Aún luchando, la batalla de Lula parece llegar a su fin

El ex presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva está casi fuera de la lid electoral del próximo 7 de octubre, luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) impugnara su candidatura con el pretexto de ser un reo condenado en segunda instancia, una nueva maniobra de la estrategia de Estados Unidos (EE.UU.) para evitar que líderes progresistas puedan volver a dirigir sus países.

Detenido desde abril pasado, cumpliendo una pena de 12 años y un mes en Curitiba por un supuesto delito de corrupción no comprobada, el TSE, por seis votos a favor y uno en contra, el sábado último le negó su participación en los comicios por la presidencia en una reunión relámpago, sin considerar el casi 40 % a su favor en las intenciones de voto, aun en sus condiciones extremas.

Un análisis somero definiría fácilmente el juego político detrás de este impedimento, que forma parte de una estrategia imperialista para impedir, usando como tapadera a los politizados sistemas judiciales, el retorno de los ex líderes progresistas a nuevos gobiernos en 2019 y 2020.

Lula da Silva, con holgado aval de su pueblo, fue jefe de gobierno de Brasil en dos mandatos consecutivos (2001-2009) y devino un político prestigiado a nivel mundial que al dejar el Palacio de Planalto para dar paso a Dilma Rousseff contaba con más del 80 % de respaldo a su administración y su convicción revolucionaria, su política inclusiva y la creación de sistemas integracionistas de nuevo tipo en América Latina y El Caribe.

Estados Unidos, derrotado en sus intenciones de establecer una economía de libre mercado bajo el ala de William Clinton que iría del Río Bravo hasta La Patagonia, empezó desde entonces a maquinar un plan de derrocamiento de los gobiernos revolucionarios y progresistas que se hicieron mayoría a partir del triunfo electoral en 1998 del presidente venezolano Hugo Chávez, ya fallecido.

Con Lula, quizás porque salió por la puerta ancha del Palacio del Planalto, se han extremado en medidas extremas. Falsas acusaciones, ofensas, incumplimiento de sus derechos como preso político y exmandatario, negativas a dejarlo recibir visitas incluso familiares, participar en debates televisivos, entre otros desmanes para resquebrajarlo.

Nacido en la empobrecida región nordestina de Pernambuco en septiembre de 1945, de donde salió con su familia debido al hambre y la pobreza, se instaló en Sao Paulo, donde trabajó como obrero metalúrgico. Líder sindical, formó en 1980, durante la dictadura militar, el Partido de los Trabajadores (PT), convirtiéndose en su líder histórico y su postulado natural para las próximas elecciones.

Pero Lula no figura en los actuales planes de Estados Unidos para Brasil. Nunca como ahora fue más entreguista un régimen brasileño como el del actual mandatario Michel Temer, quien de manera absolutamente peligrosa está vendiendo la economía y sus fuerzas armadas a la poderosa nación norteña, algo impensable hace unos años y menos aún en una nueva era del PT.

El plan norteamericano se basa, en esta etapa, luego del desplazamiento de los líderes progresistas, en poner en práctica la penetración en los estamentos judiciales de la región latinoamericana y caribeña con el antiguo pretexto de la corrupción, olvidando la existente en Estados Unidos.

No es secreto que el Departamento de Justicia norteamericano articuló la creación de cuadros judiciales en la región mediante becas, talleres, seminarios y eventos a los que, precisamente, asistió, entre otros, el juez Moro que condenó a Lula sin pruebas. Moro cumplía órdenes, pues no se trata de un funcionario sino de un sistema al servicio de la Casa Blanca, tanto en Brasil como en Ecuador y Argentina, por citar solo dos países que mantienen causas contra exmandatarios.

Moro es graduado de un curso sobre corrupción transnacional en Harvard y asiste a eventos del Departamento de Justicia norteamericano. “El fue adiestrado en el Departamento de Estado. Viaja permanentemente a Washington. Moro sabe cómo ganarse la aprobación de sus dirigentes”, afirmó en una entrevista el reconocido diplomático brasileño Samuel Pinhero Guimaraes.

Washington pretende, y lo está logrando con la derecha en el poder, convertirse de nuevo en el mandamás de la región latinoamericana y caribeña. Hay mucho dinero girando en torno a esta planificación imperialista.

Por eso prepara primero y luego paga cifras millonarias a representantes de la llamada justicia brasileña —y de otros países— que actúan como una maquinaria sin defectos, pasando incluso por encima de normas internacionales, hasta lograr que Lula desaparezca de la boleta electoral. El mecanismo, que no permite hendijas para recursos y medidas, funciona tal como aprendieron en las universidades norteamericanas.

La historia presentada por el juez federal en primera instancia carece de fundamento, y así quedó demostrado por la defensa del ahora condenado. El proceso pasó a segunda instancia y los magistrados de ese nivel no solo coincidieron con el acusador, sino que aumentaron la condena, pasando a 12 años y un mes, o sea, tres años más de lo dictado por Moro.

Todos los recursos han sido denegados en las distintas instancias judiciales, porque sus estudios y las maniobras internas les permiten cumplir las orientaciones de la Casa Banca, según aprendieron en los cursos de las trampas judiciales.

La noche del pasado martes la defensa interpuso un nuevo recurso ante el Corte Suprema para que dictara una cautelar que deje sin efecto el veto de la candidatura impuesta por el TSE.

El argumento se basa en que el Tribunal no acató una solicitud del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para que se respeten los derechos políticos del expresidente, entre ellos, disputar las elecciones, conceder entrevistas a la prensa y mantener contacto con miembros de su partido.

Aunque el TSE afirmó que la decisión del Comité de la ONU carece de carácter vinculante, los defensores refirieron que es todo lo contrario y es de obligatorio cumplimiento por parte de Brasil, al ser signatario de tratados internacionales que reconocen la competencia de ese órgano internacional integrado por especialistas en abogacía.

Pero las horas y los días pasan y el tiempo se acaba para el exmandatario. La Corte Suprema debería pronunciarse con urgencia, ya que solo hasta el próximo día 11 el PT puede anunciar un nuevo postulado.

No será una sorpresa que, una vez más, también esa instancia, en la que se presentó un nuevo recurso para tratar de revertir el fallo de la autoridad electoral, niegue la solicitud. Ella constituye parte de los movimientos judiciales para tratar de destruir moralmente al político que, opinan especialistas, alcanzó importantes logros económicos y sociales para el país de más de 200 millones de habitantes, la mayoría en estado de pobreza o miseria extrema.

El llamado Plan B del PT consiste en lanzar como candidato, en lugar de Lula, a su vice y portavoz, el exministro de Educación y exalcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad.

La situación del PT es complicada. Falta apenas un mes para las elecciones y tendría que trabajar muy fuerte en las bases para tratar de trasladar el casi 40 % de los votos que obtendría Lula en primera vuelta para Haddad, quien es apenas conocido en el país, y carece de la empatía del exmandatario con el pueblo, que lo acompañó durante estos meses ante la tortura moral a que está sometido por sus enemigos de clase.

Para no darle oportunidad alguna al PT, cuando Lula apenas constituye una débil amenaza para los planes entreguistas del actual régimen, la Fiscalía de Sao Paulo anunció ahora que investiga a Haddad por supuestos sobornos durante su gestión como alcalde, cargo en el cual no logró reelegirse en 2016.

La acusación indica que el posible sustituto de Lula recibió de manera indirecta recursos para su campaña electoral de hace dos años, en un nuevo desdoblamiento de la investigación que involucra al empresario Ricardo Pessoa, propietario de la constructora UTC Ingeniería y detenido por el escándalo de sobornos en la estatal Petrobrás, ahora en venta por Temer.

Esta nueva artimaña, presentada oportunamente contra Haddad, indica que la UTD recibió trato preferencial en licitaciones, luego que saldara una cuenta equivalente a 1,6 millones de dólares vinculada a la campaña de Haddad.

Mientras, periódicos como Folha de Sao Paulo y O Globo, dos de los enemigos mediáticos del progresismo en Suramérica, cancelaron este martes sus encuestas, pues sus cuestionarios contemplaban a Lula como candidato.

En ese complejo escenario electoral, el PT denunció penalmente al candidato presidencial de extrema derecha, Jair Bolsonaro, luego de que este amenazara con fusilar a los miembros de ese partido.

Una coalición denominada El Pueblo Feliz de Nuevo, conformada por el PT, el Partido Comunista de Brasil (PCdoB) y el Partido Republicano del Orden Social (Pros), presentó la denuncia tras conocer declaraciones de Bolsonaro en la ciudad de Río Branco, capital del Estado amazónico de Acre, donde reside.

El candidato ultraderechista, exmilitar que lidera los sondeos de intención de voto tras la inhabilitación de Lula, colocó en las redes sociales un video empuñando un trípode como si fuera un arma mientras dice: “Vamos a fusilar la petralada aquí en Acre”. Petralada es el término utilizado para identificar, de forma peyorativa, a quienes se identifican con el progresismo político.

“El odio destilado por el diputado en su campaña de la rabia y la truculencia, parece no encontrar límites, incitando al asesinato de ciudadanos de izquierda”, señaló el PT en un comunicado, y agregó que “es inadmisible” que un candidato presidencial “pregone el asesinato de quien no piensa igual a él”.