Más de cuatro semanas después de que los peruanos acudieran a las urnas, la autoridad electoral proclamó oficialmente que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán la segunda vuelta presidencial el próximo 7 de junio. La decisión pone fin a un turbulento periodo de fuertes disputas, márgenes estrechos y caos institucional.
Con el 100 % de los votos escrutados, Fujimori —aspirante por cuarta vez a la presidencia— lideró la lista de 35 candidatos con el 17 % de los sufragios. Sánchez, congresista de izquierda, obtuvo el segundo lugar con el 12 %, al superar al empresario de extrema derecha y exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, por 21.239 votos. López Aliaga, conocido como “Porky”, rechazó los resultados y denunció un “fraude masivo”.
Un proceso electoral bajo tensión
La jornada del 12 de abril estuvo marcada por irregularidades logísticas: decenas de centros de votación en Lima no pudieron abrir por retrasos en la entrega de material electoral, lo que obligó a prolongar la votación hasta el día siguiente. Aunque observadores internacionales descartaron indicios de fraude, las críticas derivaron en la dimisión de un alto funcionario electoral y en redadas policiales en oficinas comiciales.
Acusaciones contra Sánchez
Recientemente, la fiscalía anunció acusaciones contra Roberto Sánchez por presunta falsificación de documentos y supuestas declaraciones falsas en las finanzas de su partido entre 2018 y 2020. El Ministerio Público solicitó cinco años de prisión y su inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos. Sánchez negó los cargos al tiempo que aseguró que se basan en pruebas previamente desestimadas por tribunales locales: “Estamos tranquilos, serenos. Reafirmo mi proceder correcto y respetuoso de la legalidad. Les demostraré su error”, declaró.
"Demostré que nunca hice uso personal de recursos económicos del partido, y por eso el supuesto fraude como delito grave fue archivado por el Poder Judicial mediante resolución judicial. No se puede construir una condena sobre hechos que ya fueron descartados por la propia justicia", destacó el dirigente político identificado con el expresidente Pedro Castillo.
"Rechazo haber dado falsa declaración a ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales), pues como representante legal del partido me correspondía trasladar información y documentación oficial a aquellas entidades", advirtió el candidato.
Sánchez subrayó que estuvo presente en todas las diligencias impulsadas por la Fiscalía durante los cinco años que se extendió la investigación. “Ratifico mi conducta correcta y respetuosa de la ley. Les demostraré su equivocación”, afirmó el dirigente.
La siguiente etapa está fijada para el miércoles 27 de mayo, cuando se celebrará una audiencia destinada a formalizar la acusación, la cual contempla también un pedido de inhabilitación política. Para entonces, quedarán poco más de dos semanas antes de la segunda vuelta electoral.
En esa instancia, el juez deberá determinar si las pruebas presentadas son suficientes para abrir un proceso judicial contra Sánchez.
Cabe recordar que el candidato fue el único ministro que permaneció en funciones durante todo el gobierno de Pedro Castillo (2021–2022). Ahora busca la presidencia en representación del exmandatario, quien cumple una condena de 11 años y 5 meses de prisión.
Dos caminos opuestos
La segunda vuelta enfrenta dos proyectos ideológicos antagónicos:
- La derecha de línea dura de Fujimori, heredera del legado de su padre, Alberto Fujimori, recordado por la corrupción y los abusos a los derechos humanos.
- El impulso reformista de Sánchez, que propone cambios constitucionales y un mayor rol del Estado en la economía.
Fujimori, pese a haber perdido tres elecciones anteriores por márgenes estrechos, mantiene una presencia dominante a través de su partido Fuerza Popular, que se espera controle el mayor bloque en el Congreso. Sus críticos la acusan de utilizar su influencia legislativa para concentrar poder y debilitar instituciones independientes.
La proclamación oficial abre paso a una campaña polarizante que definirá el rumbo político de Perú. Entre la continuidad de un modelo derechista y la promesa de reformas profundas, los votantes deberán decidir en junio qué proyecto guiará al país en medio de tensiones sociales y desconfianza institucional.
En la última década, Perú debió haber tenido únicamente dos presidentes, cada uno con un mandato de cinco años: Pedro Pablo Kuczynski, elegido en 2016, y Pedro Castillo, en 2021. Sin embargo, lo que estaba previsto como la gestión de dos líderes terminó convirtiéndose en el paso de ocho jefes de Estado por el poder.
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