Dentro del infierno

Los datos internacionales confirman que las personas encarceladas en los Estados Unidos constituyen la cuarta parte de los reclusos del planeta, en un país cuya población suma apenas cinco por ciento del total mundial.

De ahí que se establezcan de inmediato las siguientes interrogantes…, entre otras: o los norteamericanos son los más propensos del orbe a actos punibles, o los niveles de represión resultan desmesurados en aquel país, todo en un espacio que sus amos locales han instituido de manera unilateral, no ya como un absolutista “modelo de sociedad”, sino incluso como juez universal de las conductas de los demás.

Pero bien, esto último —ya lo sabemos— constituye parte de la fanfarria que proclama a los cuatro vientos que Washington es la cima moral, política, ética y económica; destinada a imponer sus valores a un universo lleno de seres inferiores e incapaces, por lo tanto, no se puede esperar nada nuevo.

Lo cierto es que las cifras y los hechos indican, a pesar de las manipulaciones mediáticas, que la dosis de cinismo Made in USA en semejante entramado es exorbitante.

Hace apenas unos meses, un colega indicaba, por ejemplo, que sesenta por ciento de los reos norteamericanos (de hecho mayoritariamente negros o latinos con relación a los anglosajones) están sometidos a trabajos forzados o son mano de obra sumamente barata para diversas empresas incrustadas en el sistema carcelario, que, por demás, cuenta con un buen número de centros penales netamente privados.

Añadía a esa información que “actualmente hay cerca de 3000 menores de edad condenados a cadena perpetua sin posibilidad alguna de lograr la libertad condicional, en tanto otros 10 000 se encuentran confinados en prisiones para adultos”.

Otras fuentes abundan en el asunto al revelar que entidades como la Corrections Corporation of América, la más antigua de las compañías que administra cárceles en la primera potencia capitalista, tiene a su haber 66 prisiones con 91 000 detenidos, y ganancias anuales de 1700 millones de dólares. Por su parte, su “gemela de operaciones”, la llamada GEO, controla 65 penales, más de 64 000 detenidos, y factura 1600 millones de dólares por año. Ambas empresas, prosigue el informe, elevaron sus ingresos en 46 % entre 2007 y 2014, entre otras cosas, con el pago de apenas 25 centavos la hora a cada uno de sus miles de “empleados forzosos”.

Pero la historia no termina ahí, porque todos los reos de las autoridades gringas no son norteamericanos ni están confinados en aquella nación.  Sin mayores búsquedas para los amantes de internet, el sitio Wikipedia refiere la existencia, a cargo de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, y de otros órganos oficiales estadounidenses, de cárceles secretas denominadas en clave black sites (entre ellas la ubicada en la ilegal Base Naval de Guantánamo, en suelo cubano), donde permanecen y son torturados habitualmente miles de extranjeros a quienes se identifica como pretendidos terroristas.

El asunto para Washington es tan insustancial, abierto y descaradamente público que la actual jefa de la inteligencia norteamericana, la señora Gina Haspel, acumula entre sus méritos de servicio la creación en Tailandia del primero de los centros clandestinos de detención que el gobierno estadounidense abrió en el exterior luego de los sucesos del 11 de septiembre de 2001.

Un año más tarde, ya la susodicha dama estuvo presente en al menos dos interrogatorios en los que se utilizaron tortura contra los prisioneros, y su implicación con la “extensión de la iniciativa” resultó vital, según la propia Casa Blanca.  De hecho, cuando ocupó el número dos en la jefatura de la CIA, el Centro Europeo para los Derechos Humanos y Constitucionales presentó una solicitud formal a la Fiscalía alemana pidiendo a Berlín la detención de la Haspel, porque “entre 2002 y 2005 estuvo implicada, de un modo relevante en términos de responsabilidad criminal, en el programa de tortura y rendición de la CIA”, que, dicho sea de paso, instaló no pocos de sus black sites en el Viejo Continente con la anuencia de autoridades locales.

De manera que, así las cosas, resulta un tanto difícil asumir las estimaciones y valoraciones de sello oficial gringo con relación a derechos penales, judiciales o humanos. En todo caso vale la recomendación de que, ante todo, se miren por dentro y reconozcan y laven sus muchísimo trapos sucios en semejantes apartados.