El gran cementerio mexicano

La violación de los derechos humanos en México constituye una práctica diaria en esa nación vecina de Estados Unidos, y en la que nunca se sabrá con exactitud el número de muertos, secuestrados y desaparecidos en un contexto que analistas califican de estado-narco de absoluta impunidad.

Por su posición geográfica, el territorio mexicano, con una superficie de 1 964 375 km² es el principal corredor de la droga procedente de Sur y Centroamérica, y también paso obligado de los miles de inmigrantes de esas regiones que viajan —a costo de sus vidas— en busca de empleo y seguridad hacia la mayor economía planetaria.

Foco de notable interés internacional, después de que el presidente norteamericano Donald Trump amenazara con construir un muro en la frontera común para cerrar el paso de los viajeros obligados, México llama la atención de los organismos de derechos humanos debido al alto número de delitos cometidos contra la población inocente.

En varios estados, y en la capital federal, el hampa se hace presente en casi todos los sectores de la vida, con una absoluta impunidad pagada —y los hechos lo demuestran— a las autoridades que gobiernan un universo multicultural de 119 millones de personas parlantes de 67 lenguas indígenas propias de la región.

Esta inmensa nación, rica en recursos naturales, entre ellas el petróleo, con un desarrollo cultural de más de 14 000 años, según referencias históricas, deviene símbolo de la inseguridad ciudadana, aunque se mantiene como el principal destino turístico de América Latina gracias a sus 32 sitios considerados por Naciones Unidas como Patrimonio de la Humanidad y su riquísima cultura.

Con esas bondades ofrecidas por la naturaleza y la historia, los mexicanos debían sentirse seres bendecidos. No es así. La sombra de la muerte ronda en cualquier esquina de ese país, donde en los tres primeros meses de este año aumentaron los homicidios dolosos (29 %), las extorsiones (30 %), los secuestros (18 %) y el robo a los negocios (47 %), en comparación con la misma fecha en 2016.

De acuerdo con el diario Excélsior, que basa sus números en la organización no gubernamental Semáforo Delictivo, los Estados con más muertes dolosas en el primer trimestre del 2017 son Guerrero (550), Estado de México (478), Baja California (409), Chihuahua (384), Veracruz (372), Sinaloa (344), Michoacán (338), Jalisco (291) y Guanajuato (262).

En el caso de los homicidios, el incremento es constante desde enero. La cifra absoluta es de 5775 asesinatos, mientras en igual tiempo del año pasado fueron registrados 4460.

Este año, al menos 245 cadáveres fueron encontrados en 120 fosas clandestinas en Veracruz, en un predio de 10 hectáreas, indicaron grupos de familiares de desaparecidos. Esta zona es considerada uno de los grandes cementerios clandestinos de la nación, y los hallazgos se derivan de medidas adoptadas contra grupos mafiosos por el gobierno estadual, debido a la presión popular.

Mujeres agrupadas en la organización El Solecito son las que encuentran las fosas, con el apoyo de la División Científica de la Policía Federal y la Fiscalía veracruzana. Desde que iniciaron sus labores, las madres de El Solecito han encontrado, además, otros enterramientos con restos de al menos 40 cuerpos, pero hasta ahora nadie está siquiera indicado como sospechoso de tales crímenes.

Según explicó a Excélsior Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo, el 75 % de los asesinatos en este primer trimestre fueron cometidos por el crimen organizado en las 32 entidades federativas del país, y 60 % de todos los homicidios denunciados se cometen en los Estados donde, aunque hayan gobiernos legítimos, el poder es detentado por los intocables narcotraficantes.

Es muy probable, dijo, que México concluya 2017 con una tasa de 20 homicidios por cada 100 000 habitantes, para convertirse en uno de los peores períodos para la seguridad personal.

En un análisis sobre el aumento de la criminalidad, el dirigente de Semáforo Delictivo se refirió a la estrategia de seguridad del presidente Enrique Peña Nieto que, en su opinión “…ha sido un fracaso rotundo, pues el método de atrapar capos de la droga complica las cosas, ya que se crea más tensión entre los grupos, que se dividen, se atomizan y fomentan más guerras internas”.

En opinión de expertos, la experiencia mexicana indica que resulta muy difícil acabar con el mercado negro, que crea violencia y corrupción de alto impacto, con el colapso de las autoridades locales, estaduales y en ocasiones federales.

LA IMPUNIDAD DE LOS DELINCUENTES

Es en este contexto de violencia que el pueblo mexicano acudirá a varias elecciones este año y el próximo. En ellas medirán fuerzas las más importantes agrupaciones políticas y son consideradas una prueba de fuego para el conservador Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Peña Nieto.

El próximo 4 de junio habrá comicios locales en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz para elegir tres gobernadores, 272 alcaldes y 34 diputaciones. Para los involucrados, esta lid es una especie de laboratorio de las legislativas y presidenciales del 2018.

Los días previos a los comicios devienen, al menos así lo demuestran anteriores experiencias, una guerra entre grupos partidistas, que no dudan en pagar la muerte de políticos contrincantes, y elevan la violencia y el miedo de la población a límites insufribles.

Pero si este año se considera uno de los peores de la historia moderna de México en cuanto al auge del crimen y la delincuencia, el pasado 2016 también enlutó a miles de familias. De acuerdo con Naciones Unidas, hasta noviembre de 2016, México mostraba la cifra más alta de homicidios (36 056) desde la asunción de Peña Nieto en 2012, quien deberá pasar con el PRI la contingencia de las elecciones legislativas y las presidenciales de 2018.

Las operaciones policiales contra las protestas de los maestros por los bajos salarios y la baja calidad de la enseñanza dejaron un alto número de muertos y heridos, de los cuales la prensa privada no se hace eco. Las cifras oficiales siempre son menores que las reales.

En 2016, soldados mataron a ocho personas e hirieron a decenas en Nochixtlán, Oaxaca, luego de lanzarse contra una multitud que protestaba contra la reforma educativa del gobierno federal, pero los uniformados nunca fueron procesados, como tampoco los que asesinaron a 22 en Tlatlaya, Estado de México, hace tres años.

Uno de los asuntos que más preocupan a los mexicanos es que los delincuentes aliados a las mafias de la droga gozan de impunidad, ya que existe un sistema de influencias con las autoridades, y las investigaciones no se realizan adecuadamente.

La tortura, una de las formas más cruentas de la violación de derechos humanos, también se emplea contra la ciudanía. La Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura anunció que este mes revisa a nivel federal 4715 expedientes abiertos, aunque en la mayoría de los casos, explicó, no se aplicaron los dictámenes forenses especializados.

En agosto pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que la Policía Federal torturó al menos a dos personas en el Estado de Michoacán, mientras en una operación militar en ese territorio las 43 víctimas civiles fueron ejecutadas de manera arbitraria.

En San Salvador Atenco, 11 mujeres fueron violadas como forma de tortura, según divulgó la Corte Interamericano de Derechos Humanos.

Las desapariciones forzadas con implicación del Estado y grupos mafiosos también desmienten el cumplimiento del derecho a la vida de los mexicanos.

El destino de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, en el narco-estado de Guerrero, raptados hace dos años por la policía primero, y la mafia de Guerreros Unidos después, sigue hasta hoy desconocido y en espera de una respuesta oficial.

Grupos de activistas sociales denunciaron que se ignora el paradero, según el gobierno, de 29 917 personas, de ellas 22 414 hombres y 7 503 mujeres. Estas cifras del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas no incluyen casos federales anteriores a 2014, ni secuestros ni trata de seres humanos.

Este año, cuatro periodistas mexicanos fueron asesinados a mansalva por sus posiciones políticas. El pasado año murieron de igual manera otros 11, mientras continúan las denuncias de amenazas, hostigamiento, intimidación y agresiones a esos profesionales.

La violencia contra mujeres y niñas es un mal endémico en México, según registros de prensa que lamentan la carencia de datos precisos, actualizados y desglosados geográficamente, solo en Ciudad Juárez centenares de féminas han desaparecido para desespero de las familias que jamás las encuentran.

Este es el México del 2017, empobrecido y a merced de un gobierno que incumple con su sagrado deber de proteger a sus ciudadanos.