Barullo bahamense

Cuando los ecos del caso Panamá-Papers parecían disolverse en el tiempo, acaba de estallar otro escándalo relativo a los paraísos fiscales, esta vez con la publicación de 1,3 millones de documentos sobre actividades financieras dudosas en las Bahamas.

El primero de estos sonados espectáculos involucró al bufete de abogados Mossack-Fonseca, creado en el país istmeño en 1997 por Jurgen Mossack y Ramón Fonseca,  que con cuarenta oficinas en todo el mundo y más de catorce mil clientes, entre ellos al menos setenta y dos presidentes y ex jefes de Estado, se calificaba a sí mismo como “la cuarta firma proveedora de servicios offshore a nivel mundial.”

Ahora toca el turno a los servicios financieros radicados en Bahamas, archipiélago ubicado a escasos kilómetros de la costa sureste norteamericana, aunque (curiosa casualidad) entre las listas de personas y entidades ligadas a los negocios expuestos a la luz, vuelven a estar ausentes entidades y  firmas de los Estados Unidos, como sucedió durante la batahola istmeña.

En Bahamas la trama es igual. La existencia de titulados servicios offshore abarca “la gestión, registro, conducción y operación de entidades en un país extranjero, a menudo con la obtención de beneficios financieros, legales y fiscales”, una reluciente definición textual que, sin embargo, oculta posibles trámites de lavado de dinero y evasión de impuestos de toda índole para beneficio de los usufructuarios que deciden colocar sus capitales en semejante entramado.

Y los nombres de los “beneficiarios” ya corren de medio de prensa en medio de prensa, algunos de ellos, como el del presidente argentino, Mauricio Macri, y su familia, por partida doble (en el istmo y ahora en el Caribe).

Aparece también la ex vicepresidenta de la Comisión Europea, la holandesa Neelie Kroes, quien desde su puesto se convirtió en un flagelo de las multinacionales con relación al cumplimiento de las normas financieras para operar en el Viejo Continente, mientras tras bambalinas encabezaba una de las tantas “sociedades” radicadas en Bahamas, una violación flagrante de los deberes inherentes a su cargo comunitario.

Las filtraciones también citan- según fuentes de prensa- a “Amber Rudd, ministra británica de Interior, quien dirigió entre los años 1998 y 2000 dos firmas ubicadas en Bahamas; el exministro colombiano de Minas y Energía Carlos Caballero Argáez, que tenía en propiedad un apartamento en Miami a través de una sociedad de ese paraíso fiscal; y negocios del fallecido dictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990) y de su hijo Marco Antonio Pinochet.”

No faltan tampoco al menos cuatrocientos magnates y exfuncionarios mexicanos cercanos a  los sucesivos gobiernos del país desde el año 2000, encabezados por Vicente Fox, Felipe Calderón y el actual presidente Enrique Peña Nieto.

También los papeles se refieren a los negocios bahamenses del magnate Leopoldo Fernández Pujals, fundador de Telepizza hasta que decidió venderla por 300 millones de euros; de la familia Bacardí, creadora de la conocida firma productora de ron; y del Banco español Santander, que participó en los trámites para la creación de 560 sociedades offshore en aquel archipiélago caribeño.

Al evaluar lo ocurrido, la responsable de la entidad Oxfam Internacional, Winnie Byanyima, dijo que la investigación sobre fraude fiscal en Bahamas “pone de relieve una vez más lo comunes que son estas prácticas y lo aceptadas que están entre muchos de nuestros líderes políticos y de las personas más poderosas del mundo de los negocios", y precisó que “la evasión de impuestos de las compañías multinacionales cuesta a los países en todo el mundo hasta 240 mil millones de dólares al año.”

 Mientras, otros analistas insisten en el hecho repetido (y ya citado en párrafos anteriores) de que los dos escándalos conocidos hasta hoy apenas rozan a los grandes monopolios y multimillonarios norteamericanos, y hasta algunos de ellos llegan a preguntarse si estas revelaciones, necesarias por cierto, no tendrán también algún componente destinado a favorecer a Estados Unidos como pretendido ente fiscal confiable y seguro.

De hecho, durante el escándalo istmeño, la red WikiLeads dijo que aquellas revelaciones fueron promovidas y pagadas por la controvertida Agencia de los Estados Unidos  para el Desarrollo Internacional, USAID, junto al llamado Organized Crime and Corruption Reporting Project, dedicado al estudio de casos delictivos de alto vuelo, preferentemente en el exterior.

La misma fuente indicó que el descalabro panameño (y ahora el bahamense), favorecería el traslado de los multimillonarios negocios offshore hacia  las ciudades norteamericanas de Nevada, Dakota del Sur, Wyoming y Delaware, donde pululan abiertamente las operaciones destinadas a filtrar capitales, muchos de ellos foráneos, mediante operaciones no pocas veces ligadas al lavado de dinero y la evasión del fisco, todo bajo el más absoluto y celoso “silencio bancario”.

Este criterio ha sido avalado, además, por el periodista y economista  alemán Ernst Wolff, quien aseguró por aquellos días que los Estados Unidos “está empeñado en secar ciertos paraísos fiscales para presentarse a sí mismo como el nuevo y mayor garante financiero del mundo".