España y su cáliz

La antigua alerta viene a la mente al tomar contacto con el proyecto planteado ante el Congreso de Diputados por el presidente del gobierno español Pedro Sánchez, el martes 17 de julio. Ante la ira nada disimulada del Partido Popular y Ciudadanos anunció una subida de impuestos para la banca y las grandes corporaciones, otra medida de corte medioambientalista y una ley antifraude para suprimir las actuales amnistías fiscales que benefician a empresarios y financistas.

Por primera vez desde los apretujones sociales hechos al calor de la crisis (rebaja de salarios, pensiones y presupuestos a servicios esenciales), Sánchez se acerca un poco a las privaciones acumuladas por la gran mayoría —muy empeoradas en el último decenio— y propone mejorar las pensiones según el cambiante IPC (Índice de Precios al Consumo), usando algo de cuanto se recaude con la alzas impositivas. Se refirió a retocar la legislación laboral con medidas que al Partido Podemos le parecen insuficientes. Aun así, parece, los morados no desean ponerle peor las cosas a un jefe de ejecutivo con tan escasos plazos y asideros, dada la minoría parlamentaria (85 diputados, parte de ellos levantiscos) y solo dos años para cumplir las sugestivas promesas.

España tiene uno de los gastos públicos sociales per cápita más bajos de los quince países de la Unión Europea con nivel de desarrollo económico similar al ibérico. Dilucidar las ramificaciones de esa deficiencia no se logra en un corto plazo y menos teniendo tan escasos apoyos.

El proyecto del gobernante socialdemócrata encontró rechazo en los conservadores dentro del ámbito parlamentario y también en medios que se sienten agredidos por el plan. De acuerdo con datos de entidades especializadas, las empresas sujetas a un aumento de sus aportes al Estado pertenecen a sectores favorecidos por tasas muy bajas o esferas también apadrinadas, mientras se descargaba sobre la sociedad el pago de las aberraciones económicas engendradas en y dentro de las clases altas. Desde esos ámbitos ya hay protestas e, incluso, amenazas.

Imposible ignorar las reacciones de los propietarios y gestores del gran capital por su capacidad decisora sobre el Estado español. Estructuras y privilegios dejados por el franquismo continúan existiendo, y al decir de varios economistas, son un lastre para cualquier gestión medianamente progresista.

Los amagos de torpedear los cambios se insertan en un panorama de protestas de varios sindicatos en busca de aumentos salariales o mejoras en las condiciones de trabajo o sobre derechos perdidos. Personal de tierra y vuelo de empresas aéreas y también ferroviarios tienen programadas huelgas si fracasan las negociaciones de sus gremios con la patronal. Son desafíos con un costo elevado y sin la certeza de soluciones, pues las demandas laborales han tenido escaso efecto hasta el momento, sea en España u otras naciones donde fueron implantadas normas regresivas para los trabajadores.

Entre cal y arena el ejecutivo hispano se propone hacer entrega de unas 20 000 viviendas con alquiler asequible y elevar la prórroga forzosa del tiempo para los desahucios de familias por mora en los pagos, como se viene haciendo.

Desea bajar, asimismo, el altísimo porcentaje de jóvenes sin trabajo (45 %, frente al 20 % en el resto de la UE) y, de otro lado, plantea un “reparto equitativo de la riqueza” a través de una subida del salario mínimo, el enfrentamiento a la economía sumergida y los falsos autónomos, entre ilegalidades acrecentadas durante la gran crisis. No son las únicas medidas en un programa con un corto lapso para acometerlas.

También plantea providencias urgentes para evitar la violencia de género, con leyes que no dejen las denuncias expuestas al libérrimo criterio de jueces venales o retrógrados. Caso prototípico el de “la manada”, violadores en colectivo de una joven durante los sanfermines quienes fueron absueltos, provocando enormes protestas.

Entre distintas demandas arrastradas durante mucho tiempo, Sánchez garantiza la exhumación de los restos de Franco, pues gran parte de la sociedad considera improcedente su permanencia en el Valle de los Caídos, donde se encuentran tantas de sus víctimas en un amasijo de símbolos erigidos para su glorificación. “Ninguna democracia puede permitirse monumentos que ensalcen una dictadura, la nuestra, tampoco”, expuso Sánchez ante los diputados. Nadie osó reprobar el tema, previamente jalonado por la exhibición en el memorial de anacrónicos valedores con saludos y banderas fascistas.

El tema catalán viene siendo atendido por el presidente. A diferencia de su antecesor, Mariano Rajoy, negado a todo trato y usando recursos judiciales para solventar el dilema, el actual gobernante estableció vías para el diálogo con las formaciones independentistas. Como se hace imposible una solución a esa crisis sin participación ciudadana, propone someter a voto el asunto. No está definido por entero, pero parece dispuesto a reparar las perdidas capacidades del estatuto de esa autonomía, asumido por las autoridades centrales hace casi un año.

Hay muchas interrogantes sobre este encendido y complejo aspecto. No se sabe si se someterá a referéndum u otra forma de consulta solo el Estatut, o si, como sugieren varios especialistas y políticos, debe ocurrir una reforma constitucional que permita darle reconocimiento al carácter plurinacional de España. Otra opción pudiera estar basada en el reconocimiento oficial de los derechos forales concedidos al País Vasco y Navarra. Cualquier variante será mejor que las confrontaciones vividas hasta el momento o las divisiones actuales dentro del espacio autonomista.

La propuesta sobre una salida política para el drama catalán fue furiosamente rebatida por la derecha española. El jefe de Ciudadanos, Albert Rivera, calificó de “indecente” la posición mantenida por Sánchez en cuanto a Cataluña, y los del PP acusaron al presidente de haberse vendido a los independentistas.

Esta es solo parte de la nueva situación. Atacado desde distintos frentes, a Pedro Sánchez le resultará bien complicado llevar a cabo todo o parte de sus propuestas. De cuánto logre dependerán no soluciones permanentes, pero sí algunos oportunos alivios.