México: la terquedad de los vivos

Ayotzinapa jamás hubiese llamado la atención del mundo. Pequeño poblado cuyo nombre viene del náhuatl “ayoti”, que significa tortuga, apenas es un pueblito de unos 100 habitantes en el estado mexicano de Guerrero, donde campea la alta criminalidad e impunidad de los asesinos.

Ese nombre se identifica ahora con uno de los crímenes más repudiados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto: el rapto forzado y desaparición física de 43 estudiantes de la escuela normalista “Raúl Isidro Burgos” situada en esa minúscula localidad de gente pobre, el 26 de septiembre del 2014.

Situada a unos cinco kilómetros al sur de la ciudad de Tixtla de Guerrero, Ayotzinapa ocupó hace dos años, y hasta hoy, las principales páginas de la prensa mexicana e internacional. Cuando muchos pensaban que el crimen pasaría al olvido, como otros miles, la causa de los muchachos desaparecidos en una acción que la mayoría adjudica a las fuerzas militares del gobierno, sigue en pie, y creciendo.

Mucho se habla de este caso que es una piedra en el zapato de Peña Nieto,  incapaz de darle un cierre creíble pues, coinciden analistas, sería reconocer la falta de control sobre sus propios órganos militares, de los alcaldes y gobernadores, y mucho menos de los grupos mafiosos operativos en el territorio nacional.  

Lo que demostró Ayotzinapa es que existen gobiernos paralelos en el Estado mexicano, sin que las autoridades federales –que consideran al pueblo un conglomerado de analfabetos políticos- ejerzan su poder.

La política y sus representantes  en la mayoría de los territorios de ese país se identifican con los poderes dominantes a nivel local, como son los grupos mafiosos y los paramilitares, formados estos últimos por miembros de las fuerzas armadas y policiales.

Son notables los intereses que caminan en el mismo rumbo como para que Peña Nieto, a pesar de sus entrevistas con los familiares de los desaparecidos y sus órdenes de encontrarlos, brinde una respuesta satisfactoria a la nación, que en su conjunto rechaza su mandato.

El caso de los 43 y el reclamo que recorre el planeta “Vivos los queremos” no es el primero ni tampoco el último en el antiguo país de los aztecas. En realidad, con la búsqueda de los jóvenes por forenses mexicanos y argentinos fueron encontradas centenares de fosas comunes. Seres humanos asesinados que las familias denunciaron como desaparecidos.

Ocurre, también, que son muchos los que optan por callarse el dolor por temor a las represalias con los restantes parientes y amigos.

El caso de la pequeña Ayotzinapa removió la conciencia de los ciudadanos mexicanos, en especial los jóvenes, que continúan la batalla en las calles y en las instancias judiciales para el Ejecutivo reconozca su culpabilidad en la muerte de los alumnos que se preparaban para ejercer el magisterio en las zonas pobres del país.

MÁS DE 30 MIL DESAPARECIDOS

Activistas sociales y organizaciones ciudadanas denunciaron en la Feria del Libro de Guadalajara (FLG) de este año que en los últimos 10 años desaparecieron en México 30 mil personas, en coincidencia con la década del inicio de la publicitada guerra contra el narcotráfico por el expresidente Felipe Calderón y continuada por Peña Nieto. Las cifras fueron divulgadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación.

Analistas coinciden en que la confrontación de los dos últimos gobiernos con los poderosos grupos mafiosos ha tenido poco éxito y los llamados logros son conyunturales, como el apresamiento del jefe del narco El Chapo Guzmán este año, por coincidencia, como para endulzar el macabro episodio de los detenidos, torturados y desaparecidos.

Este año, por ejemplo, cinco jóvenes fueron raptados en Veracruz y otros siete en Sinaloa, sin que se tengan noticias de dónde se encuentran, salvo que en los dos casos la policía entregó a los secuestrados a grupos mafiosos.

“Nos faltan todos” fue el lema que presidió la protesta en la Feria literaria, donde Hilda Legideño, madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, de 22 años, uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa denunció que “por desgracia en el país no hay una ley que castigue las desapariciones forzadas”.

Leticia Hidalgo, representante de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Monterrey, consideró que México vive una tragedia de orden humanitario “ante la cual, precisó, encontramos el silencio como respuesta del gobierno”.

 La activista recordó que “Pedimos la promulgación de la ley contra las desapariciones forzosas a Enrique Peña Nieto desde el año 2015, pero hasta la fecha no hay ningún avance”, e hizo hincapié en que son los grupos ciudadanos los que realizan sus propias investigaciones. En fecha reciente, dijo, se efectuaron diversas pruebas de ADN a varias familias de Lagos de Moreno, en búsqueda de sus seres queridos.

Mirna Medina, de Las Rastreadoras del Fuerte, expuso que en el 90% de los casos de desaparecidos registrados en Sinaloa, participa la policía local. “Ese cuerpo es, expresó, el que desaparece a nuestros familiares cuando tienen el deber de velar por nosotros”.

Cientos de familiares de personas desaparecidas se reunieron en la Expo Guadalajara para una audiencia pública en la que plantearon sus dilemas.  Vidulfo Rosales Sierra, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, de Guerrero, denunció que antes del caso de los alumnos normalistas de Ayotzinapa, en su localidad había más de mil 200 personas que estaban en posiciones similares en solo un año.

Rosales Sierra aseguró que en Guerrero, zona de asentamiento del grupo mafioso Guerreros Unidos, hay un registro de 17 desaparecidos por día, pero las cifras suelen ser similares en  otros Estados, como Oaxaca y Jalisco, en el que las victimas suelen ser quienes protestan por el descrédito del gobierno o la criminalidad existente sin castigo para los delincuentes.

Los participantes en la cita de Guadalajara acordaron exigir un sistema nacional de búsqueda de personas, y el aumento de las capacidades del Estado para la identificación de cuerpos y restos localizados en fosas clandestinas, intercambio de información interinstitucional, y Registro Nacional de Personas sin Identificar. Estos son planteamientos antiguos presentados por la sociedad civil para la promulgación de la ley que está pendiente todavía en el Senado y que debió estar lista desde el pasado año.

La desesperación de los mexicanos por la violación de sus derechos humanos es uno de los motivos de la baja popularidad de Peña Nieto (en torno al 20%), amén de otros problemas que presionan a la sociedad, como el bajo crecimiento económico (2% este año) y los desalentadores resultados de su Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, detonante de concesiones impensadas. Dos ejemplos: México importa ahora productos alimenticios de los cuales se autoabastecía (generador de la ruina en el campo), como el 50% del maíz de su dieta diaria, e igual cantidad de la gasolina que consume, a pesar de ser exportador de petróleo.

Buscar a sus muertos es un riesgo. La investigación privada de los dolientes –de manera individual o por organizaciones civiles-  es criminalizada por el Ministerio Público, ya que al final indican la responsabilidad directa del Estado y la conexión armoniosa de este con la mafia organizada, como aseguran las familias de los normalistas.

Para tratar de neutralizar a los denunciantes, el Estado procura con diversos medios, que van desde amenazas hasta el cierre oficial de los casos.

Sin embargo, México ya no es el mismo desde que ocurrió la presumible matanza de Ayotzinapa.

Aunque son nulas las esperanzas de que los alumnos y los millares de raptados aparezcan vivos, los mexicanos no se conforman y cada día, en instancias locales y extranjeras, ponen el dedo en la llaga de Peña Nieto y su gabinete. El duelo sigue, pero los tercos continúan la batalla.