La frontera caliente entre Ecuador y Colombia

Un Ecuador enlutado y una Colombia incapaz de destruir los focos internos de violencia a pesar de los millones de dólares que recibe de Estados Unidos con ese fin, es el resultado que, por ahora, deja el asesinato de un equipo de prensa del periódico El Comercio, secuestrado cuando reportaban sobre la situación militar en la convulsa zona fronteriza de Esmeraldas.

Ecuador y Colombia comparten 724 kilómetros de frontera común, con centenares de pasos ilegales por donde se mueven históricamente los grupos de la delincuencia que operan en la selvática región en el tráfico de drogas, combustible y tala y minería ilegales.

El periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra buscaban información sobre los ataques a la fuerza pública ecuatoriana registrados desde enero pasado en la localidad costera de Matape, provincia de Esmeraldas, que dejó un saldo de cuatro muertos y más de 40 heridos. El grupo desapareció tras cruzar un retén militar.

Secuestrados el pasado 26 de marzo, se les vio vivos por última vez en una grabación filtrada a la prensa el día 3 de este mes, cuando aparecieron en un video abrazados, con cadenas y candados al cuello, e instaban al gobierno ecuatoriano a llegar a un acuerdo con los secuestradores, lo que no se logró.

En el video, los comunicadores aseguraban que sus vidas estaban en manos del presidente Lenin Moreno, y que sus captores solicitaban “el intercambio” de tres de sus compañeros “detenidos en Ecuador” para liberarlos, lo que no hizo el jefe de Gobierno, indicó el diario El Espectador.

“Señor presidente Lenin Moreno en sus manos están nuestras vidas. Ellos lo único que quieren es el intercambio de sus tres detenidos en Ecuador por nuestras vidas”, dijo uno de los tres periodistas. El hermano de Javier Ortega Reyes, Alexánder Ortega, en diálogo con El Espectador a comienzos de abril, pidió a las autoridades que salvaran la vida de su familiar “evitando un rescate a sangre y fuego”.

Para la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) radicada en Quito: “…ni Ecuador ni Colombia han cumplido con su deber de proteger a los comunicadores. Los gobiernos de Lenin Moreno y Juan Manuel Santos no han trabajado conjuntamente para conseguir la liberación oportuna de los tres trabajadores. Adicionalmente, no se ha acudido de manera eficiente a organizaciones internacionales humanitarias o a otros posibles mediadores —como la iglesia católica— para facilitar la liberación”. 

Tras el anuncio oficial de Moreno sobre la muerte del equipo de El Comercio, miles de soldados ecuatorianos fueron desplegados en la delgada línea que separa su país de los delincuentes colombianos, entre ellos narcotraficantes, paramilitares, y disidentes de la extinta formación guerrillera Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), luego del acuerdo de paz firmado en La Habana en 2016.

El grupo de comunicadores fue raptado, según versiones oficiales, por ex guerrilleros de las FARC, dirigidos por el ecuatoriano Walter Arizala Vernaza, alias Guacho, del llamado frente Óliver Sinisterra, formado por elementos inconformes con la pacificación de Colombia, basada en un acuerdo de paz incumplido por el gobierno de Juan Manuel Santos .

Fuentes de la Inteligencia colombiana argumentaron, a raíz de los últimos acontecimientos, que el frente Óliver Sinisterra está formado por unos 80 hombres. El Guacho es buscado en Colombia y Ecuador, ya que se mueve por los dos lados de la frontera común en una zona clave para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos por el Pacífico, según autoridades militares.

Las autoridades bogotanas lo responsabilizan de ataques con explosivos en la localidad colombiana de Tumaco, de unos 200 000 habitantes, considerada la región que concentra el mayor número de narcocultivos en el mundo. Uno de los puntos del Acuerdo de Paz suscripto con las FARC contempla la destrucción pacífica de los cultivos de coca y su sustitución por otros de carácter alimenticio, pero las fuerzas armadas a mando de Santos lo han hecho por la fuerza, dejando tras de sí la destrucción de los campos y la represión contra los campesinos.

LLEGAN TARDE LAS MEDIDAS DE MORENO

Luego de notificar a la ciudadanía el asesinato de los periodistas, Moreno dijo el pasado viernes que “…se han retomado las operaciones de seguridad en la zona del secuestro” (suspendidas para intentar la liberación), pero sin tocar el tema de la solicitud guerrillera y su incumplimiento por parte de su gobierno, que dio un plazo de entrega a los secuestradores sin que hubiera respuesta.

El presidente informó además sobre la coordinación efectuada con actores de paz, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, para el rescate de los cuerpos y su entrega a sus familiares.

El jefe de Estado señaló que, en su opinión, más allá de los esfuerzos realizados por su Gobierno, los criminales nunca tuvieron la voluntad de entregar a los periodistas sanos y salvos. Anunció también que se creará una jurisdicción especializada en crimen organizado, con sede en Quito, con el objetivo de garantizar la seguridad de jueces y fiscales encargados de juzgar a los miembros de los grupos mafiosos.

Igualmente, el mandatario informó que el ministro de Defensa de Colombia y altos mandos militares de ese país visitaron Ecuador para adoptar una serie de medidas conjuntas que garanticen la estabilidad de la zona fronteriza, en la que actúan con impunidad los delincuentes, a los que, hasta ahora, Bogotá parecía restarles importancia.

Las zonas fronterizas de Colombia históricamente causan trastornos a los países limítrofes, entre ellos Venezuela, donde de manera comprobada se han infiltrado mercenarios y armas para la desestabilización política de esa nación que, paradójicamente, tuvo una activa colaboración para alcanzar el acuerdo de paz entre las FARC y el régimen derechista de Santos.

Uno de los casos más notorios de la violación de los límites comunes ocurrió en el 2008 cuando fue asesinado a mansalva en territorio ecuatoriano, pero muy próximo a Colombia, el canciller de las FARC Raúl Reyes, en un ataque perpetrado bajo el mando de Santos, entonces ministro de Defensa del presidente derechista Álvaro Uribe, con soldados de su país y fuerzas de despliegue rápido norteamericanas.

Colombia, donde existen siete bases militares de Estados Unidos para supuestamente contribuir a acabar con el narcotráfico —siendo el país norteño mayor consumidor de drogas a nivel mundial— no puede, sin embargo, controlar la situación en sus fronteras, que en el caso de Ecuador es de 724 kilómetros de largo.

A raíz de la muerte de los periodistas fueron detenidas nueve personas en Mataje y confiscados equipos bélicos que se supone sean de los traficantes.

Un comunicado de la Secretaría de Comunicación indica que el objetivo del reforzamiento de acciones es garantizar la seguridad de la población del territorio, blanco de hechos violentos desde el pasado 27 de enero, como reacción de grupos delincuenciales a la ofensiva desatada por el Palacio de Carondelet contra el crimen transnacional.

La situación que se presenta desde principios de este año en la provincia de Esmeraldas fue alertada por el expresidente Rafael Correa, quien advirtió en 2015 que un porcentaje de guerrilleros no se acogería al proceso de paz e integrarían organizaciones criminales vinculadas con la venta de armamentos y narcóticos.

Correa adelantó entonces que “…se calcula que un cuarto de efectivo de las FARC (7 000 hombres y mujeres) no se desmovilice, sino que habrá bandas organizadas, como pasó con los paramilitares años atrás”, lo cual aumentaría la inseguridad para el país meridiano del mundo.

Hechos similares ocurrieron en la década de los 80 y 90 del pasado siglo. Hay antecedentes sobre la formación de grupos delictivos por antiguos guerrilleros del Ejército Popular de Liberación (EPL) y también de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupos paramilitares formados bajo la gobernación de Uribe en Antioquia.

Los denominados Rastrojos, por ejemplo, una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas de Colombia, fue dirigida entre 2008 y 2012 por Javier Calle Serna, un excombatiente del EPL que se negó a desmovilizarse en 1991.

Según InSight Crime, una fundación que estudia el crimen organizado en América Latina, las AUC desmovilizó más de 30 000 miembros, pero quienes se quedaron con sus armas engendraron otras 30 estructuras criminales, a las cuales el gobierno llamó Bacrim (bandas criminales).

“Muchas fueron formadas por comandantes paramilitares de rango medio que manejaban actividades criminales de las AUC, y retomaron el negocio” tras la desmovilización en el 2006.

La historia se repite, ahora con mayor violencia en la frontera por donde transitan desde hace décadas las mafias colombianas y que Bogotá asegura eran territorio de las FARC, sin que estas se hayan pronunciado al respecto.

“Lo que estamos viviendo ahora es una herencia del conflicto y de la falta de resolución de estrategias claras para la desmovilización de las FARC”, explica la analista ecuatoriana Katalina Barreiro, del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).

Aunque todo apunta al rebelde grupo dirigido por Guacho como asesino del equipo periodístico, analistas recuerdan que los campamentos abandonados por los guerrilleros de las FARC fueron tomados de inmediato por los actuales grupos paramilitares colombianos que siembran el terror entre las comunidades campesinas y han asesinado más de 200 activistas políticos y sociales luego del acuerdo de paz.