El año de la infamia en Brasil

El año 2016 quedará registrado en Brasil como el de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en un golpe de Estado parlamentario que, al contrario de lo que pensaban quienes la traicionaron, abrió una crisis política de tal magnitud que quizás desemboque en la salida de su sustituto, envuelto en un escándalo de corrupción.

Michel Temer, a la cabeza del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) desde hace 15 años, vicepresidente en el gobierno de Rousseff, ocupó su lugar en el Palacio de Planalto el pasado 1 de septiembre, luego de urdir, organizar, manipular y financiar con dinero de la oligarquía —porque se sabe que hubo fuertes sumas de por medio— la destitución de una mandataria electa en las urnas en el 2014.

Extraño el maridaje del PMDB, una agrupación siempre presente en la escena política de Brasil, actuante tras bambalinas, y el Partido de los Trabajadores (PT) de la expresidenta, el que representa, a pesar de sus divisiones internas, las ideas políticas progresistas en el gigante suramericano. Una maniobra táctica en determinado momento hizo que Temer fuera nominado vicepresidente, a pesar de sus diferencias ideológicas.

TRAICIÓN DE TEMER

Las maquinaciones de Temer contra Rousseff quedaron en evidencia cuando uno de sus socios políticos, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, ahora en prisión por ladrón, dio entrada a una denuncia de opositores a la presidenta. Este individuo solo cursó el documento luego de que Rousseff se negara a evitar que fuera procesado por su participación en el escándalo de robos y sobornos en la empresa estatal Petrobrás.

Comenzó así un proceso legislativo de tintes antidemocráticos con acusaciones no probadas, que confirmó la idea de que existía un acuerdo tácito en el Congreso Nacional y el poder judicial para apartar al PT del gobierno. Luego vendrían otras acusaciones, pero encaminadas contra el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva en un intento por criminalizar al Partido y evitar que, si hubiese elecciones anticipadas, pudiera ganar por mayoría.

Solo cuatro meses han transcurrido desde la asunción de Temer, y de los 16 ministros que nombró —incluso de un enemigo histórico del PT, el Partido de la Social Democracia Brasileña, con el canciller José Serra— 12 dimitieron por su eventual participación en los escándalos de Petrobrás, de larga data, y ahora de la empresa constructora Odebrecht.

La situación se ha vuelto crítica para el usurpador presidente. Los escándalos de corrupción que antes le salpicaban ahora se le vinieron encima.

Claudio Melo Filho, exdirector de relaciones institucionales de Odebrecht, denunció que esa empresa pagó entre 2006 y 2014 más de 80 millones de reales (moneda nacional) como propina, por caja dos, y donaciones de campaña a casi 50 políticos, la mayoría del PMDB.

Nueve importantes figuras del PMDB están implicadas, entre ellas Temer, Eliseu Padilla, ministro-jefe de la Casa Civil, Geddel Vieira Lima, exsecretario de Gobierno, además de los senadores Romero Jucá, exministro de Planificación, el presidente del Senado, Renan Calheiros, y Eunicio Oliveira.

En un documento de 82 páginas, el denunciante, quien entregaba directamente el dinero, planteó su relación con los dos principales grupos del PMDB en el Congreso y sus jefes. En el senado, Calheiros, Eunicio y Jucá, y en la Cámara con Temer (nombrado 43 veces), Padilla y Wellington Moreira Franco, actual secretario ejecutivo del Programa de Sociedades de Inversiones.

Según Melo Filho, Temer solicitó una ayuda financiera de 10 millones de reales para supuestamente financiar las campañas partidistas en 2014, una cifra autorizada por Marcelo Odebrecht, heredero del consorcio global. La repartición en el PMDB aquel año, afirma el exfuncionario de la constructora, implicaron cuatro millones de reales a Padilla, seis millones para Paulo Skaf, quien aspiraba al gobierno de Sao Paulo. El cesado diputado Eduardo Cunha recibió cerca de un millón de reales. 

A cambio de ese dinero, la cúpula del PMDB actuó a favor del consorcio principalmente en el Senado, en 12 proyectos de interés de los donadores, en especial lo relacionado a beneficios fiscales y la reducción de tributos en sectores estratégicos.

Incluso Melo Filho precisó que aunque Temer tenía un perfil bajo en esas peticiones, en el 2014 su postura cambió cuando solicitó personalmente a Odebrecht en el Palacio de Jaburu, residencia oficial de la vicepresidencia, un apoyo supuestamente dirigido a los gastos de campaña del PMDB.

En su deposición, el exfuncionario destacó la confianza entre el heredero de la compañía y Temer, con quien compartía los movimientos de la compañía y recordó la nota intercambiada por las dos figuras sobre la actuación en Portugal. “Ese ejemplo deja clar la especie de contrapartida institucional esperada entre lo público y lo privado”, expresó.

El pago de parte de los 10 millones fue hecho en la sede de la oficina del abogado José Yunes, asesor especial de Temer y uno de sus consejeros más próximos. Este individuo se autodenominó el “psicoterapeuta político” del mandatario. 

Jucá, uno de los más entusiasmados por el golpe parlamentario contra Rousseff, recibió a lo largo de los años cerca de 22 millones de reales, que después distribuyó con el grupo del PMDB implicado en el soborno.

Las acusaciones de Melo Filho es la primera de 77 acuerdos de declaraciones firmados solo con funcionarios y dirigentes de la Odebrecht, ya que están en proceso imputaciones de empleados y directores de otras constructoras. O sea, esta es otra tormenta que apenas comienza.

UN GOBIERNO USURPADOR EN PICADA

Aunque los implicados en el escándalo de Odebrecht niegan con vehemencia los hechos, lo cierto es que Temer, que fue rechazado por las fuerzas de izquierda, sindicatos y grupos sociales desde siempre, se encuentra ahora en medio de una crisis política de la cual podría salir por un hueco de emergencia.

Un grupo integrado por 15 entidades de los movimientos políticos y sociales y varios juristas presentó un pedido de impugnación o juicio político al mandatario por el delito de responsabilidad en tráfico de influencias. De inmediato, el juez Marco Aurelio Mello ordenó a la Cámara de Diputados instalar una comisión para analizar la documentación.

El motivo: las denuncias realizadas en la Policía Federal por el exministro de Cultura Marcelo Calero, quien afirmó que fue presionado, para que autorizara la construcción de un edificio en un área patrimonial de la ciudad de Salvador, en el Estado de Bahía, en el que Vieira Lima compró por anticipado un departamento de lujo.

Calero, según explicó en su renuncia, acudió a Temer quien, en lugar de apoyarlo, le dio razón a su entonces secretario de Gobierno, después del destape renunciante a su cargo.

“Me siento decepcionado porque el propio presidente me ha castigado al decirme que la política tenía estas cosas, este tipo de presiones”, o sea, la permisión de tráfico de influencias.

Uno de los firmantes de la solicitud del juicio político, el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) afirmó que la silla presidencial no es para realizar negociaciones a favor de verificados intereses particulares.

Para el jurista Marcelo Neves, de la Universidad de Brasilia, firmante de la pieza para abrir el proceso, hay una fundamentación técnica justificada.

“Temer hizo una amenaza informal a Calero y actuó contra las exigencias constitucionales de los principios de moralidad, de legalidad y de la impersonalidad de la administración pública. Es evidente que él procedió de modo incompatible con la dignidad y la honra necesarias al cargo”, apuntó.

A la solicitud de la sociedad civil se une en paralelo el de deposición presidencial presentado y ya aceptado en la instancia parlamentaria por el Partido del Socialismo y Libertad el pasado día 28.

El profesor Luis Felipe Miguel, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Brasilia dio una alerta: se están creando las condiciones ara que los militares actúen con el supuesto interés de rescatar la gobernabilidad, el mismo pretexto que utilizaron para apoderarse del poder en 1964.

En su opinión, con el golpe que destituyó una presidenta electa “entramos en la ley de la selva. Con un ejecutivo frágil, sin líder y sin legitimidad, y con un legislativo que no ve más allá de su propia banalidad, el sistema judicial está tratando de imponerse en una controversia insostenible”.

Miguel advirtió que son circunstancias que ayudan a construir un discurso de justificación de una intervención excepcional y salvadora: instituciones fallidas, incapacidad de la clase política para conducir al país, riesgo de caos.

Según dijo, aquellos que controlan las armas están en situación de ventaja. Por primera vez desde que el golpe comenzó, las condiciones para una intervención militar están siendo diseñadas. Resta conocer cuál es la disposición entre los Generales.

Para Mario Pochmann, profesor del Instituto de Economía e investigador del Centro de Estudios Sindicales y de la Economía del Trabajo de la Universidad de Sao Paulo, “la ingobernabilidad en Brasil se mantiene insuperable, lo que agrava más aún las dimensiones política y económica de la crisis actual. La señal de ello son las indicaciones que apuntan a un nuevo golpe dentro del golpe a Rousseff”.

TEMER CAE EN PICADA

Según una encuesta de Datafolha, hecha antes de que se conociera el escándalo de la empresa Odebrecht, un 75 % de las 2 800 personas participantes consideró al mandatario como defensor de los ricos; el 65 % lo calificó de deshonesto; el 50 % lo llamó autoritario.

Una escala del cero al 10 establecida por Datafolha para evaluar al gobierno se mantuvo en un 3,6, la mínima en cuatro meses.

Periodistas de la red O Globo, como Miriam Leitão, que mostró su animación con el cubil golpista, ahora se dice —cuidado con las interlíneas— decepcionada. En su columna del periódico O Globo de este lunes parece sugerir la propuesta de una enmienda para elegir un nuevo presidente, lo que indica que ya se “cocina” un cambio en el Planalto.

“El camino constitucional para la elección directa del presidente de la República (…) ya está siendo construido. Es una enmienda constitucional de la autoría del diputado Miró Teixeira, de Río de Janeiro, la cual recibió el parecer favorable del relator encargado de velar por el cumplimiento de la Carta Magna”, indica Leitão.