El mensaje de Megaupload

Descargar el último capítulo de una serie televisiva o el disco más reciente de un artista o la edición diaria, en pdf, de un prestigioso diario no era difícil para aquellos que tuvieran acceso a una conexión de banda ancha. Bastaba con visitar uno de los sitios web de intercambio de archivos, como Megaupload, Rapishare, Fileserve, Zshare o Filesonic, entre otros.

El proceso en estos grandes sitios de almacenamiento podía completarse de dos formas: mediante la contratación de una cuenta Premium —por ejemplo, 10 dólares al mes— el internauta recibía la posibilidad de descargar varios archivos de manera simultánea, a la mayor velocidad posible; mientras los que no estuvieran dispuestos a pagar esperaban entre 10 y 40 segundos, con un mensaje publicitario en la pantalla de la computadora. Después de ese tiempo, finalmente obtenían el permiso de guardar el fichero seleccionado, a una velocidad limitada.

Cualquier usuario de Megaupload podía colocar contenido online y compartirlo; aunque la empresa incentivaba, con dinero, a aquellos internautas más activos y que eran capaces de conseguir los materiales —especialmente audiovisuales— más demandados en ese momento.

Estas prácticas eran muy bien recibidas por los internautas, ya que permitían una rápida socialización de contenido; sin embargo, para la industria televisiva, cinematográfica y discográfica la existencia de servicios como los que ofrecía Megaupload significaban cuantiosas pérdidas económicas anuales. La explicación es simple: en lugar de pagar por un DVD, con una temporada completa de una serie o de ir al cine o comprar un CD, la persona descargaba ese mismo contenido, gratis o a precios más módicos.

CIERRE SIN SOPA

Al analizar este contexto no sorprende que los grandes grupos productores de entretenimiento hayan sido los principales auspiciadores del criticado proyecto norteamericano SOPA (iniciales de Stop Online Piracy Act). Este documento pretendía penalizar a aquellos sitios web que alojaran o promovieran contenido que violara las leyes de derecho de autor.

Las amplias muestras de repulsa a SOPA por parte de los internautas y de importantes empresas de Internet, combinadas con el rejuego de intereses políticos y económicos, en un año electoral en Estados Unidos, detuvieron el proyecto; sin embargo, los que apoyaban a SOPA presionaron por otro lado y se produjo el fulminante cierre de Megaupload.

Por primera vez en la historia Washington convirtió la persecución de las descargas de materiales ilegales en Internet en un asunto policial. El FBI definió a los directivos de Megaupload como una banda criminal y el Departamento de justicia presentó cargos por conspiración, fraude y lavado de dinero. En esta nueva prueba de fuerza, el Buró federal envió un claro mensaje: SOPA no sería necesaria para perseguir a los que, supuestamente, realizaran o facilitaran la piratería.

El gobierno de Nueva Zelanda —que recibió gustosamente, en 2010, los millones de dólares invertidos por el alemán Kim “Dotcom” Schmitz, director de Megaupload—permitió que las fuerzas policiales irrumpieran a la fuerza en la mansión de Schmitz, en Auckland. Ahora los ejecutivos encarcelados enfrentan una posible deportación hacia Estados Unidos, donde serían enjuiciados.

La repercusión por la clausura de Megaupload fue inmediata. El grupo de hackers que conforman Anonymous respondió con el ataque a más sitios web de empresas que hicieron lobby en el Congreso por SOPA y que, de seguro, aplaudieron el cierre del sitio; sin embargo, otras webs, con servicios similares a los de Megaupload, adoptaron medidas para evitar sanciones. Por ejemplo, Uploaded impidió el acceso a los internautas procedentes de Estados Unidos; mientras Fileserve canceló su programa de premios a los usuarios que subían más contenido.

EL REGRESO A LAS P2P

A pesar de los temores iniciales, el intercambio de archivos por Internet no se ha detenido. Ante la eliminación de enlaces y el mayor cuidado que han puesto los administradores de los sitios almacenadores con la publicación de nuevos materiales, los internautas encontraron otra forma para socializar: P2P.

Las redes P2P —peer to peer—conciben el enlace punto a punto, es decir, la comunicación se produce de computadora a computadora, por lo que las personas se conectan a una PC y de ahí copian los contenidos. Estas redes, aunque son perseguidas y en Francia la ley Hadopi prohíbe sus usos, resultan más difíciles de bloquear. Ante el nuevo contexto se ha producido un notable incremento en el empleo de los protocolos BitTorrent y eDonkey.

El caso “Mega Conspiración”, como lo llamó el FBI, ha sido abordado de diversas maneras por los medios de comunicación. Algunos han preferido centrar sus análisis en las excentricidades de Schmitz quien logró una millonaria fortuna, a partir de lo que pagaban los usuarios en las cuentas premium. Detrás de esta construcción mediática se intenta desprestigiar al principal directivo de Megaupload, para así restar credibilidad a su defensa.

Mientras, otros medios no han dudado en condenar los ataques de Anonymous. Esta estrategia discursiva de “criminalización del enemigo” no es nada nueva y se ha utilizado con mucha intensidad en los últimos tiempos, sobre todo en las coberturas al “movimiento de los indignados”, desde el 15M hasta Occupy Wall Street.

Una visión más cercana a la realidad del problema fue la de aquellos medios que apuntaron a dos ideas centrales: nunca se justificará una acción unilateral, como la sufrida por Megaupload, porque el sitio no pudo defenderse y con su cierre muchos perdieron contenido que no estaba considerado “violador de los derechos de autor”; además, tampoco podemos olvidar que Megaupload era solo uno de los cientos de caminos que existen para intercambiar archivos en Internet. ¿Qué harán, entonces, para “acabar” con el derecho de los usuarios a socializar lo que estimen conveniente? ¿Censurarán toda la red?