Sobre una caldera

Hay razones para asumir, o al menos tomar seriamente en cuenta, los argumentos de aquellos que aseguran que la recién abortada asonada militar en Turquía es un claro indicativo de la división política que reina en esa nación, una de las puertas geográficas claves entre Europa y Asia.

Quienes sostienen ese punto de vista llaman la atención sobre el hecho de que los sucesos de este julio, nada incruentos por cierto (cientos de muertos y miles de detenidos), no solo han permitido al presidente Recep Tayyip Erdogan colocar tras las rejas a infinidad de uniformados, jueces, fiscales y funcionarios sospechosos, sino además intentar descreditar a algunos de sus más significativos oponentes, incluso radicados en el exterior.

Según el analista ruso Maxim Usin, las claves están en “el serio conflicto ideológico que enfrenta al ejército turco, considerado como el garante de un Estado laico, y al gobierno actual, de carácter islámico”, y cuyo desempeño ha estado dirigido precisamente a acrecentar el poder de esa doctrina por sobre “los principios seculares de Kemal Ataturk, considerado el padre de la Turquía moderna”.

Un proceso que ha supuesto la acción represiva contra quienes no lo comparten, entre ellos elementos castrenses, representantes de la prensa, funcionarios de diferentes niveles, miembros del poder judicial,intelectuales, y aquella parte de la población que no se ha sumado a la corriente oficial.

A tono con otro experto, el vicepresidente del Centro de Tecnologías Políticas ruso, Alexey Markarkin, “los militares turcos buscaron con esta sublevación reconquistar su papel regulador de la política interior, ya que unas decenas de generales y oficiales superiores habían sido presionados y perseguidos por el gobierno de Erdogan”.

Para los opositores, además, el presidente en funciones ha sido responsable del reinicio de las incómodas hostilidades bélicas en el Kurdistán turco, y de una política de intolerancia regional que aisla a Ankara en su propio contexto geográfico y que incluye su larga y riesgosa alianza con grupos terroristas extremos como los que actúan contra Siria e Iraq (desde Al Qaeda y Al Nusra, hasta el Estado Islámico).

Por otro lado, todavía está pendiente la aceptación del país otomano como miembro pleno de la Unión Europea, aún cuando el Viejo Continente no se limite al pagarle fuertes sumas a Ankara para que actúe de gendarme y patio de desahogo ante la ola de inmigrantes de Asia Central y Oriente Medio que pretenden refugio en Occidente.

De manera que existen hechos concretos que aportan a favor de la tesis de que los violentos sucesos de los últimos días en suelo turco tienen una génesis muy propia y obedecen a distanciamientos político-ideológicos en una sociedad donde la polarización parecería estar a la orden del día.

El presidente Erdogan ha promovido además la tesis de que el derrotado golpe castrense (que habló inicialmente de rescate de la constitucionalidad y lucha contra la corrupción) tiene raíces externas, y señaló como su gestor al clérigo musulmán Fetullah Gulen, dirigente del grupo Hizmet (Servicio), que se pronuncia por un islamismo moderado, y que siendo aliado del actual mandatario en el inicio de su administración,optó por criticar la “intolerancia y la violencia oficial” y se refugió en los Estados Unidos desde 1999 sin abandonar sus actividades de propaganda.

No obstante, según rezan las informaciones, no pocos grupos políticos turcos de diferentes tendencias expresaron desde los primeros momentos su apoyo al orden democrático y el rechazo a cuanto pueda violentarlo, seguramente impulsados por la historia de asonadas castrenses nada edificantes que ha debido sufrir el país otomano a lo largo de su devenir republicano.

Otros opositores temen que, con el pretexto de garantizar la estabilidad nacional a raíz de los episodios de este julio, el gobierno pretenda acrecentar la represión contra quienes difieran de sus políticas con el propósito de ahondar mucho más la islamización de la sociedad en detrimento de un sistema tolerante y más abierto e integrador.