En año electoral, complejo panorama en Argentina

El escenario de Argentina continúa su complejo ritmo de protestas y movilizaciones, acrecentadas este año electoral en el que los ajustes neoliberales del derechista gobierno de Mauricio Macri amenazan con elevar la cifra de pobres e indigentes en una de las naciones más ricas de América Latina.

Macri, un millonario de derecha amigo de sus homólogos de Estados Unidos (EE. UU.) Donald Trump y de Israel, Benjamin Netanyahu, aún no decidió si irá por un segundo mandato por la coalición Cambiemos a los comicios previstos para el 27 de octubre próximo, o si, luego de un mal gobierno, ceda el puesto a otro dirigente de ese grupo, como la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, un nombre que ya se baraja.

Todavía es pronto para que las distintas corrientes del peronismo que se mueven en Argentina —desde la ultraderecha hasta los progresistas— se pronuncien de manera categórica sobre los cambios institucionales, pero las tendencias empiezan a marcarse, ya que las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) serán el 11 de agosto.

Las PASO, que se efectuarán por cuarta ocasión, fueron pensadas como una herramienta de “democratización de los partidos”, según la exmandataria Cristina Fernández, ya que los precandidatos deben conseguir al menos el 1,5 % para entrar en la liza. El proceso es abierto para todos los ciudadanos, estén o no afiliados a un partido político.

Fernández dijo, en su momento, que las primarias son obligatorias tanto para ciudadanos como para partidos y alianzas que tengan contemplado concurrir a las urnas para que “nadie pueda decir que hay candidatos designados a dedo”.

ACTUAL ESCENARIO POLÍTICO

Macri cifra sus esperanzas en mantener a Cambiemos en el gobierno, aunque ahora mismo él carece de apoyo popular debido a sus ajustes neoliberales, en tanto promete que 2019 será el año del crecimiento, del cual viene hablando desde que asumió, pero ahora amparado, asegura, en los 50 000 millones de dólares con que endeudó al país con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El pasado mes, Argentina inició el año con las negativas tendencias económicas del anterior, es decir, una elevada inflación y consolidación de la recesión productiva con impacto regresivo en la población, empobrecida en su mayoría.

Desde el pasado mes, en coincidencia con el verano argentino, las movilizaciones populares de los movimientos políticos, sociales y sindicales no dan tregua al millonario mandatario, pues las previsiones económicas, como las de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) aluden a una elevación de precios de entre un 30 y un 35 % contra la actualización de salarios, pensiones y planes sociales, que perderán mayor capacidad de compra, ya acumulada en periodos previos.

La inflación de los precios minoristas alcanzó en 2018 el 47,6 %, mientras los mayoristas un 73,5 %, por lo que se teme que el remanente de incrementos continúe este año.

La Cepal también previó que la actividad económica del actual período anual tendrá una caída de -0,5 %, muy por encima de la prevista por el gobierno en su presupuesto actual, avalado tanto por el oficialismo como por la oposición en el Congreso Nacional.

Durante la administración de Macri —diciembre 2015-diciembre 2019— la recesión se apoderó del país, con una retracción del 2,2 %, confirmado durante los tres primeros años de su gestión.

Estos números y otros indican que en los próximos 11 meses del año habrá un empobrecimiento de la mayoría de la sociedad, en beneficio del sector más concentrado, que es un 10 % de la población de mayores ingresos.

Se estima que en el actual cuadro recesivo, el 60 % de los argentinos será perjudicado en su vida cotidiana.

A Macri la situación no le quita el sueño. “La gente se tiene que sincerar que es pobre, que tenía un nivel de vida que no le correspondía”, afirmó en uno de sus provocativos discursos, en evidente menosprecio de la situación económica en que sumió a la nación por su ineficiencia administrativa.

El debate político, por tanto, ya está planteado más allá de la renovación de cargos institucionales o de proyectos políticos antiguos o novedosos.

Los argentinos de clase media, la mayoría en pobreza, engrosaron los millones de imposibilitados de pagar cuentas. Se han organizado en clubes sociales, organizaciones barriales e, incluso, lo han hecho pequeñas y medianas empresas también endeudadas con prestadoras de servicios públicos o entidades financieras que aplican intereses imposibles de cubrir.

Las discusiones en los movimientos y organizaciones populares se asocian a la constitución de un nuevo proyecto para superar los límites que imponen las anunciadas reformas laboral y previsional contenidas en el acuerdo con el FMI.

Argentina posee una historia de lucha en América Latina, pues es una de las naciones con mayor sindicalización en esa región, y se caracteriza por su capacidad de convocatoria y paros nacionales, por lo que se auguran tiempos tormentosos para el oficialismo.

Situaciones que habían desaparecido de la escena social argentina retornan con una realidad económica que ni quienes votaron por Macri imaginaron.

La organización social Barrios de Pie, recurrente en las movilizaciones y marchas de protesta contra los ajustes neoliberales, instaló de nuevo las ollas populares de comida distribuidas entre los pobres, en tanto exige la derogación de las alzas tarifarias del transporte, la electricidad, el agua, y el gas residencial, que impactan principalmente al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Hace poco más de un mes, el gobierno nacional anunció otros aumentos escalonados en los servicios públicos para el primer trimestre de este año, por encima del índice inflacionario previsto de un 23 %. El transporte subiría un 40 %, la electricidad 55 %, el gas, 35 % y casi 50 % el servicio de agua potable.

Estas medidas, iniciadas por Macri apenas semanas después de asumir el gobierno, duplicaron la cantidad de indigentes en la ciudad de Buenos Aires, según datos oficiales actualizados de la Dirección General de Estadísticas y Censos (DGEC). En ese distrito, el más rico del país, hay 18 000 nuevos hogares indigentes y 98 000 personas más en esa condición que en 2015.

La cantidad de pobres creció en un 54 %, porcentaje impulsado por la fuerte subida en cantidad de indigentes: 98 %.

La DGEC confirmó que en números nominales, en tres años se pasó de 314 000 pobres no indigentes, a 441 000; de 100 000 indigentes, a 198 000. En conjunto, los pobres e indigentes pasaron de 414 000, a 639 000, un 54 % más.

Macri, entretanto, sigue las órdenes del FMI. Expresidente del club de fútbol Boca Juniors, hace pocos días firmó un decreto que convierte a la Secretaría de Deportes Nacional en una Agencia Gubernamental, lo que le posibilita privatizar, arancelar e incluso enajenar bienes estatales.

El decreto 92/2019 además establece una derogación total o parcial de cinco leyes fundamentales para la protección del deporte en la nación suramericana. Estas legislaciones contemplaban la cobertura social de deportistas, el sostenimiento financiero del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) y de las comisiones nacionales de Automovilismo y Motociclismo Deportivo, entre otras.

La medida otorgó al Gobierno neoliberal la herramienta legal para avanzar en la venta de distintos predios deportivos estatales, algunos de ellos ubicados en zonas estratégicas para el negocio inmobiliario en Buenos Aires (capital). En su artículo 15 determina que serán posibles para la Agencia “las ventas, locaciones u otras formas de contratación de sus bienes muebles y servicios”.

Los enredos económicos del gobierno de Macri son tantos que el presidente no se limita en tomar fondos de sectores tan sensibles como el de los jubilados para financiar deudas. Mediante una Letra del Tesoro, en enero pasado, captó 10 000 millones de pesos (moneda nacional) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

La medida salió publicada en el Boletín Oficial de la resolución 6/2019 de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, reseñó Página 12, que recordó una medida similar hace un año.

En este febrero ya comienza a vislumbrarse lo que pasará hasta el 27 de octubre, justo un año después de que el legislativo aprobara el presupuesto nacional con profundos ajustes en las áreas sociales, educativas, de salud, trabajo y vivienda, y reafirma las políticas de recortes sociales, que ya han sido implementadas durante este 2018 como exigencia del FMI.