Para algunos medios políticos internacionales, el proceso de paz de Colombia aunque sigue en marcha pero con numerosos contratiempos para su implementación, dado los atrasos del Estado en el cumplimiento de sus compromisos con las FARC-EP y su resistencia a aniquilar a las bandas paramilitares que asesinan a diario activistas revolucionarios y sociales.
Algunos más desconfiados sobre las verdaderas intenciones de Santos, aún cuando resultara imposible la continuidad de una desgastante lucha armada para las dos partes y la necesidad de que las guerrillas devinieran fuerza política de cambios, piensan que se trata de una gran armazón en la que solo ganará la derecha, luego de destruir a la izquierda uniformada.
Los avances obtenidos desde la firma del Acuerdo final de Paz, en Cartagena de Indias, fue uno de los temas de la agenda de Santos y Trump, visto desde el ángulo conservador de restablecer la paz para quitarse de encima un problema político-militar, que costó miles de millones a los contribuyentes y que solo comenzó a cambiar cuando lo estimaron, principalmente, las FARC-EP.
Este año, el Congreso estadounidense aprobó un presupuesto de inversión de 450 millones de dólares, 74 millones mas que el pasado año, para el llamado Plan Paz Colombia, sustituto del Plan Colombia dirigido a aniquilar las guerrillas.
Aunque Santos se despidió de Washington hace pocos días como un pavo real dada la acogida de Trump y los legisladores a su papel protagónico –aunque no fue el primero en intentarlo- en la pacificación nacional, la realidad colombiana indica que aún le queda un trecho largo y hostil a los colombianos para que puedan sentirse seguros en su tierra.
La dirección de las FARC-EP cumplen, aun con graves peligros, sus compromisos para terminar la dura guerra de 54 años que dejó 7 000 000 de asesinados, desaparecidos o desplazados desde 1956, según indicó un informe de la organización Víctimas de la guerra, el que enfatiza que “la mayoría de la victimización de produjo después del 2000 –en 2002 fueron 744 799 victimas- en plena operación del Plan Colombia. A ellos se unen más de seis millones de desplazados, miles de ellos refugiados en Venezuela.
A pesar de este cuadro de muerte y pérdida de derechos humanos y de la parafernalia con que el gobierno rodeó la firma pacificadora, no ha podido evitar las críticas por sus incumplimientos de metas sencillas por parte del Ejecutivo para un tránsito efectivo hacia la desmovilización guerrillera.
Tal pareciera que el derechista Santos hubiese intentado el pase a la historia como el pacificador nacional, ganador de un Premio Nobel de la Paz que debió compartir con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), la contraparte del conflicto armado, y sin cuya aceptación no hubiese llegado a acuerdo alguno.
Aunque se han dado pasos efectivos, sobretodo en el ámbito internacional con la presencia de distintos sectores como Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, entre otros, la situación se torna álgida en los territorios colombianos.
Para los optimistas, los hechos que se van presentado forman parte del desmontaje de un ejército popular, de más de 7 000 miembros operando en la Colombia profunda, a los que, como parte del Acuerdo, se les ha sacado de sus lugares originarios, desarmados, identificados, y preparando para el pase a una insegura vida social en la que podrán practicar la política.
Muchos se oponen a la paz en la esfera política, pues se enriquecían con la guerra.
Este mes, en lo que podría devenir coalición política, se celebró la Segunda Convención Nacional del Centro Democrático en la sede de la Misión Carismática Internacional en Bogotá, según explicó en un análisis político Diego Herrera Duque, presidente de la agencia de prensa del Instituto Popular de Capacitación (IPC).
Herrera planteó que en ese cónclave fue ratificada la unión de religión y política, se hizo explicita la postura de oponerse a la implementación de los acuerdos logrados entre el Estado colombiano y las FARC- EP y la invitación a hacer trizas el acuerdo firmado, elementos considerados por los participantes la plataforma para ganar las próximas elecciones generales del 2018.
Recuérdese que apenas se han dado algunos pasos, ni siquiera a la velocidad requerida para la implementación del Acuerdo Final, responsabilidad que recaerá en el próximo gobierno colombiano que, hasta ahora, pretende ocupar el ala más reaccionaria de la derecha.
Este plan, concebido por las fuerzas conservadoras, busca atraer a un grupo de sectores de variopintos partidos con el propósito de devolver al país a los tiempos de la guerra fría, el modelo latifundista neoliberal, la contrainsurgencia, la ampliación de la corrupción y el narcotráfico.
Otro intento por retrasar el Acuerdo de Paz, después enmendado, fue adoptada por la Corte Constitucional que, trató de eliminar el mecanismo extraordinario denominado Fast-Track, el cual permite la agilización del Acuerdo de Paz.
Es significativo que el promotor del cambio haya sido Iván Duque, del partido Centro Democrático, declarado en rebeldía y resistencia a los textos de paz y promotor de trabas para paralizar el proceso.
Uribe (2002-2010), ahora senador, es su jefe, y está considerado el creador y jefe del paramilitarismo en el país desde que era gobernador de Antioquia.
La falta de seguridad es un mal enraizado en Colombia, tanto en sus urbes como en las zonas campesinas.
Ante la artimaña provocadora de la Justicia, las FARC-EP decidieron la instalación de una Asamblea Permanente para garantizar el proceso de paz, y salirle al paso a otras posibles reacciones de la derecha.
En un comunicado, las guerrillas anunciaron cuatro acuerdos en el que reiteran su compromiso de continuar los pasos para acabar con la guerra de manera definitiva, “tal y como lo venimos haciendo hasta el momento”, indicó el Secretariado de las fuerzas insurgentes.
“Todas las zonas y puntos de transición y normalización entran en Asamblea Permanente para tomar las decisiones más inteligentes ante la decisión de la Corte Constitucional” y plantearon cuatro puntos en los cuales indican la necesidad de poner en marcha un diálogo con todas las fuerzas a fin de lograr el gran acuerdo político nacional tal como está consagrado en los textos de La Habana.
Un peligro desapareció de momento, pero pocos dudan de que en los próximos meses aparezcan nuevos entuertos para mantener en un limbo el proceso y dar paso a las campañas electorales de las elecciones generales.
PLAN PISTOLA PARA CREAR CONFUSIONES
A pleno auge está el llamado Plan Pistola coordinado por una banda criminal denominada Clan del Golfo, que asesina policías y responsabiliza a las FARC-EP con las muertes, según indicó el comandante de la Policía Nacional José Hernández Nieto a medios de prensa.
Las fuerzas guerrilleras niegan cualquier responsabilidad en los hechos, ya que han honrado su responsabilidad de desarme y cese al fuego, en este último caso también por las Fuerzas Militares del gobierno, según pacto del 29 de agosto de 2016.
En opinión de especialistas, se trata de operaciones narco paramilitares que operan bajo los nombres de Urabeños, Gaitanistas o Autodefensas, pero que responden a un proyecto de negociaciones realizadas por las Autodefensas Unidas de Colombia con el narcotráfico durante el gobierno de Uribe. Si a ello se une la postura contra la paz de su Partido Centro Democrático, se encontrará la ecuación perfecta para socavar el proceso pacificador.
Es también significativo que el gobierno de Bogotá no haya dado un solo paso en firme para destruir el paramilitarismo. Miles de hombres unidos a ese movimiento ocuparon –algo que parecería insólito- los campamentos donde estaban instalados los guerrilleros durante la guerra, y los convirtieron en sus cuarteles generales.
Luego de la firma del Acuerdo Final de Paz, según denuncias de organismos de derechos humanos, al menos 70 líderes y defensores de derechos humanos, ocho de ellos en el estado Antioquia, fueron asesinados de manera impune por bandas narco-paramilitares.
Solo en el 2016 esos grupos mataron a 136 líderes sociales y políticos colombianos, en medio del proceso de negociaciones sostenido por los beligerantes en La Habana, Cuba.
LA GUERRA SUCIA CONTINÚA EN CIUDADES Y CAMPOS COLOMBIANOS
Mientras, como una gota de rocío en campo árido, se conoció esta semana la noticia de que el gobierno nacional comenzó el trámite oficial de petición de Repatriación Humanitaria del prisionero político Simón Trinidad, una de las peticiones de las FARC-EP durante las conversaciones.
El abogado defensor de derechos humanos Uldarico Flores informó a los colombianos y a la comunidad mundial que se dio curso a la solicitud presentada ante la Cancillería local para la devolución de Trinidad, líder de las FARC-EP, actualmente en Estados Unidos.
El abogado instó a respaldar la Repatriación Humanitaria por parte de las organizaciones locales e internacionales de derechos humanos.
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