Decadencia peruana

Los últimos movimientos políticos del presidente peruano Martín Vizcarra, que involucran a los poderes legislativo y judicial, podrían ser insuficientes para insuflar vida a un sistema político en decadencia, dado el alto grado de corrupción que corroe al oficialismo, un mal devenido endémico en esa nación suramericana.

Vizcarra, quien como su vicepresidente primero sustituyó en marzo pasado al renunciante Pedro Pablo Kuczynski —acusado de participar en el esquema de corrupción de la constructora brasileña Odebretch—, impuso sus reglas de juego para tratar de salir de la crisis institucional vigente. El pasado día 16, en comparecencia televisiva, dio 72 horas al Congreso Nacional para que le diera un voto de confianza a su gobierno y aprobara de inmediato cuatro reformas constitucionales —para luego llevarlas a referendo en diciembre próximo— para al menos en apariencia cambiar las reglas de juego de políticos, diputados y de la magistratura a distintos niveles.

Perú enfrenta en la actualidad una aguda crisis institucional, cuya solución debía pasar más por una reestructuración a fondo que por pequeñas curitas a una gran herida por la cual se diluye la credibilidad del oficialismo.

Cuando Vizcarra se dirigió a los peruanos haciendo valer sus credenciales puso al Congreso Nacional contra la pared. O aprobaba rápidamente su solicitud, entregada personalmente 40 días antes, o disolvía el órgano legislativo.

El presidente presentó la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, asumida como una respuesta al escándalo desatado por la difusión de una serie de grabaciones en la que jueces y otros funcionarios judiciales negociaban sentencias y nombramientos. El retorno a un legislativo bicameral, sin modificar el actual número de parlamentarios, es el segundo cambio solicitado por Vizcarra; el tercero prohíbe a los legisladores electos con voto popular sumar dos períodos consecutivos.

La cuarta reforma establece que todas las organizaciones con fines políticos están obligadas a rendir cuenta sobre sus ingresos y gastos, dentro y fuera de las campañas electorales, y prohíbe por decreto la recepción de fondos anónimos de origen ilícito o de personas condenadas por ciertos delitos.

Sin embargo, el límite de 72 horas concedido por el mandatario estuvo a punto del naufragio a causa de la negativa de la mayoritaria bancada del partido fujimorista Fuerza Popular (FP), enfrentado al gobierno de Vizcarra. En el último momento FP aceptó porque, en caso contrario, se habría gestado un choque de poderes que llevaría al cierre del Congreso y la convocatoria presidencial a nuevos comicios legislativos. Dado el desprestigio existente en la Cámara, la oposición no quiso exponerse y perder sus escaños.

La disolución podía afectar además a la economía nacional, que viene recuperándose tras la crisis política que condujo en marzo pasado a la renuncia de Kuczynski.

SALIR DEL LODO

La realidad peruana es cruda. Expresidentes como Alberto Fujimori, Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Kuczynski están acusados de ejercer la corrupción durante sus mandatos. Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad y ladrón, logró el indulto de Kuczynski en diciembre pasado a cambio de que los legisladores de su partido evitaran su impugnación por delincuencia.

Pero en ese pantanal ni Vizcarra se salva de las acusaciones. En 2015, la Procuraduría del gobierno regional de Moquegua, en el sur del país, presentó 48 denuncias en su contra por presuntas irregularidades cometidas en la aprobación del proyecto “Construcción y mejoramiento del Hospital de Moquegua”.

Las denuncias indican que cuando era presidente del Departamento de Moquegua (2011-2014) recibió comisiones por diversas compras, coimas, falsas facturas de alimentación, ilegalidad en la renovación de un colegio (más de 10 millones de soles, moneda nacional), corrupción en la compra de motocicletas y dudosos préstamos para inversiones. Como vicepresidente de Kuczynski (2016-2018) apoyó el indulto a Fujimori.

¿Cuántos congresistas corruptos están en funciones en este momento? Al menos la mitad de la composición de la Cámara está bajo investigación, incluida Keiko, la hija del dictador, y líder de FP, y su hermano Kenji.

Los descendientes del exmandatario aparecen acusados de blanqueo de dinero sucio, de vínculos con las mafias de la droga y corrupción de funcionarios para lograr beneficios políticos. FP está ligado directamente a Fujimori y a su sucesor Vladimiro Montesinos, quienes durante diez años, según las causas en su contra, cometieron crímenes y robos. Ambos fueron acusados de pertenencia al narcotráfico local e internacional.

Setenta legisladores están afiliados al partido dirigido por Keiko, lo que los vincula directamente a los delitos cometidos por la familia, considerada parte de la mafia del narco en la tierra de José Carlos Mariátegui.

¿Cuántos jueces forman parte del esquema mafioso en la actualidad? No hay números definitivos. La olla estalló en Perú cuando reporteros del programa televisivo Panorama divulgaron varias grabaciones que demuestran tramas de corrupción entre magistrados, legisladores y empresarios, entre otras figuras de poder.

El suspendido juez supremo César Hinostroza protagoniza varias grabaciones. Se escucha cuando le pregunta a una persona no identificada si quiere que le baje la pena o declare inocente a un acusado de violar a una niña de 11 años.

En otro audio, Hinostroza conversa con el magistrado Pedro Chávarry, nuevo fiscal juramentado el pasado viernes, sobre el interés mutuo de intercambiar favores políticos, sin precisar su naturaleza.

Respaldado por los artículos 133 y 134 de la Carta Magna, la amenaza de Vizcarra solo surtió efecto pocas horas antes de cumplirse el plazo para disolver el Congreso. Por 82 votos a favor, 22 en contra y 14 abstenciones, la moción de confianza en el gobierno fue aprobada después de casi 12 horas de debates.

Casi de inmediato los legisladores acordaron por unanimidad la aprobación de la primera reforma y removieron el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que dio paso a la Junta Nacional de Justicia, la que podrá elegir, ratificar, y destituir a jueces y fiscales.

El diario peruano Perú 21 consideró fundamental ese paso para reformar el sistema nacional de justicia, con lo cual está de acuerdo el 80 % de los ciudadanos.

Mientras, el Poder Judicial —indicó el diario El comercio— permanece “en estado de emergencia, que obliga a cambios administrativos integrales en el sistema”.

Sin embargo, Vizcarra se mostró inconforme con la lentitud del Congreso. El pasado jueves advirtió que quiere el visto bueno a la totalidad de las reformas, no a una sola, mientras periódicos como La República indicaron que hay resistencia de los legisladores a algunos cambios que comprometen la esencia corrupta del congreso.

Si se aprueba el segundo cambio y Perú retorna a un parlamento bicameral, la Cámara de Diputados tendrá 100 miembros, mientras habrá 30 senadores, como existió hasta 1992, cuando el entonces presidente Fujimori disolvió las Cámaras y estableció el sistema unicameral que le respaldaba.

Tampoco concuerdan los fujimoristas con la tercera reforma que impide la reelección parlamentaria de forma continuada, una norma que no aplica en ese país para alcaldes, gobernadores regionales y el presidente de la República.

La cuarta reforma, fiscalizadora de la financiación de los partidos políticos, la mayoría comprometidos en crímenes delictivos, tampoco es del agrado de los parlamentarios, pues es sabida la fuga de dinero, los sobornos por futuro tráfico de influencias y otras figuras en práctica común.

Si existe o no una salida a la crisis política, legislativa y judicial en Perú es difícil de predecir, tomando en cuenta que son muchos los indicados como corruptos los que están dirigiendo el llamado proceso de limpieza nacional.

Para el analista Luis Arce Borja “no hay recetas prefabricadas para acabar con la podredumbre política en Perú. En breve, una solución a la crisis del sistema político peruano conlleva al análisis, la reflexión y sobre todo (…) exterminar el bandidaje político, el saqueo de las riquezas por las transnacionales. Plantearse con las masas. Liquidar ese sistema que ya no da más, en su reemplazo construir otro”.