Argentina dividida ante rechazo del senado

La decisión del Senado argentino de rechazar un proyecto de ley para despenalizar el aborto en el país austral, ha sido un severo golpe para la inmensa mayoría de las mujeres, en particular las más pobres.

La iniciativa parlamentaria que buscaba despenalizar completamente el aborto hasta la semana 14 de gestación, era considerada por amplios sectores como un “debate histórico” y reinaba el optimismo, pues antes había pasado la dura prueba de su aprobación en la Cámara de Diputados en el pasado mes de junio. Con 38 votos en contra, 31 a favor y 2 abstenciones, el órgano legislativo vetaba así una aspiración antiquísima.

Sin dudas, tras la enconada discusión en el Senado, subyace en el fondo la oposición de la alta jerarquía de la Iglesia católica en el país, que ha logrado imponer sus convicciones al derecho inalienable de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, así como oscuros intereses económicos de empresas del sector de la salud.

En las regiones más pobre del país, el aborto es la principal causa de la mortalidad materna. La realidad de lo que ocurre en la Argentina de hoy es alarmante en el cuadro de salud: unas 50 mil mujeres son ingresadas cada año en centros hospitalarios por causas derivadas de los abortos y alrededor de un centenar muere, según publican por estos días medios alternativos que promueven la abolición de tan nefasta práctica ilegal. Las mujeres de la clase media y alta no tienen que preocuparse por esta prohibición, pues viajan al extranjero a practicarse en lujosas clínicas las interrupciones a su embarazo.

La práctica del aborto está penalizado en Argentina, excepto si se demuestra que la madre corre peligro para su vida o que es el resultado de una violación. Esta legislación vigente desde 1921, contempla condenas de uno a cuatro años para las mujeres que se sometan a las prácticas de interrupción del embarazo.

Un recorrido por la historia permite conocer que desde mediados del siglo XX hasta esta discusión en el Senado de la nación, se han presentado al Congreso Nacional proyectos similares en siete ocasiones, pero en esta, por primera vez en más de un década, se había logrado promover un debate en ambas cámaras del Congreso de la Republica.

La conquista de muchos de los derechos civiles y sociales de los argentinos de ambos sexos, ha encontrado escollos a lo largo del tiempo y siempre han chocado con los intereses de la Iglesia que ha impedido consumarlos satisfactoriamente.

Bajo el gobierno de Raúl Alfonsín en 1987, se intentó promulgar la Ley de Divorcio y fue desde los mismos pulpitos de las iglesias que se realizó el contrataque, bajo el argumento de fragmentar la sociedad con matrimonios rotos y niños sin hogar. También el clero fue protagonista en 2010 cuando Cristina Fernández propuso y el Congreso votó la ley que permitió la unión civil de personas del mismo sexo. Ahora el debate sobre el aborto legal tuvo otra vez a la Iglesia como promotora del voto negativo, con la novedad de que se sumaron en su apoyo los representantes de los grupos evangélicos, cada vez más poderosos.

Esta negativa del Senado argentino produce una fractura en la sociedad y ha dividido no solo a los sectores sociales interesados, sino al sistema de partidos políticos y al mismo gobierno de derecha.

La Argentina de hoy que pregona el presidente Mauricio Macri, ha contraído una deuda histórica con las mujeres de su país: el aborto legal. Ante la negativa del Senado, su gobierno se ha apresurado a anunciar que el Ejecutivo incluiría la despenalización en la interrupción voluntaria del embarazo en el proyecto de reforma al Código Penal que se enviará este mes al Congreso.

El proyecto de Ley sobre la despenalización del aborto debe esperar en el escritorio del presidente del Senado hasta que en marzo de 2019 pueda promoverse por la iniciativa de quienes lo desean y vuelva a discutirse. Pero mientras llega el nuevo año para colocar en la agenda ese proyecto, la reivindicación del aborto legal, seguro y gratuito continuará en las calles, es cuestión de tiempo.