La ofensiva derechista contra Venezuela adopta nuevas formas en estos días, cuando al ataque financiero de los capitales locales y extranjeros se une el complot de la tríada derechista de Suramérica —Argentina, Brasil y Paraguay— para sacar a ese país del Mercado Común del Sur (Mercosur), bloque al que pertenece desde 2012 —seis años después de su petición oficial— y del que ostenta la presidencia pro tempore a partir del pasado 29 de julio.
Los gobiernos derechistas del argentino Mauricio Macri, el usurpador brasileño Michel Temer, y el paraguayo Horacio Cartes (país que se opuso siempre a la entrada de Venezuela) rechazan por razones políticas e ideológicas la permanencia de Caracas en el grupo económico, al que el fallecido presidente Hugo Chávez otorgó un nuevo carácter con el análisis de los problemas que afectan a los pueblos, entre ellos el desempleo, la pobreza y la exclusión social.
La entrada de Caracas al Mercosur ocurrió luego de que Paraguay fuera suspendido por el derrocamiento mediante un golpe de Estado parlamentario al presidente legítimo Fernando Lugo, y después de las elecciones ganadas por Nicanor Duarte fue reincorporado.
Los intereses de Venezuela, la quinta exportadora de petróleo a nivel mundial, chocan de manera frontal con los nuevos gobiernos neoliberales, defensores de los intercambios con empresas trasnacionales que buscan apoderarse de Suramérica, una fuente hasta ahora inagotable de recursos naturales y energéticos, además de fuerza de trabajo de bajo costo.
Para Chávez, y después para el actual mandatario Nicolás Maduro —a quien la reacción internacional pretende derrocar a cualquier costo—, la defensa de un Mercosur de tendencia social podría marcar la diferencia de lo que hasta entonces, y antes de los cambios operados en varios países suramericanos, era Mercosur: apenas un aparato conservador inclinado a convenios de libre comercio.
Cuando Venezuela ingresó en el Mercosur existía otra correlación de fuerzas en América del Sur. Además de Chávez presidía Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, y en Argentina estaba Néstor Kirchner, tres hombres que dieron un viraje a la geopolítica regional y adelantaron proyectos de carácter social en sus respectivos países.
LA IRRESPONSABILIDAD DE LA DERECHA SURAMERICANA
La destituida presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, calificó de “acto peligroso e irresponsable que compromete la convivencia entre las naciones de Suramérica” las maniobras derechistas en el Mercosur contra Venezuela, pues ese país cuenta con las principales reservas de petróleo del mundo, certificadas en 297 570 millones de barriles, las mayores del mundo reconocidas por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Rousseff indicó que la justificación para sacar a Caracas del Mercosur es intrascendente y “está guiada por intereses imperiales que amenazan la soberanía de la hermana nación democrática”, cuya divisa política en el órgano subregional, enunciada por Chávez, es el fomento de “un nuevo mecanismo de integración que vaya más allá del comercio”.
La guerra para deslegitimar al gobierno socialista de Maduro al interior del bloque comenzó desde el mismo momento en que asumieron Macri y Temer, con la comparsa acompañante de Cartes; Uruguay, otro de los miembros fundadores, mantiene una postura discreta desde que le entregó la presidencia temporal (un semestre) a los venezolanos.
El ardid para suspender a Caracas carece de legitimidad. Venezuela es acusada de adecuar menos del 30 % de la normativa nacional a las reglas relativas al comercio, la política de energía, infraestructura, derechos humanos y defensa. Sin embargo, la canciller Delcy Rodríguez aseguró que su gobierno asumió las normativas del Mercosur que no entran en contradicción con la Constitución Nacional.
En un gesto inaudito en la historia de las relaciones en el bloque, el pasado día 2 varios funcionarios enviaron un mensaje a la canciller en el que anuncian que Venezuela cesaba de ejercer sus “derechos inherentes” como Estado parte del bloque regional, por supuesto incumplimiento de obligaciones asumidas en el Protocolo de Adhesión.
La separación de Venezuela por parte de tres de los cinco miembros plenos de Mercosur viola el artículo 37 del Protocolo de Ouro Preto, el cual precisa que “…las decisiones de los órganos del Mercosur serán tomadas por consenso y con la presencia de todos los Estados Partes”.
Por tanto, el comunicado carece de valor y fundamento jurídico, ya que desestima los estatutos del organismo y porque Mercosur carece de mecanismos sancionatorios en la acusación específica. En cuatro años, Venezuela incorporó el 95 % de las normativas compatibles con su Carta Magna.
SIN DERECHO A LA DEFENSA
“No han dado el derecho a la defensa a Venezuela. Nos han juzgado y sentenciado y nos han declarado culpables sin derecho a la defensa. Han obrado de manera injusta, desproporcionada, ilegal, muy injusta”, afirmó Maduro la pasada semana ante un grupo de líderes de su país, en la que declaró “un golpe de Estado impuesto en Mercosur”.
Dos pasos concretos dio ese país hasta ahora para contrarrestar el complot derechista. El presidente Maduro solicitó una entrevista a su par uruguayo Tabaré Vázquez, de gira por Europa, para analizar la situación: en tanto la titular de Exteriores convocó una reunión de los restantes miembros del Mercosur para analizar las diferencias y encontrar una solución colegiada, tal como establece el Protocolo de Olivos, para la solución de controversias en el bloque.
Vázquez expresó este domingo la voluntad de reunirse con Maduro para debatir, dijo, la suspensión de Venezuela y aseguró que “la medida suspensoria no es irreversible y puede cambiarse aplicando fundamentos jurídicos y diálogo”.
Los reales intereses de la tríada conservadora en el Mercosur quedaron en evidencia con las declaraciones de la canciller de Argentina Susana Malcorra, quien declaró que Venezuela constituye un “problema” porque afecta la proyección internacional del grupo y las negociaciones, según su apreciación, con la Unión Europea.
Aunque se escudan en una maraña de normativas que supuestamente incumplió Caracas —lo cual es falso— el propósito de Buenos Aires, Brasilia y Asunción es sacar a Venezuela para integrarse en la Alianza del Pacífico, a la que ya pertenecen Colombia, Chile, Perú y México. El próximo paso sería el acceso a los acuerdos Transpacífico y Transatlántico de los Estados Unidos, una recomendación especial del centro de estudios Atlantic Council (financiado por Chevron, el banco HSBC, Kimberly Clark).
Peter Schechter, director para Latinoamérica del Centro de Estudios Atlantic Council, declaró hace unos días que Venezuela sufre una “crisis humanitaria”, o sea, que sienta las bases para una eventual intervención foránea, como ocurrió en Haití.
Entre los financistas del Atlantic Council están los bancos JP Morgan, Goldman Sanchs y HSBC: relacionados con miembros del gabinete de Macri, entre ellos su ministro de Finanzas, Alfonso Prat Gay, y el presidente del Banco Central de Brasil, Ilan Goldfajn, procedente del ITAU, cuyos accionistas principales son JP Morgan y Vanguard Corp.
A pesar de los buenos oficios del gobierno venezolano, no parece que haya interés alguno en sus pares del Mercosur. A la cita para suscribir la convocatoria venezolana solo se presentó el representante de Bolivia, país integrado al bloque en julio de 2015 en calidad de socio pleno, lo cual se hará efectivo cuando las cámaras legislativas de ese país, de Paraguay y de Brasil lo aprueben en sus respectivos órganos legislativos.
Términos y condiciones
Este sitio se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, que estén fuera de contexto o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social. Recomendamos brevedad en sus planteamientos.