Puerto Rico en crisis

Puerto Rico es una pequeña isla del Caribe que vive, en estos momentos, una época de convulsión debido a su bancarrota económica, el casi inmediato plebiscito para determinar su estatus como nación y el rechazo popular a los recortes presupuestarios, en especial en el área educacional.

Borinquen, tierra de gente brava, cantantes famosos y playas que atraen a millones de turistas cada año, posee cuatro millones de habitantes en un territorio de 9104 kilómetros cuadrados, y la misma cifra de emigrados en Estados Unidos. Su economía depende de la gigantesca nación norteña que desde 1952 asumió la ínsula como Estado Libre Asociado (ELA) sin derecho, empero, al uso de las leyes norteamericanas.

Hace pocas semanas, el gobierno boricua, en manos desde enero pasado del científico Ricardo “Ricky” Roselló (1979), se declaró en bancarrota, al acumular 73 000 millones de dólares de deuda en bonos y casi 50 000 millones en obligaciones de pensiones no financiadas. A la pequeña nación le resulta impagable el mayúsculo débito, que tampoco asumirá su Metrópoli, ya que carece como Estado, al igual que su ciudadanía, de los derechos existentes en Estados Unidos para estos casos.

Roselló anunció el pasado día 3 que trasladaría la crisis de la deuda isleña a un tribunal federal de quiebras para intentar protegerse de sus acreedores norteamericanos, y de inmediato se acogió a una declaración de bancarrota. Ello le permite acogerse al amparo del título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, conocida como Ley Promesa, aprobada por el Congreso norteamericano en 2016, la cual prevé la reestructuración de la deuda pública bajo la supervisión de una junta nombrada en Washington, y que funcionará hasta que el ELA tenga cuatro años consecutivos sin déficit fiscal.

Esta legislación reafirma que Puerto Rico carece de libertad para enfrentar su crisis, ya que por su condición de ELA no puede recurrir a las normas estadounidenses de protección por quiebra estadual.

Para analistas, Roselló debió acogerse a la Ley Promesa al concluir la moratoria que impedía a los acreedores acudir a los tribunales para reclamar el pago de la deuda. Dicha ley fue firmada por el expresidente Barak Obama después de que la isla anunciara su incapacidad para pagar su enorme deuda y solicitara la colaboración de Washington ante la posibilidad de cerrar el gobierno por falta de liquidez.

Para el economista norteamericano Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía 2001, los duros recortes incluidos en el Plan Fiscal de Largo Plazo serán altamente contraproducentes, si el objetivo de las autoridades es mejorar la situación de Puerto Rico.

Stiglitz, profesor en la Universidad de Columbia en Nueva York y uno de los economistas más influyentes del mundo, teme que el plan certificado por la Junta de Supervisión Fiscal aceptado por Rosselló cause una contracción económica superior. En declaraciones al periódico boricua El Nuevo Día recordó que los recortes previstos de entre 2 400 000 y 2 700 000 en tres años tendrán como consecuencia la profundización de la crisis en la isla y enfatizó en que lo realmente importante es cuánta deuda se le perdonará a la isla.

Ex presidente del Concilio de Asesores Económicos del ex presidente demócrata William Clinton, dijo al diario: “Creo que se han enfocado en el asunto equivocado. Pienso que están subestimando tremendamente el efecto adverso en la economía. Debería empezarse por determinar qué tipo de programas van a permitir restablecer el crecimiento económico en Puerto Rico. Una vez que respondieran a esa pregunta, entonces es que deberían plantearse cuánto puede pagarse a los acreedores. Es como si buscaran ver —argumentó— cuánto más podemos exprimirle a Puerto Rico” para pagarle a los acreedores, independientemente de su impacto en la economía.

El prestigioso economista recomendó como primer paso —lo que no hará la Junta— estimular la economía y después reestructurar la deuda. “Parecería —destacó— que no entienden que Puerto Rico está en depresión económica y consideran propuestas que profundizarán el problema”.

La Junta impuso a la isla, hasta ahora, un plan de austeridad, la reforma de la legislación y el reajuste de sus prioridades económicas.

El presidente estadounidense Donald Trump no está convencido —según declaró en las redes sociales, ya que es fanático de Twitter— que es triste el rescate financiero que los demócratas (miembros de su rival Partido Demócrata) están tratando de dar a Puerto Rico “con tus contribuciones”, en alusión a la población norteña.

El economista Gustavo Vélez, en su artículo “Por qué Donald Trump no nos quiere”, plantea que “Puerto Rico no está en la agenda de nadie importante en la capital federal; en ningún lugar de los poderes políticos de nuestro gran protector hay gente diseñando política pública coherente hacia la isla. Así las cosas, en 140 caracteres el presidente más impredecible que ha tenido Estados Unidos dejó saber que Puerto Rico no está ni remotamente dentro de sus prioridades”.

ESTUDIANTES REBELDES

Desde hace más de un mes, los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) están en huelga por tiempo indefinido en protesta por los recortes económicos a esa casa formadora de profesionales.

El movimiento estudiantil de la UPR hizo un llamado a sus compañeros a continuar su lucha por sus reclamos y en rechazo a la criminalización de la manifestación realizada contra la reducción del presupuesto gubernamental.

“Queda nuevamente evidenciado el carácter opresivo del Gobierno y del Estado hacia los estudiantes por ejercer su derecho a la libre expresión. No cabe duda de que la dictadura en Puerto Rico continuará quitándose su velo en la medida que los intereses de unos pocos se vean amenazados por quienes luchemos por la justicia”, apuntó el grupo.

El Ministerio de Justicia boricua confirmó que este martes acusará a una decena de alumnos del campus de Río Piedras, de la casa universitaria, por penetrar en la presidencia de ese recinto y solicitar la renuncia de la presidenta interina Nivia Fernández, a quien culpan de complicidad con la Junta de Control Fiscal en la reducción presupuestaria.

Los recortes a la UPR oscilan entre los 450 y 512 millones de dólares anuales. En la línea de reducción de gastos, el Departamento de Educación informó por medio de su vocera Yolanda Rosaly, que 184 escuelas serán cerradas y 27 000 estudiantes deberán ser reubicados luego de que concluya el año escolar este mes.

Maestros indicaron que este es el cierre de planteles más grande en la historia local luego de las 150 clausuradas entre 2010 y 2015, y sin alusión a una posible reapertura.

Madres y padres de los niños y jóvenes afectados dijeron a los medios que las autoridades no consideraron las lejanías de los centros de reubicación ni la situación de quienes están en centros de educación especial —un 30 % de los 365 000 registrados— equivalente al doble del promedio registrado en el continente americano.

PLEBISCITO DE CARA AL FUTURO

El gobernador Roselló, del Partido Nuevo Progresista (demócrata) acaba de firmar la quinta consulta popular sobre el estatuto de la isla, que tendrá lugar el próximo 11 de junio.

Tras cinco meses en el cargo, el hijo del exgobernador Pedro Roselló, rubricó la “Ley para la descolonización inmediata de Puerto Rico” en la que no aparece en la papeleta la denominación de ELA.

“Tendremos —dijo— la oportunidad de expresarnos en las tres alternativas que reconoce el derecho internacional —y precisó—: El portaestandarte de la democracia va a tener que contestar la pregunta en algún momento. ¿Cómo vamos a denegarle a 3.5 millones de personas sus aspiraciones democráticas otra vez?”.

El jefe de gobierno señaló que si bien existen razones económicas para aspirar a que Puerto Rico sea un Estado americano, igualmente se trata de un asunto de “derechos civiles”. Roselló, que no habla de independencia sino de integrarse a la Unión como otro Estado federal con todos sus derechos, afirmó que quieren colaborar “y ser participantes de los Estados Unidos. Es un asunto de derechos civiles. Que todo hijo de esta tierra pueda votar por el presidente y sus representantes en el Congreso”.

La consulta prevista incluye dos alternativas: la estatidad o la libre asociación/independencia. Si gana esta última habría una segunda vuelta el próximo 8 de octubre. Pero si gana la estatidad, afirmó el gobernador, “exigiremos en Washington que se encamine un proceso de descolonización, pero para incorporarse de manera definitiva a Estados Unidos”.

Entretanto, partidos que defienden la independencia de Puerto Rico se reunieron en la Plaza Roosevelt de San Juan, la capital, para invitar a la población a pronunciarse contra la estadidad, equivalente a la incorporación plena del país a la Unión americana.

Entre los promotores de la campaña “Ahora sí… ganamos con la soberanía”, están el Partido Independentista Puertorriqueño y el Democrático Popular, el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano, el Unión Soberanista y la Coalición Ecuménica e Interreligiosa.