Odio político contra Lula da Silva

Expresiones políticas de odio contra el encarcelado sin pruebas, el expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, ocurren a diario en Curitiba, estado de Paraná, donde se le niegan las visitas de personalidades políticas y extranjeras, entre ellas el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

Los armadores del complot judicial contra el hasta ahora candidato del Partido de los Trabajadores (PT) a las elecciones presidenciales del próximo 7 de octubre violan los derechos de este político de izquierda y evitan cualquier contacto con el exterior, dada las continuas denuncias sobre su situación en una celda en solitaria, destinada a reos que han cometido nuevos delitos en la cárcel.

Lula da Silva se entregó el pasado día 7 en Sao Paulo, luego de permanecer varios días en lo que se considera su cuna política, el Sindicato de los Obreros Metalúrgicos, acompañado por centenares de sus seguidores.

Una inesperada orden del juez federal Sergio Moro de encarcelamiento inmediato determinó la decisión del luchador revolucionario. Moro, con radicación en Curitiba, inició el actual proceso de hostigamiento contra el político más popular del gigante suramericano y lo condenó en primera instancia a ocho años y un mes de prisión.

Poco antes, el Tribunal Supremo Electoral negó un Habeas Corpus a su favor, en tanto el Cuarto Tribunal de Segunda Instancia de Curitiba ratificó la condena de Moro y la elevó a 12 años y un mes, algo inusitado tras un juicio donde la fiscalía no presentó una prueba contundente ni comprobó las acusaciones.

Aun cuando el sistema jurídico brasileño objeta la prisión en tanto haya recursos de la defensa por juzgar, en este caso específico se dictó una orden de prisión para, evidentemente, impedir las manifestaciones de protesta y las acciones de solidaridad con el acusado.

La decisión del sistema judicial brasileño, confabulado con el Ejecutivo, dirigido por el presidente de facto Michel Temer, y el Legislativo —tres poderes en manos de la derecha brasileña— reitera el criterio de proscribir al candidato del PT.

Si Lula pudiera postularse y ganara, tal como dictan las encuestas, sería el fracaso del plan orquestado por Estados Unidos para Brasil, que pasó por un golpe de Estado parlamentario dirigido por Temer, su entonces vicepresidente, contra la mandataria electa por la población, la petista Dilma Rousseff.

La categoría de Lula como preso político es defendida por el investigador estadounidense del Centro para Investigaciones Económicas y de Políticas Públicas, Think Tank, de Washington, Mark Weisbrot, quien aseguró que la Operación Lava Jato está orientada por el Departamento de Justicia de su país.

Weisbrot, en declaraciones a la revista Nocaut considera que “el gobierno de Estados Unidos está obviamente involucrado en las investigaciones” contra Lula da Silva. El experto consideró: “Este es el segundo estadio de un golpe que comenzó, claro, con el impeachment de Dilma. Entonces ella salió sin un delito real, y ahora nosotros tenemos un expresidente que está siendo enviado a prisión sin evidencia. Esos son dos aspectos de un mismo proceso organizado por la élite tradicional de Brasil y los medios, que realmente nunca aceptaron el gobierno del Partido de los Trabajadores como legítimo”.

En su opinión será necesario realizar una investigación independiente para que se descubra cuál es la dimensión del papel de la Casa Blanca en el golpe de 2016, y ahora se cerró con la cárcel de Lula.

Es en este contexto que Pérez Esquivel, un defensor de los derechos humanos, cuyo trabajo social en su natal Argentina le valió el Nobel, fue impedido de una visita al exdignatario este jueves por decisión de la jueza de Curitiba Carolina Moura Lebbos, la misma que la semana pasada impidió similar acción de nueve gobernadores del pabellón petista y varios senadores.

El interés del Premio Nobel era, además, inspeccionar la Superintendencia de la Policía Federal, donde permanece como preso político el hombre que durante sus dos mandados presidenciales sacó de la pobreza a 28 millones de sus coterráneos e implantó novedosos programas sociales para mejorar la calidad de vida de los más vulnerables, entre otros importantes logros.

Para el analista Paulo Moreira Leite “la visita de Esquivel tiene base jurídica innegable. La prohibición es política y rechaza las Reglas de Mandela, reconocidas por la Organización de Naciones Unidas como padrón mínimo del respeto debido a los prisioneros del mundo entero”.

Lo que busca la jueza, estimó, es imposibilitar “que la autoridad universal de un Premio Nobel de la Paz, la más importante condecoración del planeta, sirva para denunciar la inmensa injusticia cometida contra Lula”.

Pérez Esquivel, quien declinó opinar sobre la actitud de la magistrada, afirmó que seguirá reclamando un intercambio con el prisionero, cuya libertad es exigida por millones de sus seguidores en Brasil, en tanto recibe la solidaridad de organizaciones políticas y sociales de numerosas naciones.

El Premio Nobel de la Paz aclaró que esa condición y la de ser presidente de un organismo de Tutela Internacional de los Derechos Humanos lo facultan para observar las condiciones de la cárcel donde permanece el político.

En recientes declaraciones al diario digital Brasil 247, el Nobel argentino advirtió que negarle el permiso “provocaría un vejamen internacional en la reputación de un país que comienza a ser mirado con desconfianza”.

En tanto, en una nueva muestra de la alineación militar con la política del derechista Temer, el general Eduardo Villas Bôas, comandante del Ejército Nacional, afirmó que esa fuerza “no puede permanecer indiferente a la ideologización de los problemas nacionales”.

Las palabras del General confirman la intromisión de los militares en el movimiento político nacional, y en específico en el caso de Lula da Silva. Con anterioridad, Villas Bôas lanzó amenazas al Tribunal Supremo Electoral cuando examinaba el Habeas Corpus, lo cual determinó que seis de los 11 magistrados (el voto decisorio a cargo de Cármen Lúcia, la presidenta del órgano) se pronunciaran en contra de mantener en libertad al acusado hasta el agotamiento de los recursos de la defensa.

En un mensaje por el Día del Ejército, y como una burla a la situación política nacional, el General afirmó que ese cuerpo garantizará que “en las elecciones que se aproximan la población define de forma libre, legítima, transparente e incontestable la voluntad nacional”, a pesar de tener en el Palacio de Planalto un presidente de facto, acusado de corrupción y amparado por la impunidad del cargo.

“Nuestra Patria precisa ser defendida” argumentó el militar, cuyas palabras fueron interpretadas como una amenaza a la izquierda brasileña y sus posibilidades de ganar los próximos comicios.

Muy próximo a la Superintendencia de la Policía en Curitiba se mantiene el campamento donde permanecen miles de personas en vigilia, que exigen la libertad del líder del PT, partido organizado bajo la dictadura militar (1964-1985).

También llegó a Curitiba el llamado Circo de la Democracia, una iniciativa del grupo Abogados por la Democracia, al que pertenecen más de 50 entidades, y que se desarrolla ahora en la capital de Paraná para denunciar las irregularidades del proceso contra Lula y exigir su liberación.

El expresidente fue acusado por Moro, investigador principal de la Operación Auto Lavado en la estatal petrolera Petrobrás, de favorecer a la empresa constructora OAS a cambio de un apartamento de lujo en Guarujá, en el litoral de Sao Paulo.

Ese inmueble, subastado a petición de la justicia, no está registrado a nombre de Lula o alguno de sus familiares, ni hay documento que pruebe la inculpación de Moro, vinculado al derechista Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), cuyo candidato a las presidenciales, Aécio Neves, fue separado como senador por corrupción, pero permanece en libertad.