Cero complicidad

Habrá que ver las reacciones de los políticos y medios de prensa que se autotitulan “objetivos y abiertos” a la hora de dispensar criterios sobre el exhorto que reprodujimos en el sumario de esta nota.

Y se trata de que organizaciones palestinas e islámicas acaban de hacer un llamado público a los ciudadanos árabes de Jerusalén para no presentarse a votar en los comicios municipales programados para el cercano octubre en esa disputada urbe.

El asunto es claro. Para quienes llaman al boicot electoral, Jerusalén o Al Quds ha sido convertida a viva fuerza por el sionismo en la capital “única e indivisible” de Israel, con el total apoyo de una administración norteamericana que no dudó un instante en trasladar su embajada a un espacio urbano cuyo destino debía ser objeto de negociaciones pactadas para el futuro mediato entre Tel Aviv y la Autoridad Nacional Palestina.

En consecuencia, agrupaciones como la Organización Para la Liberación de Palestina y el Congreso Supremo de la Fatwa decidieron exhortar a la minoría árabe residente en la ciudad a desconocer los mencionados comicios locales y evitar la nominación de candidatos propios a puestos municipales, alegando el histórico despojo a que ha sido sometido el pueblo palestino y la intensificación de las políticas xenófobas, racistas y represivas instauradas por las autoridades sionistas.

En ese sentido, recordaron además que “Israel ocupó Jerusalén en la guerra de 1967, y desde entonces se incrementó a niveles inadmisibles la discriminaron contra la población palestina y se hizo oficialmente todo lo posible para que los palestinos abandonaran la ciudad”.

Se trata, por tanto, de la exhortación a no secundar posibles maniobras políticas israelíes destinadas a edulcorar su imagen pública, cuando en realidad Tel Aviv pretende el exterminio de los árabes en el titulado Estado judío.

Analistas recuerdan a propósito de este nuevo lance, que el pasado julio, y a instancias y bajo las presiones del gobierno que lidera el ultraconservador primer ministro Benjamín Netanyahu, el parlamento israelí aprobó una controvertida y excluyente ley que proclama a la entidad sionista como el “Estado Nación del pueblo judío”, reserva el derecho a la autodeterminación únicamente a ese segmento poblacional, y establece que el hebreo sea la única lengua oficial en todo su territorio”.

El legajo consagra además a Jerusalén como capital “completa y unida de Israel”, asume como emblemas oficiales del Estado los atributos ligados a los judíos, y soslaya toda prerrogativa a otros grupos étnicos asentados en la nación.

Un disposición que fue considerada por un exaltado y eufórico Netanyahu como “momento fundamental en la historia del sionismo”, porque “establece por ley el principio básico de nuestra existencia”, pero que sin embargo es calificada como “apartheid claro y evidente” por los legisladores que intentaron desestimarla en el seno del parlamento, representantes de diversos sectores de la población local, y entidades y ciudadanos palestinos que la perciben como una suerte de tiro de gracia a su existencia en tanto colectivo humano.

Como indicó el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, “el mundo puede ver ahora al verdadero Israel, no como una democracia, sino como un sistema de apartheid, primero implantado de facto y ahora de jure”.