Lenin Moreno busca dejar atrás legado de Correa (I)

Si las preguntas que el presidente ecuatoriano Lenin Moreno hará a la población en una consulta popular obtienen mayoría, unas cuantas leyes revolucionarias de su antecesor, Rafael Correa, desaparecerán del programa de gobierno y evitarán, además, su eventual retorno a la política nacional.

Moreno (1953), paralítico de ambas piernas, fue vicepresidente de Correa (2007-2013), quien lo propuso como candidato en las pasadas elecciones por el partido oficialista Alianza País, con cuyos principios y leyes parecía estar de acuerdo, lo que a la postre no es así, pues pocos días antes de ocupar el Palacio de Carandolet ya hablaba por televisión “de las locuras” de su antecesor, como si nunca hubiese compartido sus ideas políticas.

Esta desavenencia subida de tono por las dos partes trasciende a la opinión pública y levanta sospechas sobre las verdaderas intenciones del mandatario, quien hasta ahora, al parecer, coincidía con el proceder de los líderes de la Revolución Ciudadana y su ideología izquierdista, aunque las transformaciones que fomenta a lo interno indican un marcado cambio a la inversa.

A pesar de sus procederes, él insiste en que defiende los principios revolucionarios y que su desacuerdo es con los métodos del anterior gobierno —una década en el poder— del cual formó parte y siempre defendió. De ahí que algunos lo acusen de doble moral y de servir a la oposición de derecha, con la que estableció, poco después de su asunción, lo que llamó “diálogos constructivos” y en la que depositó, dijo, su confianza para alcanzar la conciliación nacional, postura que medios políticos califican, como mínimo, de ingenua.

Algunos expertos consideran que la convivencia con anteriores enemigos es la fórmula encontrada por el presidente para sobrevivir, si se toma en cuenta que ganó las elecciones por estrecho margen, y que la oligarquía ecuatoriana, con su poderío, no le dejaría gobernar en paz. Entonces, mejor el pacto con el diablo. Una posición siempre rechazada por el líder de la Revolución Ciudadana.

Los hechos que están ocurriendo, muy graves al interior del partido oficialista Alianza País, con su carga divisionista, van trazando una línea definitoria de “antes de Correa” y “después de Correa”, con la consiguiente y perjudicial polarización de las fuerzas progresistas del país que apoyaron al líder saliente.

El presidente quiere hacerle siete preguntas a la ciudadanía en una consulta que puede celebrarse —dijo— en enero o febrero del próximo año, de acuerdo con lo que decida la Corte Constitucional. Solo una no atañe a criterios políticos.

La primera interrogante a consideración podría significar la muerte política de quienes, en ocupación de un cargo público cometan el delito de corrupción, un dardo al corazón del vicepresidente Jorge Glas (1969), quien sufre prisión preventiva —ordenada por Moreno a través de los órganos de justicia— por supuestos y no comprobados vínculos con la firma brasileña Odebretch.

El presidente había suspendido a Glas —a quien no le ha retirado el cargo— de todas sus facultades en agosto pasado, atándole de pies y manos, hasta meterlo en prisión, despojando a Correa de uno de sus colaboradores más próximos y de suma utilidad, por su experiencia en el Palacio de Carondelet.

Analistas se preguntan hasta dónde llegará la justicia ecuatoriana, pues si el vicepresidente es corrupto, ¿cómo es posible que su jefe inmediato durante un mandato de seis años no lo supiera? No hay respuestas aún, pues Correa no ha sido mencionado en este peliagudo proceso en que su exvicepresidente, al igual que lo fue de Moreno en esta etapa, se declara inocente y víctima de un complot.

Según la primera interrogante, el pueblo decidirá si los políticos corruptos quedarán inhabilitados para participar en la vida política del país y si sus bienes deben ser expropiados.

Radicado en Bélgica, Correa, que defiende a su exvice a capa y espada, insiste en que el nuevo presidente gobierna con la oposición y declaró que retornará a la política y luchará por una Asamblea Nacional Constituyente para acabar con lo que consideró una traición a la Revolución Ciudadana.

En otro de sus pasos para alejar al líder de Alianza País de la escena política nacional, Moreno también consultará al pueblo sobre las reelecciones presidenciales por tiempo indefinido, y si gana el no, el paso queda cerrado para un eventual retorno a la Primera Magistratura.

Otra interrogante en las urnas está relacionada con el Consejo de Participación Ciudadana, creado con la Constitución de 2008 y que, entre otras funciones, se encarga de elegir al fiscal general, al contralor y al procurador. Esos cargos están ahora en manos de personas fieles a la anterior administración, por lo cual su disolución haría disminuir el poderío político de que goza el exmandatario.

Hay solo una de las siete interrogantes que no pretende revertir acciones tomadas en los diez años de Correa, y está relacionada con la no prescripción de los delitos sexuales contra menores.

Las demás están pensadas para aniquilar líneas de trabajo del anterior gobierno, como la número cinco, referida a la reducción del área donde se explota petróleo en el Parque Nacional Yasuní. Este es otro punto contra Glas, también investigado por presunta atribución ilícita de permisos de exploración y explotación petrolera en esa área natural.

Ante las protestas de los militantes de Alianza País, Moreno afirma que hará un gobierno conciliador, entiéndase, acompañado por la oposición, para suprimir la polarización “que dejaron diez años ininterrumpidos” de gobiernos electos de manera democrática en las urnas, practicante del llamado Buen Vivir de la población más pobre.

Otro de los ataques está presente en la derogación de la ley de plusvalía de marzo del pasado año que, entre otros puntos, impone un impuesto para los dueños de terrenos baldíos equivalentes al 75 % del valor del predio. Su suspensión beneficiará principalmente a los grandes terratenientes locales.

En defensa de esa legislación, el anterior presidente estima que su predecesor no entendió el sentido de justicia social de la letra, y con su derogación significa un duro golpe a la justicia social que preconiza Alianza País.