Paso a paso hacia reestructuración de Chile

Chile continúa su andar en búsqueda de un cambio radical en sus estructuras políticas, económicas y sociales, en respuesta a las exigencias de millones de ciudadanos que mantienen una continua protesta para rescatar los valores perdidos durante la dictadura de Augusto Pinochet y la democracia representativa.

El 11 de abril serán electos los 155 miembros de la Convención Constituyente que tendrán la histórica misión de redactar la nueva Constitución Nacional, en medio de los peligros que genera la presencia de una clase política mayoritariamente de derecha y dispuesta, a sangre y fuego, a mantener sus privilegios.

Son más de 14 millones los chilenos convocados ese día para designar a las mujeres y hombres integrantes de la Convención paritaria en la que estarán representados, según se prevé, los más dignos miembros de la población, incluidos los pueblos indígenas, electos de manera directa.

Algunos politólogos entienden que el modelo neoliberal demostró su depresión en Chile, absolutamente dominado en el área económica por los capitales nacionales y extranjeros. La actitud de esos grupos minoritarios pero poderosos moverán sus fuerzas para evitar el éxito del nuevo texto y el gran sueño colectivo podría convertirse en papel muerto.

En la actualidad, el 1 % de la población posee el 26,7 del Producto interno Bruto (PIB), de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), una realidad que podría ser cambiada en respeto a la vocación de las grandes masas.

Ante esta realidad y para consolidar la posible reestructuración del país —expresada en las calles por las organizaciones sociales que se movilizaron sin la intervención de partidos tradicionales intermediarios— están en alerta los grupos sindicales y estudiantiles que se han mantenido en incesante protesta.

Piñera, uno de los hombres más ricos de su país, sabe que su administración constituye un fracaso. Defensor de políticos derechistas, de sus amigos en gobiernos golpistas y desestabilizadores del continente. Durante su mandato se ha sometido a los designios de Estados Unidos (EE. UU.). Está indicado como uno de los paladines de la represión contra quienes no admiten más la destrucción del Estado.

En los cuatro años de su actual y segundo mandato no consecutivo, el presidente demostró su preocupación por acrecentar las utilidades de bancos y financieras, de las instituciones de salud privada (de ahí que no actuara en concordancia con el enfrentamiento a la COVID-19), de la educación privada y el incremento de patrimonio.

Por el contrario, demostró su enemistad con el gobierno de Venezuela y participa en el llamado Grupo de Río, orquestado por la Casa Blanca, mientras despotrica contra otros gobiernos progresistas. Nunca trató de encontrar caminos de equidad social, pero se vio obligado a aceptar las exigencias de los millares de personas que en las calles reclamaban una nueva Carta Magna.

En octubre del pasado año, y en medio de la letal pandemia de la COVID-19, el pueblo votó porque se redactara una nueva Carta Magna por una Convención paritaria elegida de manera libre y soberana, dando un duro golpe al gobierno de Sebastián Piñera.

Es un hito histórico, evidentemente, ya que por primera vez desde el lejano año 1833 la Constitución será redactada por una convención elegida a través del voto popular. Una constitución con verdaderas raíces sociales.

Este abril, en una vorágine electoral, las urnas también determinarán quienes serán los nuevos o ratificados alcaldes, concejales y gobernadores regionales, un preámbulo de las presidenciales del venidero octubre.

Pero en esta maratón, el foco está sobre los futuros constituyentes, ya que de ellos depende en buena medida que se cumpla el deseo popular, expresado en las calles, y que debido a la represión ordenada por Piñera costó la vida de decenas de personas, además de cientos de heridos —algunos con pérdida de la visión pues los carabineros les disparaban a los ojos—, así como la detención de más de 300, aún en las cárceles por orden presidencial.

Los movimientos de la clase política, en especial la oficialista, son constantes ahora en busca de alianzas. La derecha busca unirse a la extrema derecha para alcanzar el mayor número de escaños posibles y evitar que aparezcan en la nueva ley los cambios profundos reclamados por la ciudadanía desde el estallido social de octubre de 2019.

Según Rafael Calcines, corresponsal de la agencia de noticias Prensa Latina: “…para las fuerzas de izquierda y antineoliberales la garantía de que las aspiraciones de millones de chilenos sean plasmadas en el texto, depende de que alcancen al menos dos tercios de los 155 escaños”.

El proceso de redacción —máximo de un año— es solo una fase de la posible implantación de la nueva Carta Magna y su magnitud para una ciudadanía, en especial los jóvenes, que aspira a dejar en los archivos el actual documento rector impuesto bajo los principios de la dictadura pinochetista, en vigor desde 1980.

Luego de que la Convención concluya su trabajo, el nuevo documento será votado en un plebiscito, esta vez de carácter obligatorio, marcado para mediados de 2022, pero con fecha que definirá el nuevo gobierno, surgido tras el fin de la actual administración, apenas con un 9 % de respaldo.

Aunque la elección de los constituyentes es considerada el acontecimiento político más importante del 2021, también el 11 de abril, por primera vez en Chile, se elegirá de manera democrática al encargado de liderar por cuatro años el órgano ejecutivo de la gestión regional.

En la agenda de descentralización política que impulsó la expresidenta Michelle Bachelet mediante una reforma constitucional, el Congreso aprobó en 2017 la creación de la figura del Gobernador regional (Gore).

La presencia en estos comicios, por sus características, no posee carácter obligatorio y los ganará quien obtenga la mayoría de los votos válidos, o sea, más del 40 % de las preferencias.

La jornada comprende solo 16 regiones para el caso de gobernadores y 36 comunas para los alcaldes. Pero los resultados que se obtengan son vinculantes para los partidos y pactos participantes.

Para observadores, una de las principales contiendas está centrada en la región metropolitana capitalina, donde se medirán las alianzas Unidad Constituyente y Frente Amplio.

Otra característica del 11-A, como definieron los chilenos la fecha clave, es que de nuevo se harán presentes en las calles más de 12 000 efectivos de Carabineros, un cuerpo armado que con regularidad deja a su paso un rastro de muerte, tanto en estos años de mal llamada democracia como durante el período dictatorial.

Unidad Constituyente, centroizquierdista, fue el único pacto que llevaba postulados en todas las regiones para las gobernaciones, y por esa chapa se pronunció el 60 % de los votantes. La Democracia Cristiana ganó en seis regiones; el Partido Socialista, en cuatro; el Partido por la Democracia, en una; y las otras cinco fueron para candidatos independientes.

Politólogos consideran que la coalición Frente Amplio (FA) también tiene vastas posibilidades de alcanzar un alto número de asientos en la Constituyente. Está conformada por partidos y movimientos políticos de izquierda y ciudadanos que desean transformar la política nacional y poner fin al bipartidismo que signa los destinos de ese país marcado por la desigualdad social, a pesar de constituir una de las economías más sólidas de la región antes de la irrupción de la pandemia de la COVID-19.

Algunos medios chilenos indican que los candidatos a la Convención quizás no ganen en esa lid, pero son considerados potenciales candidatos a las próximas parlamentarias de este año. La oportunidad es mayor porque muchos legisladores actuales no podrán ir a la reelección por cumplir tres períodos consecutivos en el Congreso a partir de marzo de 2022.