Un año más la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) celebrará en Nueva York el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Una fecha entre tantas otras marcada en el calendario gracias al “atino” que ya hace tres décadas tuvo la Asamblea General para acordar una jornada en la que se insistiera a los gobiernos del mundo en la necesidad de garantizar la libertad de expresión como condición previa e insustituible para el disfrute del resto de los derechos humanos.
“Declaramos que (…) el establecimiento, mantenimiento y fortalecimiento de una prensa independiente, pluralista y libre son indispensables para el desarrollo y mantenimiento de la democracia de un país (…)”. Así reza el primer punto establecido por los representantes de medios de comunicación africanos que en 1993 participaron en un seminario organizado por la UNESCO en Namibia y que, en un documento conocido como la Declaración de Windhoek , recogieron los principios indispensables para lograr una auténtica libertad de prensa.
Por supuesto, los preceptos que entonces se enarbolaron y que hoy se toman como referentes inamovibles e inmodificables correspondieron y corresponden a un sistema de comunicación y de prensa fundado en las esencias del liberalismo más romántico.
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El avance del Capitalismo, la globalización y la consolidación de Estados Unidos (EE.UU.) como el principal garante de los derechos individuales, la libre competencia y el libre mercado influyeron sobremanera en la difusión de un mito que fundamentalmente se sustenta en una versión bastante edulcorada de lo que en la práctica se entiende por gobierno y democracia.
La teoría clásica de la prensa como perro-guardián y fiscalizador del Estado, defendido desde un periodo histórico tan temprano como 1644, cuando John Milton pronunció su famosa Aeropagítica ante el Parlamento de Londres en favor de la Libertad de Prensa sin Censura, está sirviendo para legitimar actuaciones profesionales y políticas, cuanto menos, inaceptables.
Bajo estos principios, todo pasa entonces por el umbral de la interpretación de lo que se entiende por libertad y por los límites que establezca cada estado para ejercerla. Algo verdaderamente peligroso en un contexto marcado por la pujanza de los nacionalismos y el extremismo.
Las estadísticas hablan por sí solas, ejercer el periodismo sigue considerándose una profesión de alto riesgo, y el aumento de los asesinatos y encarcelamientos durante el 2022 devela la incapacidad de los gobiernos para cumplir con sus obligaciones.
En medio de un escenario regional peligroso, si tenemos en cuenta que más de la mitad de los homicidios el pasado año ocurrieron en América Latina y el Caribe, Cuba se antoja el oasis en el desierto. Aunque ello no lo exonere de sus propios problemas.
Ya sea por defender un proyecto político ligado de manera estrecha al Socialismo o por experiencias puntuales, los opositores al proceso revolucionario iniciado en 1959 han construido una narrativa agresiva sobre la falta de libertad de expresión y de prensa en el país. Un tema, sin dudas, espinoso, que demanda un ejercicio de análisis profundo y sincero.
Sin embargo, cualquier examen serio sobre el asunto ha de tener en cuenta el ambiente hostil y de inseguridad generado por EE.UU hacia el país durante más de 60 años, un elemento para nada despreciable a la hora de entender el actuar de nuestros medios.
Por eso, coincidimos con el periodista y profesor Julio García Luis cuando en su libro Revolución Socialismo y Periodismo. La Prensa y los Periodistas Cubanos Ante el Siglo XXI, producto de la investigación para la tesis doctoral, apunta que “un cambio en el estilo, contenidos y formas de actuación de la prensa cubana tendría que vencer, entre sus principales obstáculos, las fuerzas de resistencia internas, nutridas tanto por la inercia de la costumbre como por posiciones basadas en convicciones sinceras, o por dogmatismos, o por la sublimación de intereses de poder particulares bajo una máscara ideológica conservadora.”
El enfrentamiento constante y descarnado al poder imperial estadounidense obligó a los medios de comunicación asumir una postura que—estando de acuerdo una vez más con García Luis— a largo plazo ofrece más ventajas a los adversarios porque “se aferra a un discurso plano , que no admite matices, que no permite asumir las zonas críticas como parte de la Revolución , con una fuerte inclinación hacia la propaganda de superficie, y que al limitar en algunos temas el papel de la prensa al de simple eco aprobatorio reduce su capacidad para renovar, actualizar y legitimar el modo continuo al consenso de la sociedad. “
Y si bien solo un cambio sustancial en la postura de EE.UU. ayudaría a romper la rigidez, hoy se nos presenta un escenario de lucha cultural y simbólica complejo, que demanda una prensa con la capacidad de contribuir al desarrollo de la nación desde el análisis, la exigencia y la crítica.
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¿Contará con las herramientas necesarias el Proyecto de Ley de Comunicación Social para garantizar estos derechos y deberes para con el pueblo? ¿Cómo se manejará desde el poder en sus distintas escalas la diversidad de criterios y, a la vez, se distinguirá el contenido malintencionado?
En última instancia, le corresponde al Partido como fuerza política dirigente superior de la sociedad y el Estado velar por el cumplimiento de la libertad de pensamiento, conciencia y expresión reconocida en la Constitución de la República. Sin inocencias, pero con mucha coherencia, se ha de crear, si no existe ya, una estrategia que ayude a palear la crisis de credibilidad de nuestros medios. Desde la ética y la intransigencia revolucionaria, nos debe ir la vida en ello.
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