lunes, 30 de septiembre de 2024

Chapo Guzmán tras las rejas ¿y los 43 de Ayotzinapa?

Golpe mediático para el gobierno de Peña Nieto resultó la captura del narcotraficante, pero el gobernante aún tiene la deuda con el pueblo de la desaparición de los estudiantes en Ayotzinapa...

Clara Lídice Valenzuela García en Exclusivo 30/01/2016
1 comentarios

Aunque el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto dio un golpe mediático con la captura del narcotraficante más buscado en México, Joaquín Archibaldo “ El Chapo” Guzmán, es evidente su fracaso en una solución creíble sobre la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en el violento Estado de Guerrero, hace este martes 26 meses.

Son dos casos que están imbricados por la presencia de los grupos mafiosos que operan en México. Personas como el Chapo Guzmán, el capo del Estado de Sinaloa, llamado así por su baja estatura de 1,68 metros, promueven la violencia, asesinatos y fusilamientos extrajudiciales, así como secuestros de miles de mexicanos cada año.

Lo que realmente ocurrió con los alumnos de la escuela normalista de Ayotzinapa, que viajaron al municipio de Iguala para manifestarse contra decisiones del Alcalde, todavía está en penumbras por las imprecisas investigaciones del gobierno federal, al que le impusieron mayor compromiso público luego de ser denunciado en Ginebra en la Comisión de Derechos Humanos.

La trágica situación vivida en Iguala levantó una oleada de solidaridad con los jovencitos y sus familiares, que estremeció América Latina y otras latitudes, en tanto el Mandatario sabía, y sabe, que nadie cree en las versiones oficiales.

Al parecer, algunos políticos mexicanos creyeron que la captura del millonario mafioso (según la revista Forbes posee mil millones de dólares de fortuna personal), luego de escaparse de una cárcel de alta seguridad y ser recapturado seis meses más tarde, haría que el caso de los 43 pasara a un segundo plano.

Respecto al Chapo, nacido en Sinaloa hace 54 años, se han escrito millares de páginas en la prensa y millones de mensajes han circulado en las redes sociales, mucho más cuando se conoció de una entrevista que le concediera al actor estadounidense Sean Penn y salieran a la luz presuntos vínculos con la actriz mexicana Katty del Castillo.

Analistas de la escena política mexicana sacan sus cuentas y coinciden en que el más beneficiado con la aprehensión es Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que muestra al delincuente como un trofeo, con promesas a la ciudadanía de menos violencia, una manera de ganar simpatías con vistas a las elecciones presidenciales del 2018.

Son muchos los que dudan de que la recaptura de este delincuente, cuyos resortes llegan hasta el narcotráfico en Estados Unidos, menguará la actividad mafiosa en territorios del antiguo país azteca, como Guerrero, donde desaparecieron los estudiantes.

Incluso fuentes periodísticas dijeron que al igual que el Chapo supuestamente invirtió cifras millonarias para financiar la campaña de Peña Nieto, otros narcos de su calaña también invertirán dinero en futuros candidatos. Por tanto, será difícil romper la estructura del narco-Estado.

En el llamado narco-Estado (que involucra a los delincuentes con figuras y organismos estatales) aparece comprometido el oficialista PRI —según pruebas documentales—, por lo que expertos mostraron sorpresa ante el encarcelamiento de Guzmán bajo un gobierno de ese partido, estrechamiento vinculado a Washington.

Uno de ellos es Phil Jordan, exjefe de la agencia antidroga de Estados Unidos (DEA) en El Paso, Texas, y miembro de esa institución durante más de tres décadas, quien hizo declaraciones comprometedoras a la cadena Univisión.

“Nunca pensé que (gobernando) al PRI lo iban a arrestar, porque “El Chapo” Guzmán metió mucho dinero a la campaña de Peña Nieto. Eso está documentado por la Inteligencia de los Estados Unidos, y conocemos que el Chapo siempre ha estado metido en la política a través del dinero”.

Para Jordan el arresto del narcotraficante tiene varias aristas, pues el sistema de los cárteles de México y Colombia es pagarle al Estado para que los proteja. El Chapo pagaba millones de dólares para andar libre y como único se entiende su captura es por un acuerdo interno entre México y Estados Unidos”, indicó el exjefe de la DEA.

El apresamiento del conocido mafioso fue catalogado de medida cosmética por Edgardo Buscaglia, investigador principal de la Universidad de Columbia y especialista en el impacto del narcotráfico en el desarrollo de los países. Buscaglia expresó a Noticias MVS que “…no vemos todavía acciones institucionales en México que me den el optimismo para decir que esta detención se va a traducir en una disminución de la frecuencia con la que la red Sinaloa comete 22 tipos de delitos distintos en el país”.

“No vemos operativos —precisó— contra las empresas agropecuarias, constructoras o mineras que forman parte de la red, ni acciones concertadas del sistema judicial contra la enorme corrupción política. Los mismos funcionarios admiten off the record que la corrupción política está desbordada”.

En un editorial del periódico El Financiero se explica la dependencia narco-Estado. Este medio argumentó que las campañas electorales mexicanas son de las más costosas a nivel planetario, por lo cual, aseguró, todos los partidos aceptan dinero ilícito mediante partidas de apoyo social de las empresas y organizaciones vinculadas al crimen organizado.

Algunas fuentes periodísticas también aducen a que la detención del jefe del cártel de Sinaloa —según sus jefes con sucursales en 54 países, la más poderosa de ellas, la de Milán, Italia, en el sur de Europa— es debido a la presión ejercida sobre el gobierno mexicano por Estados Unidos, que reclama la extradición del exprófugo.

Para Samuel González, investigador y ex jefe de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), el apresamiento está vinculado directamente a la liberación en agosto del 2013 de Rafael Caro Quintero, apodado el Narco de narcos, quien fue preso en los años 80 por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena, lo cual causó fisuras entre México y Washington. El Chapo y otros dos jefes mafiosos (El Mayo y El Azul) presentaron el amparo que logró la libertad de Caro Quintero.

Para González, el cártel de Sinaloa no sabía en lo que se había metido, pues rebasó la línea que le daba la posibilidad de operar sin presiones de Estados Unidos. Con la medida judicial que interpusieron quebrantaron sus presuntos acuerdos sin dejarle opción a México.

La detención de Guzmán —quien mueve drogas por valor de entre 10 000 y 20 000 millones de dólares anuales— también avisa a la opinión pública de que el Estado (al menos es una interpretación oficial) está retomando el control sobre grupos mafiosos, como Guerreros Unidos, que, según declaraciones de sus miembros, asesinaron e incineraron a los llamados 43 de Ayotzinapa en un basurero del municipio vecino de Cocula y sobre el río San Juan.

Pero no todo es color de rosa para Peña Nieto y su gabinete ministerial.

Para la periodista mexicana Georgina Moretti, el desborde mediático sobre el narco de Sinaloa funciona solo hasta cierto punto, pues el caso de los normalistas de Ayotzinapa está latente, y eso le resta confianza a la población. Es una desgracia que el pueblo no olvida.

“Lo de los estudiantes de Ayotzinapa es algo terrible—precisó la articulista— y Peña Nieto sabe que tiene que ponerle un punto final a esa tragedia, también vinculada a los narcotraficantes y al alcalde de Iguala, quien se los entregó, según declaraciones, a la mafia organizada para que los mataran”.

“Además, el presidente tiene otros problemas, como el económico, cuya solución no es previsible. Hay una difícil situación con, entre otros males, la devaluación de la moneda mexicana frente al dólar estadounidense. O sea, aunque esto del Chapo sea muy mediático y muy llamativo, la situación económica del país es la principal noticia de los medios mexicanos”.

Este martes habrá nuevas reclamaciones y protestas en México y otros países por lo ocurrido a los muchachos de Ayotzinapa. Jóvenes muy diferentes a aquellos que, inmersos en la pobreza y con necesidad de sustentar a sus familias, son reclutados por mafiosos como El Chapo Guzmán. La única pretensión de esa juventud criada con grandes dificultades económicas era graduarse de maestros para servir en las comunidades de menos recursos y darles otras posibilidades a niñas y niños para alejarlos del narcotráfico.


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Clara Lídice Valenzuela García

Periodista

Se han publicado 1 comentarios


Hernan Cortez
 1/2/16 16:38

Ud. pregunta por qué el Gobierno Mexicano no se aplica de la misma forma en que lo hizo para detener a El Chapo en saber el verdadero destino de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre del 2014. El problema es que eso ya se hizo y el resultado de esa investigación ejemplar, la más amplia que se haya realizado sobre un caso similar en México es, precisamente, la llamada verdad histórica: sabemos quiénes secuestraron a los jóvenes y por qué; están 113 detenidos y 131 consignados incluyendo los responsables intelectuales y materiales, que están confesos; sabemos que fueron asesinados e incinerados; los restos de, por lo menos dos de ellos, encontrados en el basurero de Cocula, fueron identificados por el instituto de Innsbruck; sabemos que en el fondo de esta tragedia está la lucha entre los cárteles de Los Rojos y los Guerreros Unidos, ambos con fuertes relaciones políticas en las regiones donde sucedieron los hechos; sabemos que los municipios de Iguala y Cocula eran (¿eran?) manejados por Guerreros Unidos y que personajes de la normal de Ayotzinapa tenían relaciones con Los Rojos. Queda muy poco por saber del caso Ayotzinapa. Lo que sucede es que la investigación, por razones políticas, ha sido deslegitimada, los padres manipulados y el gobierno se equivocó al no poner desde el primer momento esas muertes en su contexto correcto, pese a que se sabía que el corazón del conflicto no estaba en la lucha política sino en el narcotráfico y más concretamente en el control de zonas clave para la producción de goma de opio. La enorme mayoría de esos jóvenes eran carne de cañón de un juego del que ni siquiera sabían que participaban. Y detrás de toda la descalificación de la investigación sobre el destino de los 43 se ha montado una maquinaria política cuyo objetivo está muy lejos de castigar a los culpables de ese crimen, porque el suyo es simplemente responsabilizar “al Estado”, no al narcotráfico. A esto hay que sumarle la apología del delito que cunde en las ya muy extendidas redes sociales. El objetivo es que todo se transforme en un crimen de Estado.
Soy un ciudadano con ideas izquierdistas, no comulgo con el gobierno actual, pero estoy convencido de la verdad histórica, además, aquí la izquierda está muy desprestigiada, la representan farsantes disfrazados que solo buscan el poder por el poder (el lugar donde ocurrieron estos hechos trágicos y corruptos, Iguala, está gobernado por un partido de izquierda).

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