Semana negra para política brasileña

Cuando el último fuego artificial despida los 31 Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, comienzan días de tensión en el ámbito político brasileño, ya que el 25 de este mes empieza la última fase del golpe de Estado parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff, la que podría terminar con su definitiva destitución.

Es esta la culminación de un proceso taimado, manipulado, coordinado y puesto en marcha con precisión de un reloj por la derecha interna, incapaz, según algunos analistas, de fundamentar un plan tan exacto como el que puso en marcha uno de los políticos más corruptos del país, Eduardo Cunha, hombre de confianza del presidente interino Michel Temer y ex jefe de la Cámara de Diputados.

Estos dos personajes del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), principal aliado del gobierno de Rousseff –el que abandonó en momentos cruciales- conciliaron en la Cámara Baja, ocupada por ladrones y malversadores que compraron sus escaños pagados por la oligarquía a la cual representan en ese ámbito, los primeros pasos para llegar al llamado juicio político, sin pruebas verificadas, contra la Mandataria.

Rousseff, exguerrillera contra la dictadura militar, de probada conciencia política, ejecutora y continuadora de programas sociales implantados por su antecesor Luiz Inacio Lula da Silva, -ambos del Partido de los Trabajadores (PT)- anunció que asumirá su defensa ante el Senado en esta última parte del proceso, iniciado en esa instancia el pasado 12 de mayo, mes en que fue suspendida por 180 días.

Hasta ahora, la Presidenta electa por más de 54 millones de votantes para un segundo mandato en 2014, había dejado su salvaguardia a su abogado y ex ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, quien en un documento de más de 600 páginas insistió en la ilegalidad de la causa, carente, dice, de sustentación jurídica.

De igual manera, la jefa de gobierno anunció el pasado martes en una carta dirigida al pueblo, que si fuera declarada inocente de los cargos no probados que se le imputan, algo que ahora parece imposible, propondrá la realización de un plebiscito para adelantar las elecciones previstas para octubre de 2018.

Aunque cuando el fallo senatorial fuera a su favor, el Congreso Nacional boicotearía los comicios, puesto que ni el PMDB de Temer y Cunha, ni el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) –cara del neoliberalismo en el país- ganarían en buena lid unos comicios presidenciales, tal como ocurrió en los últimos 12 años, cuando fueron derrotados por el PT unido a otras fuerzas de izquierda.

Desde que comenzó este golpe de Estado, la acusada negó los cargos en su contra, referidos a supuestas irregularidades fiscales y en el manejo de los presupuestos, mientras en decenas de ciudades miles de personas se mantienen en las calles para apoyarla y contra el golpe.

En esta arremetida de la derecha brasileña –detrás de la cual se encuentra el interés de Estados Unidos de recolonizar América Latina- Temer y su gobierno interino (solo apoyado por un 15 por ciento de la ciudadanía), pretenden, además, acabar con el PT y con cualquier otro movimiento de izquierda o progresista, en lo que puede considerarse un retorno a una época dictatorial, los llamados años del plomo.

Se estima que el Ejecutivo conformado por este politiquero que siempre ha bailado al compás de la música de los intereses capitalistas, con los medios conservadores a su favor, deberá, si se mantiene hasta 2019, incentivar la privatización de las grandes empresas brasileñas, como la Petrobras, la locomotora estatal de la economía nacional.

Mientras, una nueva denuncia se cierne sobre la Mandataria y Lula da Silva, en el seguimiento de una campaña de desprestigio contra esos líderes populares.

En las últimas horas, y aunque ambos trataron de desembarazarse de la acusación, el Supremo Tribunal Federal de Brasil dijo que ellos, junto a otros exministros obstruyeron el proceso por el caso de corrupción de Petrobras, según petición presentada en mayo por el procurador general de la República, Rodrigo Janot, acogida por el magistrado Teori Zavascki y que solo ahora es aplicada.

En este nuevo intento de involucrar al PT con delitos administrativos también aparecen los exministros Aloizio Mercadante y Cardozo, el senador destituido Delcídio de Amaral y los magistrados del Superior Tribunal de Justica Francisco Falcao y Marcelo Ribeiro Dantas.

Lula no se opone a cualquier investigación legal, con garantías fundamentales, argumentó la defensa del expresidente, en tanto Rousseff negó cualquier relación con esta nueva indicación, ya que su gobierno impulsó la búsqueda de la verdad en el caso de la Petrobras, -la mayor estatal brasileña que ahora Temer pretende privatizar- donde hubo un desvío ilegal de más de ocho mil trescientos millones de dólares.

El caso de corrupción de Petrobras (conocido como Lava Jato (lavadero profundo) involucra a políticos de partidos ahora en el gobierno interino, e incluso del PT.

Para el periodista brasileño Beto Almeida, la derecha está detrás de las acusaciones contra dirigentes petistas para luego pedir la privatización de Petrobras. "Quieren decir, apuntó, que si Petrobras no fuese estatal no pasarían este tipo de cosas. La solución para los problemas de Petrobras, muy lejos de pasar por la privatización, es un mayor control estatal"