Clase política brasileña atraviesa grave crisis

Aunque no sean culpables, la publicación de una lista de casi 100 políticos brasileños supuestamente involucrados en la corrupción desatada por la constructora Odebrecht, pone en el tapete los entresijos de una clase política en marcada decadencia y la necesidad de un cambio institucional en el gigante suramericano.

Esta semana, el ministro del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), Edson Fachín, ordenó la apertura de investigaciones contra ocho ministros del presidente Michel Temer, tres gobernadores, 24 senadores, 39 diputados, y cinco ex mandatarios representantes de 17 partidos —de ellos solo Luiz Inacio Lula da Silva negó los hechos— delatados por Marcelo Odebrecht, expresidente de la compañía, condenado a 19 años de prisión.

Además de Marcelo, otros 77 ejecutivos, todos presos, también indicaron a otros titulares políticos —son 231 personas relacionadas— por aceptar dinero de la constructora a cambio de favores, como la asignación de obras de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, indicó el periódico Estado de Sao Paulo en primicia..
Aunque la relación impresiona, no se trata de una acusación ni de una condenación, aclaró Estado de Sao Paulo tratando de minimizar los hechos que demuestran la podredumbre existente en distintas instancias del Estado y el gobierno brasileño.

Tampoco significa que están todos los implicados, pues hace pocos meses el exjefe de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, fue condenado por corrupto en el caso Petrobras, y la tercera parte de miembros de esa instancia son investigados por la misma causa.

Lo que resulta claro es que más allá de los resultados de los procesos, la cúpula política del país está en entredicho, y que el presidente Temer cayó a solo un 5 % de respaldo popular y puede seguir bajando. O sea, los Poderes Ejecutivo y Legislativo están patas arriba.

Aunque ahora este hecho incriminatorio atice el rechazo popular contra el conservador mandatario, sustituto de la presidenta Dilma Rousseff en agosto del pasado año por un golpe de estado parlamentario que él organizó, el jefe del Planalto recibe de manera continua las críticas de los sectores opositores, y de las organizaciones sindicales, estudiantiles, campesinas y sociales.

Ante la inesperada denuncia, el periódico Jornal de Brasil teme que detrás de las imputaciones se escondan otros intereses, sin mencionarlos, para destruir la institucionalidad del país precisamente ahora.

“¿Por qué sacar a la luz las informaciones de los corruptos y no prenderlos, secuestrando sus bienes y colocándolos en disponibilidad, hasta tener la certeza de que son ellos los ladrones, para que posteriormente podamos llevarlos a las mismas condiciones que viven los desempleados y sus familias, al margen de la sobrevivencia?”, pregunta Jornal do Brasil.

En un editorial, ese medio recuerda que “tenemos un país con solo 500 años, pobre, sin cultura, donde el pueblo marginalizado no tiene claridad entre lo que es cierto y lo errado. Es un pueblo sin instrucción y poca cultura para hacer la definición social de la forma violenta necesaria para reaccionar contra esos que son responsables por las condiciones de vida del actual momento de Brasil”.

Mientras, ante la crisis, algunos medios de derecha brasileños, como el diario O Globo, exigen abiertamente que el ministro Fachín acelere las indagaciones, pues, dice, no deberán atrasarse las reformas antisociales en discusión, y que son repudiadas por millares de personas en protestas públicas. Fachín dio 30 días a la Policía y otras autoridades para determinar las culpabilidades.

Esas fuentes conservadoras defienden las propuestas de Temer sobre la Enmienda a la Constitución Nacional que altera las reglas de las jubilaciones y del mercado laboral y cuya discusión en pauta podría ser detenida, ya que muchos diputados y senadores han desaparecido de las Cámaras.

En menos de un año de gobierno, este viejo politiquero, entre otras medidas neoliberales, congeló por 20 años los gastos sociales en el presupuesto nacional, y vendió el pre-sal, una de las grandes concentraciones petroleras de la nación, tercerizó el empleo y obstaculizó la demarcación de tierras indígenas y de los pueblos originarios.

En estas acusaciones generalizadas se reconocen las señales de las viejas prácticas de la política brasileña, en la que se mojan todos los tiburones, sean de partidos pequeños, o de los grandes, como el de los Trabajadores (PT), la Social Democracia (PSDB), o el Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de Temer, según indica la relación ofrecida por Fachín.

La revelación del STJ demuestra —se comprueben o no las indicaciones— que se tornó inverosímil el discurso que asociaba la corrupción con la izquierda, luego del escándalo del llamado Mensualón, en que fueron acusados algunos altos dirigentes del PT y justificaba la continua persecución judicial después contra el expresidente Lula.

Aunque cada ataque a los derechos sociales, cada nueva concesión a las élites por Temer es justificado por una llamada corrección de rumbos, las acusaciones indican que el PMDB es el más afectado en el escándalo LavaJato, que asocia a Odebrecht con la petrolera estatal Petrobras.

La posible corrupción denunciada por el STJ desmonta la perorata de los conservadores que asociaba robo-izquierda y demuestra que, en Brasil, son escasos los políticos que no sucumben a la tentación del dinero ofrecido por las grandes empresas para financiar sus campañas electorales. A cambio, los gobernantes ordenan ejecutar sus proyectos y los congresistas aprueban leyes para favorecerlas, con la vista gorda de la Justicia.

Durante los cuatro mandatos consecutivos del PT, tanto Lula da Silva como Rousseff hicieron todos los esfuerzos posibles, a pesar de tener al Congreso en contra, para otorgarle sus derechos a los más humildes, pero sin tocar los privilegios de los capitales, sus gobiernos estaduales o municipales, sus bancos y las multinacionales, no podían hacerlo.

Ante las circunstancias expuestas en la nación suramericana, hay que preguntarse cómo reaccionarán los políticos honestos: si serán capaces de mover los molinos y si los actuales partidos de la llamada izquierda moverán los resortes de la necesaria Reforma Política que corte de raíz la corrupción.

O, por el contrario, si llegan al Palacio de Planalto en los próximos comicios, serán capaces de no mirar a los lados. Ello los convertirá en rehenes de un Congreso Nacional —como lo fue Rousseff— electo por el poder económico, el que realmente gobierna el país.

Si, como muchos piensan en Brasil, los grandes capitales y la oligarquía agraria son intocables, entonces solo un movimiento de masas puede obligar a los futuros líderes a someter a un revocatorio las medidas neoliberales impuestas por Temer y su camarilla, una idea manejada en algunos círculos.

Algunos politólogos estiman que ante el pueblo aparece la gran oportunidad, en los próximos comicios, o quizás antes, de quebrar un sistema político de carácter corrupto y primitivo.

Cualesquiera que sean los acusados finales del esquema de Odebrecht, el primero a gran escala conocido, la opinión pública nacional e internacional ya está impregnada de nombres y partidos donde pululan quienes hacen carrera y fortuna a tenor de sus cargos.

Llámese Caja 1, Caja 2, propinas u otras formas de vandalismo económico, solo será eliminado cuando el pueblo brasileño, de manera limpia y soberana, decida qué gobierno quiere, y cuál rumbo tomará para eliminar la podredumbre de las agendas políticas de sus instituciones.