Bolivia retornó a la democracia en 2020

Una parte del año 2020 gobernó en Bolivia una dictadura impuesta por Estados Unidos que solo duró diez meses gracias al pueblo, que puso en su lugar, de manera pacífica y en las urnas, al Movimiento al Socialismo (MAS), sacado del poder por un golpe de Estado derechista.

La democracia volvió con el triunfo electoral en primera vuelta, en octubre pasado, del economista Luis Arce, exministro del gobierno del líder izquierdista Evo Morales, en lo que se considera una acción histórica e inédita en la región latinoamericana.

Para analistas, con visión estrecha y desconocedores de los valores de los pueblos indígenas del pluricultural Estado suramericano, era imposible que en un año la presidenta de facto Janine Áñez fuera derrocada sin disparar un tiro —al contrario de las masacres ordenadas por ella, ahora a decisión de la justicia.

La expresidente de facto —quien trató de escapar a Brasil para huir de las leyes— está acusada, junto a varios de sus ministros, de abuso de autoridad, al ordenar la represión, persecución judicial, detenciones y despojo de importantes recursos estatales a favor de los grandes capitales con la reimplantación de medidas neoliberales.

En los comicios no hubo chance para otro partido que no fuera el MAS, fundado por Evo Morales en octubre de 2019, a quien le fue usurpada la presidencia mediante un plan organizado por Estados Unidos (EE. UU.) que, usando a su incondicional Organización de Estados Americanos (OEA), declaró fraude en las presidenciales bolivianas del 2019. Los jefes de las Fuerzas Armadas se aliaron a la entidad regional  y obligaron a la renuncia al primer presidente indígena de ese país. Bolivia posee grandes recursos naturales, como el muy codiciado litio, petróleo y una gama de productos que Washington quería para fortalecer su sistema imperialista.

Con Morales exiliado en Argentina junto a su vice Álvaro García Linera, la mayoría de los dirigentes del MAS también fuera del país, otros detenidos, y una sociedad prácticamente devastada por la COVID-19, el año 2020 dejó el camino libre a políticas ordenadas por Washington.

Aunque el gobierno de derecha de la exsenadora movió sus resortes para tratar de ahogar al MAS, la vida interna de la organización se siguió moviendo entre amenazas y represiones. El Congreso Nacional, en manos del MAS, que lo abrió a empujones, literalmente, luego del golpe de Estado, continuó sus sesiones para bloquear las leyes dictadas desde el Palacio Quemado.

Áñez ordenó la investigación ilegal de 592 personas, entre ellas políticos, intelectuales, analistas y policías; informó este diciembre el ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, quien culpó de “actitudes irregulares” en sus funciones a miembros del Servicio General de Identificación Personal (Segip) y del viceministerio de Transparencia Institucional del gabinete usurpador.

O sea, que el régimen dictatorial actuó sin respaldo legal alguno contra los derechos humanos de cientos de ciudadanos, en su mayoría miembros del MAS y personalidades, como Rafael Puente, Raúl Prada, Reymi Ferreira, María Magdalena Cajías y exministros y embajadores.

La dictadura rompió de inmediato con gobiernos progresistas de Latinoamérica, entre ellos Cuba y Venezuela. Expulsó del país al personal médico cubano que laboraba desde hacía más de una década al servicio de los ciudadanos más humildes. Se desligó de organismos integracionistas, como la Alianza Bolivariana para los pueblos de América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) y de inmediato se integró a los grupos derechistas más retrógrados que actúan en la desestabilización de países que actuaron como hermanos de Bolivia.

El pueblo boliviano no olvidó las conquistas alcanzadas bajo los 14 años de gobierno —siempre respaldado en elecciones libres— del antiguo sindicalista cocalero, a quien el Consejo Electoral impidió postularse para senador en los recientes comicios. Solo pudo regresar al país en noviembre último —a un año de su exilio—, después de que la justicia anulara una orden de aprehensión en su contra, interpuesta por el anterior régimen.

Áñez y su régimen totalitario destrozaron Bolivia en menos de un año, con un retroceso económico y social que echó por tierra el crecimiento nacional, evaluado en un 4,7 anual sostenido durante el ciclo de Morales.

Este año que concluye fue muy duro para los habitantes del país andino tras la caída forzosa de un sistema que dictó como norma la devolución de sus riquezas a la población, tras nacionalizar importantes empresas en manos de grandes capitales.

Con una estructura sanitaria destruida, sin personal médico adecuado, la COVID-19 causó estragos en ese país de 11 353 142 de habitantes. La Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud y Deportes reportó que el pasado día 15 se registraron 195 nuevos casos de la enfermedad, con lo que sumaban 147 345 los confirmados. El número de decesos llegaba entonces a 9030.Hubo un momento en que ni siquiera los fallecidos podían ser enterrados con dignidad, dado el agotamiento de los lugares en los cementerios.

El sistema judicial en contubernio con el Ejecutivo trató de impedir una eventual candidatura de Morales, acusado de corrupto y de cometer fraude en las elecciones de 2019. Solo la inteligencia del expresidente y su equipo de trabajo, asilados en su mayoría en Argentina y México, y su afán de recuperar un sistema igualitario para su gente, le permitió aunar en la distancia a las fuerzas del Mas. Por decisión de sus compañeros preparó la participación del partido en las elecciones de este año y dirigió su campaña electoral. En una reunión en la capital argentina con los principales líderes del Mas, algunos incluso llegados de Bolivia, se decidió que los candidatos fueran Luis Arce, exministro de Economía durante los mandatos de Evo, y David Choquehuanca, ex de Relaciones Exteriores.

Es un binomio considerado perfecto. Los dos trabajaron en el gabinete de Morales y si Arce, según se comenta, es el artífice del crecimiento económico de Bolivia, Choquehuanca desplegó un reconocido trabajo en el área de la diplomacia, en especial en mantener la dignidad de su nación antes considerada la segunda más pobre de América Latina y el Caribe, solo superada por Haití.

Los acontecimientos son conocidos. Arce y Choquehuanca retornaron a Bolivia y desplegaron una campaña que los situó en los primeros lugares en las encuestas y luego lograron la victoria con un 55,8 % de los votos válidos. Tuvieron que burlar las maniobras de los conservadores para evitar su inscripción para los comicios y ganaron en primera vuelta, como Morales el año anterior, pero esta vez sin la nefasta intervención de la OEA.

Reconstruir la economía nacional es una de las promesas que hizo Arce junto a los miembros de su gabinete al día siguiente de su juramento.

El presidente —que se encontró con Morales cuando este retornó a Bolivia como líder reconocido del Mas— dijo en la Casa Grande del Pueblo: “Iniciamos una nueva etapa en nuestra historia y queremos hacerlo con un gobierno que sea para todas y para todos, sin discriminación. Nuestro gobierno buscará en todo momento reconstruir nuestra Patria y vivir en paz. En este camino, la democracia es un valor fundamental de los pueblos”.

Arce afirmó que Bolivia atraviesa tres crisis: la institucional generada por “un gobierno que no salió de las urnas”, la sanitaria, resultado de la pandemia de coronavirus y la económica “derivada de la incapacidad del gobierno de facto”.

En una alocución ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, el mandatario afirmó: “Vamos a trabajar para recuperar los niveles de crecimiento que el gobierno de facto hizo añicos. (…) No es sólo recuperación, afirmó, sino reconstrucción de la economía. Por eso trabajaremos como un equipo, una familia, porque lo que nos resta a los bolivianos, solo es trabajar para salir de la crisis”.

En 2018, el crecimiento económico marcaba un 4,7 % y un Producto Interno Bruto (PIB) superior a los 40 000 millones de dólares. La realidad es que en el año que ocupó la primera magistratura, Áñez estigmatizó a los movimientos sociales, a campesinos, indígenas y obreros. Humilló a las mujeres de pollera, quemó la wiphala, bandera de los pueblos indígenas, y ordenó las masacres de Sacaba, Senkata y Pedregal, que dejaron 40 muertos.

A pesar de su derrota en las urnas, la derecha boliviana, en especial la asentada en los departamentos de la Media Luna, con Santa Cruz a la cabeza, trataron de evitar la asunción del electo mandatario. El 6 de noviembre pasado, un grupo de personas detonaron un artefacto con dinamita en las afueras de la sede del MAS en el barrio de Sopocachi, en La Paz, donde Arce se encontraba en una reunión..

El vocero del MAS, Sebastián Michel, afirmó que el atentado fracasó, pero advirtió que las entonces autoridades ni siquiera abrieron una investigación sobre el fracasado ataque de los enemigos del proceso revolucionario, a punto de reiniciarse nuevamente en el país. No obstante, los obstáculos se van venciendo. Los culpables de matanzas, robos y burla a la Asamblea Legislativa Plurinacional serán presentados ante los tribunales.

Al pueblo boliviano le corresponde ahora enfrentar los retos que significa devolver su esplendor a una nación que brindó un ejemplo al mundo de que las lecciones aprendidas con Morales no fueron olvidadas.

“Nuestro gobierno trabajará orientado en el presente y futuro sirviendo al pueblo boliviano, a intereses colectivos y no a intereses mezquinos individuales”, afirmó Arce, palabras que apuntalan los criterios de la sufrida población boliviana, ahora en lucha permanente por mantener sus conquistas.