Colombianos dirán la última palabra

El proceso de paz de Colombia tiene ante sí un camino de escollos por recorrer, entre ellos la celebración de un plebiscito especial, avalado por la Corte Constitucional, y en el que el pueblo legitimará o no los acuerdos suscritos en La Habana entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).

Si los colombianos no refrendan los documentos adoptados, luego de casi cuatro años de debate, sería en vano el esfuerzo del presidente Juan Manuel Santos y los líderes guerrilleros para devolverle la tranquilidad a los colombianos e iniciar una nueva fase en la vida nacional, no exenta de peligros, entre otras causas por la actuación de los grupos paramilitares dirigidos por la derecha.

Cuando comenzaron las conversaciones, tras 50 años de guerra interna, existían posiciones diferentes sobre temas esenciales, en los que las delegaciones de las partes debieron buscar mecanismos de conciliación para alcanzar acuerdos de trascendencia.

Entre los asuntos que se firmaron acuerdos en La Habana están los referidos a la reforma rural integral, participación política, combate contra el tráfico ilícito de drogas, víctimas, cese del fuego bilateral y dejación de armas. Pero aunque las señales indican que pronto se suscribirá el Acuerdo Final de Paz, todavía hay algunos aspectos en las conversaciones por resolver, como el mecanismo por el cual serán escogidos los magistrados del tribunal especial encargado de aplicar la justicia transicional a responsables de la contienda.

También el gobierno y los delegados de las guerrillas deben perfilar los mecanismos idóneos para facilitar la incorporación a la vida civil de los futuros desmovilizados, jóvenes en su mayoría, que le darán un vuelco de 180 grados a su existencia.

SÍ O NO A LA PAZ

En opinión del ministro del interior, Juan Fernando Cristo, quizás a fines de septiembre podría realizarse el plebiscito en el que pueden votar 34 700 000 personas habilitadas en un programa a nivel de elecciones presidenciales, en el que se gastarán 350 millones de dólares.

El registrador nacional del Estado civil, Juan Carlos Galindo, afirmó que la tarjeta electoral será sencilla, pues solo hay un Sí o No para marcar, pero sin indicar cuál será la pregunta a responder.

Lo que sí queda claro es que los ciudadanos votarán sobre el texto del Acuerdo Final de Paz, o sea, de manera íntegra y no por temas. La respuesta avalaría o negaría todos los puntos aceptados por la agenda de las negociaciones.

Pero antes de que los colombianos vayan a las urnas, Santos deberá notificar de manera oficial al Congreso Nacional su interés en llamar a la ciudadanía a la consulta. Ese órgano posee 30 días para responderle. Pero si no lo hace, le corresponde al mandatario la convocatoria, aun sin autorización. A partir de ese momento, si se diera la última situación, hay cuatro meses para determinar la fecha.

¿REFRENDACIÓN EXITOSA?

Los políticos colombianos están enfrascados en una dura batalla. El grupo parlamentario de derecha, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, fundador y jefe máximo de los grupos paramilitares, se oponen al triunfo del Sí y amenazan con boicotear el proceso.

El partido derechista de Uribe, Centro Democrático, repudió incluso el plebiscito con el argumento de que con la respuesta de Sí o No el pueblo quedará sin opción para modificar el contenido de algunos consensos. Además, repudiaron en un comunicado los resultados de las conversaciones en La Habana por considerar que “generarán impunidad”.

Observadores indicaron que con seguridad la prensa derechista recrudecerá su campaña en contra de la refrendación positiva, pues no sería la primera vez que muestran su oposición a la pacificación nacional.

La Corte Constitucional aprobó, que para que triunfe cualquiera de las dos opciones, la cifra corresponderá con el mínimo del censo electoral colombiano, es decir, el 13 %. O sea, exactamente 4 396 625 votos. Para que no haya dudas, esa instancia previó la obligación del ejecutivo de publicar con tiempo suficiente y de manera textual los acuerdos firmados con las fuerzas guerrilleras. Si la votación afirmativa alcanza esa cifra, los acuerdos de La Habana están aprobados por la ciudadanía. Si posee menos, significaría el rechazo del pueblo al proceso de paz.

Aunque la izquierda colombiana —partidos, organizaciones y movimientos sociales—, confían en ganar el plebiscito, algunos observadores piensan que la lucha por cada voto será ardua, pues la derecha continúa sus planes encaminados a derrotar la paz.

El parlamentario del Polo Democrático Alternativo Iván Cepeda no ocultó su rechazo a los planes de los uribistas, pero invitó a analizar de manera tranquila el resultado de las negociaciones y su futuro para Colombia, en declaraciones a Caracol Radio.

“No debe haber miedo a la justicia que se derivará de los pactos, tampoco a los cambios previstos en materia de reforma rural y otros que el país busca desde hace décadas”, apreció el diputado por la mayor agrupación nacional de izquierda.

También la exsenadora Piedad Córdova, defensora de los derechos humanos y la paz, afirmó que la movilización organizada por sectores de la izquierda para refrendar la paz pretende alcanzar 10 millones de votos por la opción del Sí en el plebiscito mediante la campaña nacional “La paz sí es contigo”.

Con el apoyo ciudadano, Santos podrá encaminar ante el Congreso Nacional una serie de leyes imprescindibles para que los acuerdos pactados se realicen como indican los textos firmados en Cuba.

En aras de agilizar ese proceso, se hará factible el Acto Legislativo para la Paz, el cual concede facultades al mandatario por seis meses para emitir decretos con fuerza de ley. En ese medio año, el Congreso Nacional funcionará con un procedimiento legislativo especial para aprobar las leyes de forma más ágil.

Para cambiar la situación en que viven millones de ciudadanos, el gobierno colombiano deberá buscar una mejor distribución de la riqueza nacional, pues es la nación con mayor desigualdad en ese acápite de América Latina y la cuarta más desigual del mundo, según Naciones Unidas.

A pesar de sus riquezas, en Colombia la pobreza y la indigencia (40 por ciento) son unas de las más altas del continente, con mayor presencia en las áreas rurales, sobre todo en la población negra.

Respecto a la población económicamente activa, más de la tercera parte labora en el mercado informal, desempleo disfrazado o subempleo ambulante, o actividades familiares sin acceso a la seguridad social básica.

La guerra interna de Colombia dejó un saldo conocido de unos 300 000 muertos, casi siete millones de desplazados de sus lugares de origen y unos 45 000 desaparecidos, aunque las cifras pudieran ser superiores.