.

LA IMPUNIDAD RECORRE LATINOAMÉRICA

La impunidad es un fantasma que recorre la región, pues los asesinos de los activistas políticos, sociales y ambientalistas, exguerrilleros, mujeres, o son miembros de las fuerzas policiales devenidos paramilitares o pertenecen a bandas mafiosas protegidas por los gobiernos municipales a cambio de una tajada del dinero de la droga.

En Chile la represión oficial adopta ribetes parecidos a los del dictador Augusto Pinochet. Masas de estudiantes y trabajadores que reclaman sus derechos son victimados, heridos, golpeados y detenidos en la vía pública por las llamadas fuerzas del orden. Centenares de jóvenes han sido apresados solo por manifestarse contra la privatización capitalista de la educación.

Otra de las formas que adopta la violación de los derechos ciudadanos se expresa también en la persecución judicial de que son victimas expresidentes de los gobiernos progresistas, como ocurre en Argentina con Cristina Fernández y en Brasil con Luiz Inacio Lula da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores en los comicios de octubre próximo.

Aunque a la senadora Fernández la ha protegido el cargo, contra ella surgieron acusaciones sin fundamento supuestamente sobre hechos ocurridos en sus dos mandatos como jefa de gobierno. Las pruebas presentadas, según la Defensa, carecen de solidez y solo son presunciones.

Al ex presidente ecuatoriano Rafael Correa el sistema de justicia trató de involucrarlo con un dinero utilizado durante su gobierno, mientras a su vicepresidente Jorge Glas, que se declaró inocente, lo condenaron a ocho años de cárcel por un supuesto caso de tráfico de influencias.

El caso más grave es el de Lula da Silva, quien fue condenado sin pruebas a 12 años y un mes de prisión que cumple actualmente en Curitiba, estado de Paraná, tras ser sometido a un juicio amañado en el que el juez federal Sergio Moro lo condenó sin que fuera su jurisdicción.

La estrategia de Estados Unidos, que pretende recobrar el dominio de la región, es apartar mediante formulaciones judiciales a líderes revolucionarios y progresistas para evitar el retorno de la izquierda a cargos importantes, destruyendo las posibilidades de reelección mediante acusaciones falsas apoyadas por el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Estos poderes tienen en los medios derechistas una poderosa base de apoyo con la creación de matrices de opinión desfavorables a los revolucionarios.

Una situación sin precedentes creada en Washington es la guerra económica, con amenazas de intervención militar contra Venezuela, un país que en los últimos 18 años, primero con el fallecido presidente Hugo Chávez Frías y después con Nicolás Maduro, devolvió la dignidad a su pueblo, que por primera vez en su historia brindó a la población pobre la posibilidad de un futuro mejor, luego de crear planes de estudios y salud gratuitos, construcción de viviendas, y una economía sostenible no rentista..

Para eliminar los derechos ciudadanos devueltos a la población venezolana, Washington enfiló sus cañones para adueñarse de ese país y de sus grandes recursos naturales, eliminando, si triunfara y así lo anunciaron, los logros de la Revolución Bolivariana para desterrar la desigualdad social.

A los venezolanos, que en su mayoría respaldan al presidente Maduro, les han quitado su legítimo derecho a la adquisición de alimentos, medicamentos y otros artículos de primera necesidad, lo cual forma parte de la guerra económica, fortalecida luego de que Trump dictara un bloqueo petrolero al país que posee las mayores reservas de crudo en América Latina, y es el quinto exportador a nivel mundial.

O sea, que el líder del capitalismo mundial, mediante leyes, decretos y regulaciones asume el papel de gendarme mundial, sin importarle las opiniones —que es también un derecho— del pueblo venezolano, aun cuando Estados Unidos posee una extensa lista de violaciones contra su ciudadanía, en especial los negros.

LA POBREZA, MADRE DE TODOS LOS MALES

Cuba, la pequeña isla caribeña acosada por el bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos desde hace más de medio siglo, es una excepción en el panorama latinoamericano. En sus 60 años de Revolución, aun sin contar con recursos naturales importantes, el gobierno cubano mantiene sus programas sociales, siempre en proceso de renovación y mejoras.

Aun cuando hay personas pobres en el país, la Seguridad Social garantiza para ellas sus derechos a la vivienda, alimentación, ropa, salud y entretenimientos mediante espacios estatales creados con ese fin.

En Cuba, donde no hay analfabetismo desde 1961, la educación es gratuita en todos los niveles de enseñanza, además de la salud pública. La mortalidad infantil es la más baja de América Latina, con 4 por cada mil nacidos vivos.

Todos los estudiantes tienen garantizado empleo cuando terminan sus carreras, bien sean universitarias o de técnicos medios u otras especialidades.

Sin embargo, las cifras y las situaciones cambian cuando se observan las cifras de otros países.

En un análisis globalizado, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advirtió que en 2017 en América Latina había 190 millones de pobres, alrededor de un 30 % de una cifra total de 600 millones de habitantes.

Ese organismo también estimó que en el caso de los jóvenes de 15 a 29 años eran afectados por el flagelo 31,1 % y 9.5 %, respectivamente.

También los menores de edad son muy afectados. Según la UNICEF, hay 70 millones de niños pobres y más de 28 millones bajo pobreza extrema, los que los obliga a mendigar o realizar trabajos de adultos por cifras miserables.

De acuerdo con Unicef, cada año mueren 200 000 niños menores de cinco años en Latinoamérica, donde el lugar y condiciones al nacer definen la probabilidad de supervivencia y desarrollo debido a la inequidad entre y dentro de los países.

En su informe “Reducir las diferencias: el poder de invertir en los niños más pobres”, la experta Luisa Brumana, asesora en Salud de Unicef para América Latina y El Caribe afirmó que “claramente tenemos una región desigual, con marcada inequidad para madres y niños en sus propios países”.