Bolivia enclaustrada

Las tensiones siguen latentes entre Bolivia y Chile, aún cuando hace pocos días, luego de un juicio considerado ilegal en medios políticos de La Paz, nueve ciudadanos retornaron a la nación plurinacional, tras ser condenados a prisión, multados y finalmente expulsados.

Se trata de un incidente más entre las dos naciones vecinas, que mantienen un histórico diferendo, cuya eventual solución está ahora en manos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, en un dilatado pleito por una salida al mar para Bolivia.

En el actual contexto, la detención de siete funcionarios de la Aduana Nacional y dos militares cuando perseguían a contrabandistas, según La Paz, constituye para las autoridades bolivianas una afrenta, mientras que la parte chilena argumentó que fueron apresados por “robo” en su territorio. Los nueve hombres estuvieron presos 100 días, juzgados y condenados a más de tres años de cárcel y una multa de 50 000 dólares. Finalmente, fueron expulsados.

La jueza Isabel Peña encontró culpables a los militares Carlos Calle y Alex Johnny Carvajal de los delitos de porte ilegal de arma, contrabando y robo con intimidación. Mientras, los funcionarios David Quenallata, Carl Luis Guachalla, Juan José Torres, Ediberto Raúl Flores Mamani, Arsenio Choque, Brian Leandro Quenallata y Diego Guzmán debían cumplir prisión por lo que la magistrada consideró culpabilidad de las dos últimas infracciones mencionadas.

De “página negra” en la historia de la justicia chilena calificó el presidente Evo Morales el proceso, y refirió que la dura sanción “es una venganza por la demanda presentada por su país ante la CIJ de La Haya para tener una salida soberana al mar”. En la llamada Guerra del Pacífico de 1879, Chile le arrebató a los bolivianos 400 kilómetros de costas y 120 000 kilómetros de territorios ricos en minerales, certificado en un documento oficial.

En opinión del secretario de la presidencia, René Martínez, el proceso judicial “jamás debiera haberse abierto, porque era un incidente diplomático”.

Un episodio confuso, que no es el primero, pues en años previos también detuvieron a soldados que perseguían delincuentes en la zona fronteriza, pero tildados por las autoridades chilenas de infiltrados. Luego de gestiones bilaterales, también fueron devueltos.

Los bolivianos, en justicia, jamás le han resultado simpáticos a los chilenos detentores del poder, pues los han considerado ciudadanos de tercera clase por sus orígenes indígenas —hay que recordar como trata Santiago a sus pueblos mapuches— y la deprimida situación económica y social de su vecino.

Pero las razones esgrimidas por las administraciones chilenas, a juicio de expertos injustas siempre, ahora tienen poco asidero ante el crecimiento económico sostenido del país —el que más alto puso la cota en 2016— luego de que el primer presidente indígena de América Latina asumiera el gobierno hace una década.

Morales, ex líder cocalero, logró un despegue político, económico y social en esa nación que dijo adiós al analfabetismo, elevó la calidad de vida de millones de personas, nacionalizó las principales riquezas para equilibrar la desigualdad de los ciudadanos, implementó la gratuidad en la salud y la educación, y pudo declarar la igualdad de todos los habitantes de la rica nación andina.

Bolivia, en 10 años de gobierno del Movimiento al Socialismo, se convirtió en uno de los países más prestigiosos de América Latina y del mundo, que habla de igual a igual con los desarrollados y sienta cátedra diplomática en los foros mundiales.

Ese es el país al que Chile, con sus aires europeístas y elitistas, aliado de Estados Unidos, debe devolverle, como una deuda histórica a pagar, una salida al litoral que debió asumir luego de firmar el Tratado de Paz y Amistad de 1904, tras la guerra del Pacifico. Tal instrumento estableció los límites entre las dos naciones andinas, y Bolivia se vio obligada a renunciar a su territorio sobre el Océano Pacífico.

En la presidencia de Morales el diferendo marítimo cobró fuerza a partir del 2011 como una petición de justicia histórica, a la que nunca dieron respuesta las sucesivas administraciones chilenas, en otro intento por recuperar una salida al mar.

Las relaciones diplomáticas entre las dos naciones fronterizas están rotas formalmente desde 1978, aunque durante el primer mandato de Bachelet alcanzaron la Agenda de los Trece Puntos pactada en 2006.

Sin embargo, el documento, dejado al olvido, naufragó oficialmente en 2013 cuando Bolivia cansada de las dilaciones del vecino, presentó la creación de la Dirección de Reivindicación Marítima con el propósito de defender “su derecho al acceso soberano” al mar.

Para Bolivia el acceso al océano es, según Morales, “la reparación de una injusticia histórica” que solo podrá ser resuelta en La Haya.

El tema marítimo aparece en la Constitución Nacional del Estado plurinacional y constituye una de sus prioridades en política exterior.

La dinámica de las relaciones dependerá en buena medida del político que gane las presidenciales de noviembre en Chile, en las que aparece hasta ahora como favorito el derechista Sebastián Piñera, que si resulta electo repetirá en el Palacio de La Moneda.

Para sentar pauta, Piñera —el tercer hombre más rico de su país— escribió en su cuenta de Twitter que si los bolivianos estaban presos era por violar las leyes chilenas y, en una absoluta falta de respeto, escribió al jefe de gobierno: “Mejor que se calle, deje de mentir y cumpla Tratado de 1904”. 

En la bienvenida a sus connacionales, Morales recordó que el ex Rey de España Juan Carlos II mandó a callar al finado presidente Hugo Rafael Chávez Frías en un foro internacional, y ahora el vecino chileno hace lo mismo, en una evidente prepotencia de estos individuos que se consideran superiores al resto de la raza humana.

Con esos truenos, poco puede esperarse por vías informales entre las dos naciones.