Que todo sea por la paz

El proceso de paz en Colombia continúa a ritmo acelerado, aún cuando hay sus escollos, con el inicio de la fase pública de conversaciones el próximo martes entre el gobierno y la segunda fuerza guerrillera activa en esa nación, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), fundado el 4 de abril de 1964 para luchar por la justicia social inexistente en ese país suramericano.

La liberación del excongresista Odín Sánchez esta semana, en manos del ELN desde abril pasado, y el indulto de los combatientes guerrilleros Nixon Arsenio Cobos y Leivis Enrique Valero, presos en la cárcel de Palogordo, Bucaramanga, abrió el camino para comenzar la primera ronda de negociaciones con este importante grupo rebelde, que se llevará a cabo en Ecuador, una de las naciones garantes de una salida negociada al conflicto militar que dura más de medio siglo.

La acción humanitaria, según observadores, formaba parte de las peticiones bilaterales previas al diálogo y, de incumplirse, hubiese alargado el necesario entendimiento a corto plazo, a pesar del pasado borrascoso del excongresista residente en el departamento de Chocó.

Este individuo fue acusado en el proceso judicial conocido como “parapolítico” de mantener vínculos con el exjefe paramilitar Freddy Rendón, jefe del bloque Élmer Cárdenas, en momentos en que las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) apoyaron a quienes deseaban ocupar cargos públicos. Por ese delito, la Corte Suprema de Justicia lo condenó en 2011 a 108 meses de cárcel cumplido en La Picota de Bogotá recordó el diario El Tiempo.

Su hermano Patrocinio Sánchez, exgobernador de Chocó, también fue llevado ante la Corte y penado por peculado culposo a 18 meses de prisión. En 2013 fue secuestrado por el ELN para ser sometido a un juicio político por tales actos delictivos. En poder de la guerrilla, durante dos años y ocho meses, fue intercambiado por razones de salud por Odín, el 3 de abril de 2016, indicaron fuentes colombianas de prensa.

UN PROCESO INCOMPLETO

El proceso de paz colombiano estaría incompleto si el gobierno y el ELN —“también llamados “elenos”— mantuviesen las hostilidades. Mientras, hay avances significativos en la implantación de los acuerdos firmados por el presidente Juan Manuel Santos y Timoleón Jiméndez, jefe de las poderosas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) en noviembre pasado.

Estimaciones periodísticas consideran que hay más de 2000 miembros del ELN en activo, en momentos en que existen algunos fallos en la implementación de los pactos firmados por el gobierno y las FARC-EP.

Por ello se hace imprescindible, teniendo en cuenta las experiencias hasta ahora, luego de seis años de una búsqueda de entendimiento con las FARC-EP, una agenda rigurosa en Quito. Quizás se logre, sin que pierda calidad, un menor tiempo de diálogo y la posterior declaración de cese al fuego definitivo.
Mientras esto no ocurra con el ELN no podrá hablarse de una paz absoluta y duradera en esa nación que durante más de 50 años ha sufrido la guerra y las felonías de los distintos gobiernos, que mataron, torturaron y desaparecieron a revolucionarios y personas inocentes en ciudades y zonas rurales.

Se considera que durante la confrontación en Colombia fallecieron unas 300 000 personas, desaparecieron 60 000 y casi siete millones se vieron forzadas a desplazarse de sus localidades.

Incluso, después del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, organizaciones de derechos humanos denunciaron que al menos 70 líderes campesinos a favor de la paz fueron asesinados, lo que significa que todavía hay elementos interesados en mantener un clima tenso, en especial los llamados Barones de la Guerra y narcotraficantes que viven de las plantaciones de coca en fase de desaparición.

En estos momentos, más de 6300 miembros de las FARC-EP se están moviendo hacia las 23 zonas veredales (aldeas) transitorias desde los llamados puntos transitorios de normalización, los cuales están ubicados, por consentimiento mutuo, en 14 departamentos del país.

Según declaró Santos el pasado día 2, ya hay 4670 guerrilleros ubicados en esos espacios, en algunos de las cuales, según afirman líderes de los grupos rebeldes, carecen de condiciones mínimas de albergue, lo que se considera un incumplimiento del gobierno.

Fuentes de Naciones Unidas, organización encargada de supervisar la implantación del Acuerdo de Paz, indicaron que el desplazamiento desde las zonas operativas comenzó el pasado día 28. El primer contingente fue recibido por líderes de las FARC-EP, autoridades del gobierno y la Misión de la ONU en la localidad de Los Pondores, en el norteño departamento La Guajira.

El Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, afirmó en Los Pondores que en esos campamentos ocurrirá la dejación de armas y la transición de los guerrilleros a la vida civil. Al llegar a esos sitios, cada militante de las FARC-EP debe registrar sus armas, pólvora, granadas y minas antipersonales; las cuales serán destruidas en ese mismo lugar.

La Misión de la ONU tiene bajo su responsabilidad el retiro del armamento, el cual tendrá distintos destinos, entre ellos la transformación en materia prima para la edificación de tres monumentos a la paz en distintas ciudades de América Latina.

En las improvisadas aldeas también se definirán los amnistiados y los indultados por las autoridades, hasta que se les conceda sus células de identificación legales.
Algunos grupos guerrilleros han expresado su inconformidad por la carencia de condiciones para recibirlos.

De acuerdo con el portal Prensa Alternativa Cauca, encabezados por el líder guerrillero Pablo Catatumbo, miembro del Secretariado de las FAR-EP, llegaron a la zona veredal de La Elvira, municipio de Buenos Aires, 246 miembros de esa organización.

Prensa Alternativa Cauca informó que los antiguos soldados de distintos frentes guerrilleros fueron recibidos el pasado día 31 por una población entusiasta que los esperó en la calle —al contrario de lo que dice la prensa conservadora de Colombia—, al igual que ocurrió en la localidad de Argelia, donde varias personas les dieron las gracias por la protección brindada ante la arremetida de los paramilitares durante años.

Esa fuente periodística apuntó que Catatumbo y sus hombres se encontraron que no había condición alguna para vivir. “No hay luz, baños, ni una construcción para guarecerse”, indicó. Solos los esperaban tres máquinas de movimiento de tierras.

Ante la situación, el jefe máximo de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, ordenó que solo 50 personas de su grupo se quedaría allí “…para iniciar la construcción del campamento cuando lleguen los materiales, mientras el resto regresamos a los Puntos de Pre-agrupamiento Temporales en la zona veredal. Es el colmo que no aparezca allí nadie responsable del gobierno nacional”.

Esta denuncia, que se ha repetido en otros puntos de encuentro, es uno de los problemas que deberá resolver el gobierno para que fluya el proceso.

PARAMILITARISMO VIGENTE

De igual manera, el presidente y quien lo suceda, pues a pesar de la prisa este es un largo camino a transitar, debe resolver el grave problema de los grupos paramilitares, responsables de acciones brutales contra la población civil, los cuales permanecen impunes por el momento, al menos. La Comisión Justicia y Paz confirmó en 2015 que 3666 paramilitares reconocidos habían admitido más de 50 000 violaciones de derechos humanos, y de ese alto número solo 33 fueron condenados por la justicia.

Para los guerrilleros, la existencia e impunidad de los paramilitares al servicio de grupos oligárquicos y del narcotráfico constituyen un peligro para sus vidas, pues ya están identificados en las zonas veredales, donde pueden estar infiltrados, incluso, con anuencia de autoridades locales.

La paz en Colombia parece un hecho irreversible, pero aún quedan asuntos por resolver antes de que culmine el proceso de implementación de acuerdos.
Aunque quizás para esa época ya Santos no sea el presidente colombiano, luego de las elecciones del próximo año, y todavía se desconoce quién podría ser su sustituto y qué piensa respecto al proceso de pacificación.