Invitación a mirarse por dentro

Gobiernos neoliberales de América Latina, unos de estreno y otros instalados hace años, cuentan con una extensa relación de asuntos pendientes con sus pueblos, más allá de la carencia de derechos humanos, entronizada pobreza, inexistencia de programas y sistemas sociales que garanticen el agua, la salud, la educación.

Con excepción honrosa de las administraciones progresistas —Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, ínsulas caribeñas— que rompieron con siglos de explotación colonial, capitalista y su engendro neoliberal, el resto de las naciones están endeudadas hasta los tuétanos con sus sociedades.

La corrupción política y administrativa, el narcotráfico, los sobornos, la impunidad a los poderes que en realidad dirigen los destinos patrios, se expresan, de manera objetiva, en aquellos países donde se dan golpes de pecho con una supuesta vida democrática, en tanto conspiran contra quienes buscaron nuevos métodos revolucionarios para transformar la vida de los más vulnerables.

En estos días se observa cómo figuras en deuda con sus conciudadanos son bandera visible de una política agitadora para tratar de derrocar al presidente legítimo Nicolás Maduro y la Revolución Bolivariana, cuyo liderazgo le fue entregado por su fundador, el fallecido líder Hugo Rafael Chávez Frías y a quienes muchos de ellos deben algunas mejorías sociales.

Visto como un todo, en varios países latinoamericanos se ocultan las manifestaciones de violencia, asesinatos, desapariciones bajo una obscena impunidad, pero que salen a la luz pública gracias a las denuncias y movilizaciones de los partidos de izquierda y los movimientos y activistas sociales que están en pie de lucha nuevamente.

Uno de los casos más publicitados es el de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 en la localidad de Ayotzinapa, en México, a quienes sus familiares y organizaciones no gubernamentales buscan removiendo piedras y fosas comunes en aquellas localidades a donde se supone pudieron ser llevados.

El gobierno de Enrique Peña Nieto no pudo, o no quiso, dado el alto grado de putrefacción existente en ese país dominado por el narcotráfico, encontrar a los alumnos de magisterio a quienes detuvo la policía por tratar de asistir a un acto contra un alcalde corrupto, y que, dijeron a la justicia, entregaron al grupo mafioso Guerreros Unidos. México es considerado un narco-Estado.

Las investigaciones indican que nunca aparecerán los restos de esos muchachos, que después de graduados trabajarían como maestros en las zonas más pobres del Estado de Guerrero, famoso por los emporios de traficantes con mercancía destinada a Estados Unidos, primer consumidor mundial de estupefacientes.

Veremos qué inventarán esos delincuentes para entregar su mercancía a los consumidores norteamericanos —y es seguro que lo harán porque las drogas constituyen un lucrativo negocio— cuando Donald Trump levante el muro de sus sueños para evitar la emigración mexicana hacia su país.

¿Quién quiebra los derechos humanos, Venezuela o México, donde solo este año fueron asesinados cuatro periodistas decidores de verdades, y cada día aparecen fosas comunes con decenas de cadáveres de personas dadas como desaparecidas? En 2016 mataron un profesional de la prensa por mes.

En Argentina, donde triunfó Mauricio Macri, el autotitulado “hombre de los cambios”, una mujer lideresa de origen indígena de la organización barrial Túpac Amaru, llamada Milagro Sala, lleva presa más de un año bajo falsas acusaciones, después de ser sometida a un juicio vendido. El gobierno estadual de la alianza Cambiemos de Macri inventa nuevos cargos que la retienen en la cárcel, a pesar de los reclamos de numerosas organizaciones internacionales, entre ellas el Parlamento Suramericano, del cual es miembro, y la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

En Colombia, el presidente conservador Juan Manuel Santos se ríe de las decenas de activistas sociales asesinados por bandas paramilitares que, en burla a los acuerdos de paz suscritos por el gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), campean por las tierras del país suramericano con absoluta impunidad.

Santos, el principal incumplidor del documento pacificador, firmado en Cartagena de Indias con el grupo guerrillero, permite a los paramilitares, conocidos por asesinatos impunes, continuar la matanza de revolucionarios y activistas colombianos. Son más de 70 luego de la suscripción del texto.

¿Por qué embiste a Venezuela este individuo —que piensa situar en el gobierno luego de su salida el próximo año a otro figurón de la derecha—, si en el país de Hugo Chávez nadie puede decir que el gobierno mató en las sombras a un opositor ni tampoco en las calles, donde hay extrema violencia y los fallecidos son afectos al gobierno bolivariano?

Al contrario, si aunque precaria hay cierta paz en Colombia es debido al papel jugado por Chávez y Maduro para sentar en la mesa de diálogo a las partes —tal como hace ahora en las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional—. Solo por ese gesto debía pensar mejor Santos antes de atacar a Caracas.

En Honduras está todavía pendiente el crimen de la líder ambientalista Berta Cáceres, ocurrido hace más de un año por defender las tierras de sus ancestros lencas y enfrentarse a las trasnacionales constructoras de grandes represas para despojar a los legítimos habitantes de esas tierras de sus aguas.

Cáceres, ganadora del premio ambientalista internacional Gold Environmental Prize, una figura importante en la defensa del medio ambiente en Honduras, fue acribillada a balazos mientras dormía en su hogar. Su caso, considerado un crimen de Estado, fue llevado por sus familiares hasta Naciones Unidas. Sin embargo, aunque hay detenidos, no son ellos precisamente sus asesinos sino sus mandantes, vinculados al gobierno del repudiado presidente Juan Orlando Hernández.

¿Cómo Honduras, entonces, va a reclamarle a Venezuela la defensa de los derechos humanos, que mantiene como línea oficial de su gobierno, cuando la muerte se enseñorea sobre su corrupto gobierno, acusado de excesos en el uso de la fuerza pública, y de los asesinatos a mansalva de más de 17 líderes ambientalistas en 2016?

En Guatemala, Jimmy Morales, que dejó la escena para convertirse en mandatario, no pudo evitar, a pesar de sus apariciones públicas pidiendo perdón, la rabia popular por la brutal muerte de 43 niñas calcinadas en un incendio en un llamado Hogar Seguro, luego de que se verificara que los guardias de protección no abrieron las puertas para que salieran.

¿Dónde están quienes pudieron evitar esta tragedia, ya que esa casa de acogida está bajo la responsabilidad del Estado guatemalteco?

Entonces, ¿por qué acusan a Venezuela de no proteger a su sociedad, cuando bajo los gobiernos revolucionarios millones de personas recibieron nuevos hogares, la salud y la educación son gratuitas, se acabó el analfabetismo, subieron los niveles de la economía familiar y los niños y las niñas son protegidas con especial esmero por la administración revolucionaria?

Horacio Cartes, el títere de turno de Estados Unidos en Paraguay, se manifiesta como uno de los actores furibundos para sacar a Venezuela del Mercado Común del Sur (Mercosur), del cual es miembro legítimo y clama en la Organización de Estados Americanos (OEA) por su separación de ese grupo.

Este individuo, considerado uno de los terratenientes más ricos de su país, intentó este año la reelección. No pudo. La oposición popular identificó al líder del Partido Colorado como jefe del Gobierno más corrupto de las últimas décadas. La percepción de la ciudadanía quedó en evidencia en una reciente encuesta publicada en el diario Ultima Hora, la cual indica que un 60 % de los paraguayos ve a Cartes como un presidente corrupto e indican que solo la movilización de las calles evitará que “gente de su calaña permanezca al frente del gobierno”.

Para el periódico ABC Color, “la corrupción es otro elemento que desgasta al gobierno del presidente Cartes. Se suma a la falta de resultados, sobre todo en materia de infraestructura, el aumento de la pobreza, el prebendarismo y las persecuciones políticas en la pelea interna colorada. Asimismo, el mandatario se rodea de asesores sospechados (SIC) de corrupción y de narcopolíticos”.

De manera regular en Asunción, la capital, y otras ciudades importantes se multiplican las protestas contra el gobierno de Colorado, entre ellas una reciente protagonizada por alumnos de colegios públicos y privados que exigen una mejor calidad en la educación.

¿Por qué quiere Paraguay sacar a Venezuela del Mercosur junto a otros países etiquetados como neoliberales? No hay secretos. Venezuela rompe el esquema conservador que adoptó el bloque con la llegada de los presidentes de Argentina y Brasil, en tanto Uruguay se mantiene al margen. Mercosur está ahora en manos de dirigentes neoliberales y cumplen órdenes de Washington.

Michel Temer, el usurpador presidente brasileño, es otro furibundo enemigo de la Revolución Bolivariana; incluso, cuando era vice de la derrocada Dilma Rousseff viajó a Caracas a entrevistarse, sin su autorización, con líderes de la oposición venezolana, y fue rechazado por las masas revolucionarias en plena calle.

Este político, que representa los intereses más espurios del gran capital brasileño, que empeoró la recesión económica existente en el gigante suramericano, que tiene a ocho ministros señalados como sospechosos de soborno en la estatal petrolera Petrobrás, que arrojó a la fuerza pública contra los manifestantes movilizados en su contra, también apoya los planes de la contrarrevolución venezolana.

Temer osa criticar la democracia participativa venezolana, cuando en su país las reglas son dictadas por una oligarquía con la que está en deuda, y de ahí su apuro por reformar las leyes laborales y de seguridad social, amén de que con un 5 % de aprobación popular es posible que ni acabe su mandato en 2018.  ¿Cómo se atreve a criticar a la Revolución Bolivariana y defender a los opositores instigadores de la violencia, cuando en su país 13 millones de personas carecen de empleo, no hay acceso libre a la educación ni a la salud —salvo los programas sociales de Rousseff que intenta desmantelar—, hay un 75 % de personas, de un conjunto de 200 millones de habitantes en pobreza extrema, continúan los asesinos a sueldos y cada día la impunidad muestra su cara?

¿Con qué moral este lamebotas de Estados Unidos y de las oligarquías locales se atreve a decir que Maduro es un dictador, cuando Brasil vive desde hace varias décadas bajo el mando represor del capitalismo internacional?

Los problemas de Venezuela son de los venezolanos. Si este grupo —pueden ser muchos más los gobiernos títeres de Estados Unidos— se miraran por dentro, no tendrían el valor de azuzar la violencia interna y la intervención militar foránea contra una nación democrática, con un presidente electo en las urnas, que proclama —aun cuando caiga en saco roto— que desea el diálogo con sus enemigos, y responde con dignidad y ética las provocaciones generadas en algunos los Palacios de Gobierno de América Latina.