La misión apasionante de continuar inventando nuestro modelo de socialismo

Cuba vivirá un momento de gran expectación, el 24 de febrero cuando someta a referendo la nueva Constitución. Es lógico, tras crearla entre debates de la nación en pleno, sazonados con la pasión polemista que identifica a la cubanidad. Pero no creo que la conquista de votos sea el desafío más espinoso que plantea la Ley de leyes. Ni por asomo. El rollo viene después.

A la sociedad y a sus instituciones les tocará legislar e implementar los cambios y ordenanzas que asume con la nueva Constitución. Que no son pocos. Complejas metas propone, para ampliar las transformaciones del modelo económico, social y político del socialismo cubano, y profundizar el proceso de Actualización…, que no ha avanzado a la velocidad que soñábamos los cubanos cuando lo iniciamos hace más de una década.

El gran reto corresponderá a la actividad legislativa consecuente, que requiere ser mucho más intensa que lo conseguido hasta el presente, para que del tronco de la Carta Magna partan las demás ramas del sistema legal. Una de esas ramas es la ley de empresas, que no ha visto la luz todavía aunque estaba prometida para el 2017. Es fundamental para dar solidez a un escenario que apuesta a la convivencia entre actores económicos múltiples, que empiezan a descubrir el beneficio de las alianzas entre presuntos antagonistas –en el turismo y las agroindustrias hay experiencias de éxito.

Varios capítulos apuntan en la nueva Ley de leyes a un reordenamiento de estructuras de gobierno y de administración empresarial, que favorecen una descentralización más radical de este país, habituado durante décadas a una rígida verticalidad de las organizaciones económicas y de gobierno. Quizá el cambio más atrevido sea el rediseño de las estructuras territoriales para asignar mayor protagonismo a las administraciones municipales y a la gestión local del desarrollo.

La Constitución fundamenta también el camino hacia una economía con diversidad de formas de propiedad. La empresa estatal, actor principal de la economía socialista, compartirá espacio legal y legítimo con cooperativas, formas mixtas y entidades privadas, entre otras.

El gran desafío no será tanto la aceptación de esa diversidad o librar del aura maldita a palabras como privado y mercado. La idea de que las formas no estatales son también un eslabón vital en la cadena de la producción, los servicios y el mercado ha ganado consenso social. Esa aspiración, sin embargo, tropieza en un entorno carente de condiciones óptimas para la convivencia de formas de propiedad disímiles.

Más importante y difícil que la entrada de empresas privadas al escenario puede ser el otorgamiento de autonomía a las empresas estatales, que propone el Artículo 26 de la nueva Carta Magna. Aunque las organizaciones empresariales del Estado han avanzado por ese camino, cargan todavía con insuficiencias que, unidas a deformaciones financieras como la dualidad monetaria y cambiaria y otras anomalías del comercio, colocan a esas entidades en desventaja frente a las rivales no estatales.

Con salarios mejores y menos amarres burocráticos y financieros, las cooperativas y las empresas privadas salen a la pista del mercado en condiciones mejores que las formas estatales. A estas quedan, en contraste, ventajas para acceder a tecnologías, a ofertas mayoristas y a recursos de mercados externos, pero no logran aprovecharlas en toda su dimensión por la confluencia de limitaciones económicas, interpretaciones torpes de la planificación y la sujeción a una moneda cubana sobrevaluada en la tasa de cambio oficial, entre otras trabas.

¿Hacia cual lado se inclinaría en ese contexto el cachumbambé de las formas de propiedad? Difícil respuesta. El riesgo puede inhibir decisiones centrales y la desventaja estatal amenazaría entonces la expansión no estatal, sobre todo, para las pequeñas y medianas empresas privadas que han entrado en la economía cubana con máscara de cooperativas o de trabajadores por cuenta propia.

La participación de los trabajadores en la planificación, regulación, gestión y control de la economía, que simbólicamente se incorporó con el debate popular al proyecto constitucional, constituye una vieja aspiración de la sociedad y una clave para garantizar la descentralización eficaz en empresas y unidades presupuestadas del Estado.

Méritos sociales no le han faltado al socialismo en los países donde levantó banderas. También méritos económicos, por más que suelen desconocérsele estos de manera absoluta. Pero igualmente ha acumulado errores y frustraciones caros. Sin embargo, si uno mira lo que ha ocurrido y lo que ocurre en la totalidad de países del mundo, donde la riqueza es privilegio de pocos y anzuelo para muchos, el capitalismo no es la alternativa.

Cuba tiene un desafío después del 24 de febrero: dar los pasos para implementar los cambios dibujados en la Constitución y construir un modelo económico y político en que justicia social y prosperidad económica sean condiciones estrechamente conectadas entre sí. Es la misión apasionante de continuar inventando nuestro propio modelo de socialismo.