Santiago Maldonado, desaparecido; Milagro Sala, presa política…

Mientras el presidente argentino Mauricio Macri apoya el derrocamiento de la Revolución Bolivariana de Venezuela, en su país Milagro Sala espera por ser liberada tras más de un año encarcelada en suspenso, mientras el joven activista Santiago Maldonado se convirtió, el pasado día 1, en el primer desaparecido político en esta etapa de supuesta democracia.

El pueblo argentino no olvida los años del plomo vividos durante la dictadura militar, cuando más de 30 000 muchachas y muchachos cayeron presos y desaparecidos por la fuerza.

La pesadilla vivida bajo los regímenes militares revivió el primer día de este mes cuando Maldonado, de 28 años, participaba en una manifestación pública junto a indígenas mapuches. Detenido por la Gendarmería Nacional (policía de fronteras) no ha aparecido, al menos hasta el cierre de esta nota el día 8.

Ante lo que parece un crimen político, Argentina en pleno se ha lanzado a la calle en busca de este activista social que ejercía su derecho de protesta de manera pacífica.

Testigos dijeron que el joven fue arrestado y golpeado durante un operativo de la policía contra la comunidad de indígenas mapuches Pu Lof, en el departamento de Cushamen, provincia de Chubut.

Mujeres y hombres de ese pueblo originario luchan contra el grupo italiano Benetton, que comenzó la compra de tierras en el sur de Argentina en los años 90 y exigen la libertad de su líder Facundo Jones Huala, anteriormente detenido de manera ilegal por esa causa.

Alrededor de 100 efectivos de Gendarmería ingresaron de manera violenta en el territorio de la comunidad Pu Lof, dispararon balas de plomo y de goma e incendiaron pertenencias de las familias.

Maldonado, residente en El Bolsón, llevaba consigo una mochila pequeña con sus pertenencias y documentos cuando huía de los uniformados junto a otras personas. El muchacho no logró cruzar el río y se refugió bajo un árbol, según cuentan quienes lo acompañaban, que siguieron camino y luego lo vieron quedarse agazapado hasta que lo perdieron de vista.

La última referencia la tuvieron cuando escucharon la voz de dos de los militares que habían logrado reducir a un individuo. “Acá tenemos a uno”, dijo uno de los guardias, mientras otro amenazó con un “estás detenido”. Hasta hoy.

El caso de Maldonado revivió la podredumbre existente en el gobierno federal argentino, que hasta ahora mantiene detenida desde hace más de un año a la activista social Milagro Sala, cuya liberación debía haberse efectuada hace días, por mandato de instituciones internacionales.

Ejemplo de la actuación oficial la brinda Pablo Noceti, defensor de los represores de la dictadura, y ahora jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad. El encabezó personalmente la operación represiva en Esquel y es el principal responsable de los sucesos ocurridos en Cushamen.

Poco antes, este personaje vinculado a antiguos sicarios afirmó en dos entrevistas radiales que “todos los integrantes de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) serán detenidos” y se jactó de que lo haría el gobierno nacional sin la intervención de un juez, que consideró innecesaria.

Autoincriminado en el hecho que mantiene en vilo al pueblo argentino, en una actitud sin precedentes y considerada descabellada, Noceti precisó que las acciones de la RAM son dirigidas por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, y “a gente vinculada al gobierno anterior”, de los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

En un artículo publicado en Página 12, el reconocido periodista Horacio Verbitsky, afirmó que desde el pasado año el Ministerio de Seguridad intenta clasificar a la RAM mapuche como una organización terrorista, pese a un fallo en contrario emitido por la Corte Suprema de Justicia.

Esa instancia rechazó la aplicación de la ley antiterrorista a Martiniano Jones Huala, tío de Facundo, y remitió a la justicia de Chubut la causa por abigeato y usurpación.

Facundo Jones Huala fue detenido el martes 27 de junio, tres horas después de concluida en Santiago la reunión entre Macrì y su colega de Chile, Michelle Bachelet, que solicitaba la extradición de Jones Huala por el incendio de un fundo en aquel país, lo cual fue impedido por la justicia local.

En defensa de ese activista mapuche y de sus históricas razones en defensa de sus tierras en contra de las trasnacionales, es que se encontraba en Esquel el joven activista.

Las voces en defensa de Maldonado se escuchan en un país que no desea retornar a un pasado aún cercano.

La expresidenta Fernández de Kirchner exigió al gobierno federal la aparición de Maldonado, al igual que antes había reclamado la liberación de Sala, indígena de 51 años, madre de 14 hijos, 12 de ellos adoptados, quien es la lideresa del movimiento Barrial Tupac Amaru en la provincia de Jujuy.

A favor del retorno vivo del joven activista también se pronunció el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (ONU), que pidió este lunes al Estado argentino apurar acciones para localizarlo.

Ese organismo de la ONU demandó en un comunicado que el Estado argentino identifique a los responsables de su arresto, objeto de denuncias por parte de familiares y organizaciones de derechos humanos.

Solicitó además que Gendarmería se abstuviese de participar en la búsqueda e investigación del rapto de Maldonado, debido a su implicación en el hecho y pidió la intervención del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, encargado de supervisar el cumplimiento para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas, indicaron medios de prensa..

En una nación conmocionada por la crisis económica y la represión policial contra protestas pacificas de sindicatos y otros movimientos populares, la liberación de Maldonado, sano y salvo, es requerida entre otros por representantes de los pueblos originarios, Centrales Sindicales, la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), Miryam Bregman, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y trabajadores despedidos de PepsiCo, entre otros.

Mientras, la sociedad argentina espera la inminente liberación de Sala, tras la intervención a su favor del Papa Francisco, la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, que incriminó a Macri por su detención arbitraria y forzosa.

Esta mujer es acusada por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, de la misma filiación derechista de Macri, de instigar a manifestaciones públicas en esa provincia, cuando se trata, dada su actitud prepotente, de una venganza personal contra una lideresa barrial que trabajó directamente con los anteriores gobiernos de los Kirchner.

Sala fue presa en enero de 2016, un mes después de la asunción de Macri, en medio de las protestas de los más de 100 000 miembros de la Tupac Amaru, que no dejan las calles en espera de la salida de la cárcel de esta mujer condenada sin pruebas a tres años en suspenso.