Las argentinas no son dueñas de sus cuerpos

Las mujeres en Argentina no deciden sobre sus cuerpos. Así lo demostró la negativa del Senado de ese país a la legalización del aborto, luego de ser previamente atacadas por el Papa Francisco, que calificó de “homicidio de niños comparable con prácticas nazis” la interrupción del embarazo.

El proyecto de la ley en discusión desde junio pasado en el Congreso Nacional pasó en la Cámara de Diputados, pero fue detenida en el Senado. Ese cuerpo legislativo, de mayoría oficialista, demostró su capacidad de intervenir de manera totalitaria en la vida privada de las personas.

Aunque la petición hecha por séptima vez al Congreso y denegada en igual número de ocasiones trata sobre el derecho al aborto legal y seguro, en realidad lo que ocurrió en la Cámara Baja fue el despojo de los derechos humanos de las féminas, amparados por la bendición papal.

En lo que se interpreta como un mensaje directo al Senado, el argentino Papa se pronunció, sin ponerle nombre y apellidos, a lo que ocurrió en el país donde nació. No por gusto habló poco después que los Diputados aprobaran el proyecto de ley que salvaría la vida o evitaría las complicaciones médicas resultantes de casi medio millón de abortos clandestinos anuales.

El Papa, en un mensaje improvisado, comparó el aborto con el genocidio nazi “para purificar la raza”, pero ahora, estimó “con guantes blancos”, durante un encuentro con asociaciones familiares en el Vaticano.

En sus reflexiones, el Sumo Pontífice ni siquiera dejó una posibilidad a las normas científicas que posibilitan el aborto cuando en el feto aparecen discapacidades, y en ese sentido refirió que los hijos deben ser “acogidos como vienen, como Dios los manda, como Dios los permite, aunque a veces están enfermos”.

De manera dogmática, Francisco precisó que tal práctica médica es un “homicidio de niños para tener una vida tranquila” y la comparó con métodos utilizados en la polis griega de Esparta que, refirió, “cuando nacía un niño con malformaciones, lo subían a una montaña y lo arrojaban abajo”.

La Iglesia Católica, por boca de su decisor, impidió que sean ellas quienes decidan sus vidas, más aún en momentos de crisis económica como los actuales, gracias al mal gobierno del presidente conservador Mauricio Macri.

Por siete votos de diferencia (38 en contra y 31 a favor) los senadores rechazaron el proyecto de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en una histórica sesión que duró hasta la madrugada del pasado día 9.

El resultado decepcionó a miles de mujeres y hombres que esperaban el triunfo de la razón y así lo habían manifestado en multitudinarias movilizaciones populares.

Al igual que el Papa, los senadores olvidaron la situación de casi medio millón de ciudadanas que cada año acuden al aborto clandestino, ya que la ley actual data de 1921 y permite no culminar la gestación solo en caso de violación o de riesgo de vida de la madre.

La desaprobación del proyecto demostró que a esos parlamentarios les interesó más quedar bien con el grupo de control que gobierna Argentina, integrado por el Estado y la Iglesia de manera simultánea, que con sus votantes.

Sobran razones para preocuparse por el tema de la salud reproductiva. Cifras ofrecidas por la organización no gubernamental Socorristas en Red recogen la situación de las argentinas luego de 12 meses de trabajo de campo realizado en el último cuatrienio.

Sus conclusiones estiman que anualmente se realizan de manera ilegal y sin condiciones poco más de medio millón de abortos en Argentina, y corroboraron el fallecimiento por esa causa de 3 030 mujeres.

En ese tiempo hubo 70 000 ingresos hospitalarios debido a complicaciones médicas después de interrupciones clandestinas.

PRESIONES CONTRA UNA LEY

“Las intimidaciones, amenazas, agresiones y extorsiones de grupos religiosos, conservadores o misóginos en Argentina, impidieron la aprobación de la IVE”, consideró el analista Rubén Armendáriz en un artículo publicado en Rebelión.

Luciana Peker, en Página 12, se preguntó qué ocurrió con Francisco en los dos últimos años, quien después de promover el perdón a quienes habían abortado comparó tal acción con el pensamiento fascista.

Desde que Macri ocupó la presidencia implantó, dijo, un aparato de represión paramilitar que ataca casas de activistas feministas, agrede e insulta a las manifestantes identificadas con un pañuelo verde; o amenazan por redes sociales a hijos de actrices reunidas en un colectivo a favor del aborto legal.

Las fuerzas conservadoras desplegaron también una política de odio contra representantes políticos y sus familiares. Han perseguido a descendientes de senadoras y diputadas en los colegios, pintado símbolos nazis en centros de salud, despedido a docentes que debatieron el tema en colegios religiosos y, además, atemorizaron a facultades, medios y empresas privadas para que dejen en la calle a quienes se expresaban a favor de la interrupción..

Medios comunicacionales como Página 12 y otros alternativos publicaron las expresiones de odio empleados para lograr el fracaso institucional (no social) del derecho de las féminas, integradas en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito..

Para Peker, el negado proyecto les impide a ellas ser dueñas de su propio cuerpo.

Al no ser aprobado por la Cámara Alta, el proyecto cae de forma definitiva por este año y solo podrá discutirse, por octava vez, después del 1 de marzo del 2019, cuando comienza un nuevo período reglamentario. Sin embargo, en un año de elecciones, será difícil programar el tema.

Poco después de la votación en el Senado, varios legisladores se pronunciaron.

El diputado radical Ernesto Martínez señaló que: “estamos ante un sectarismo insaciable. No aceptan nada, ni preservativos, ni el chip anticonceptivo. Quieren un país para evangélicos y católicos y su aparato de consecuentes se encargó de amenazar y ofender a senadores de la Nación”.

El miembro de la Cámara Alta, Pedro Gustavino, denunció que “a mi nieta desconocidos la molestaban desde que me prenuncié por la ley”.

En su opinión, es increíble la indiferencia de la Iglesia Católica, solo comparable, advirtió, a la postura que asumió durante la dictadura militar.

La también senadora Nancy González puntualizó: “Soy católica pero mis electores no me votaron por mi religión sino para que legisle para todos”.

Una nueva era para las mujeres latinoamericanas pudo surgir si hubiese ganado la ley IVE en Argentina, ya que la tendencia en la región sobre ese asunto es similar a las negativas existentes en África y Medio Oriente.

En un alto número de países latinoamericanos el aborto legal es una quimera, y hablar sobre el asunto es tabú y con la eventual aprobación de la IVE comenzaría a torcerse la balanza, en opinión de la analista Sofía Benavides.

La interrupción de la gestación está prohibida absolutamente en seis países: República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Surinam. Con la salvedad de Uruguay, la capital de México y Cuba, las demás naciones oscilan entre la prohibición absoluta del aborto (con penas de prisión para quienes lo practican) y la prohibición con algunas pocas excepciones.

En esta zona geográfica, la mitad de los embarazos no son deseados ni planificados, ya que muchos son resultantes de la violencia sexual, la anticoncepción insatisfecha, y un patrón cultural que prioriza el rol femenino a mujer-madre, de acuerdo con conclusiones del Guttmacher Institute de Estados Unidos.