Un presidente en aprietos

Al ex alto funcionario de la banca internacional Pedro Pablo Kuczynski le han salido mal las cuentas en la presidencia de Perú, donde en casi dos años de gobierno su popularidad cae en picada, y un 75 % de la población desaprueba su gestión, bastante complicada hasta ahora.

La Encuesta Nacional Urbano-Rural Ipsos, publicada en el diario El Comercio, indica que el 54 % de los interrogados considera que Kuzcynski debe renunciar debido a su pésima administración y sus vínculos con la corrupción interna y foránea.

Conocido como PPK, por las siglas de su nombre y su partido Peruanos por el Kambio, el mandatario asumió el 28 de julio de 2016 gracias al empujón de la izquierda para evitar la victoria de Keiko Fujimori, la hija del recién indultado dictador, cuyo apellido constituye para ella un obstáculo político, a pesar de sus esfuerzos por desvincularse de las atrocidades cometidas por el padre.

PPK y Keiko, amigos durante años, ambos conservadores, pero ella con ideas derechistas muy acusadas, se enfrentaron en las últimas elecciones. El apoyo dado por los enemigos de los Fujimori a su contrincante, de 77 años, dejó a la líder del partido Fuerza Popular sin la presidencia, pero sí con una mayoría de escaños en el Congreso Nacional y un gran poder para impedirle gobernar con tranquilidad.

Sin embargo, el anciano millonario que renunció a su ciudadanía estadounidense para postularse ha tenido que hacer malabares para mantenerse anclado a la presidencia, dadas las maniobras de Keiko para destruir su Ejecutivo —tres ministros renunciaron apenas formado el gabinete, sacó y puso jueces—, acusarlo en el Congreso Nacional de corrupto, solicitar su vacancia en el cargo y, por último —y esa es obra de su hermano Kenji—, concederle el indulto a Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad.

Ex ministro de Economía del presidente Alejandro Toledo —prófugo de la justicia por recibir 20 millones de dólares de la firma brasileña Odebrecht— atraviesa otro momento delicado en su gestión, con los bajos índices de apoyo popular conocidos esta semana.

En ese sentido, las legisladoras de Fuerza Popular, Karina Beteta y Rosa Bartra, consideraron que la caída del presidente está basada en los errores cometidos en su mandato, intensificados por los últimos hallazgos de la Comisión que investiga la corrupción de políticos peruanos vinculados a la constructora Odebrecht.

Beteta afirmó que el mandatario debería renunciar a la presidencia, ya que el pueblo desconfía de él debido a las coimas que recibió de Odebrecht en una de sus empresas, y porque fue también, además, presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Toledo, por lo cual conocía los manejos ilícitos en su ámbito.

Para Bartra, jefa de la Comisión investigadora en Perú de la corrupción llegada de Brasil llamada Lava Jato (Limpieza profunda), también del partido de Keiko Fujimori, PPK debería replantearse si posee el liderazgo para mantenerse en el cargo, pues ya hay un nuevo pedido de vacancia presidencial por parte de las bancadas de Nuevo Perú y el Frente Amplio, apoyado por un 54 % de la ciudadanía.

Informaciones de la prensa peruana indican que el Banco de Crédito del Perú (BCP) presentó a la comisión investigadora reportes financieros del mandatario, los que complicarán su situación si prospera la segunda solicitud de vacancia.

En conversación con el canal N, la congresista Yeni Vilcatoma afirmó que PPK actuó en el gobierno de Toledo “como parte de esta organización criminal liderada por la constructora brasileña”.

Para la legisladora Alejandra Aramayo se corroboraron los datos y “en todo momento el BCP afirma que quien participó en las negociaciones con Odebrecht fue directamente Kuczynski y no su asesor Jorge Barata, a quien consideran el chivo expiatorio para liberar de culpa al mandatario.

EL HIJO DE LA MADEJA

Fue precisamente la solicitud primera de una vacancia en el cargo lo que desató los demonios políticos en la nación andina. PPK fue acusado de recibir de Odebrecht 780 000 dólares en su firma Westfield Capital a cambio de tráfico de influencias, pero la votación le fue favorable en el Congreso y salió airoso de la primera prueba.

La permanencia en el gobierno del ex bancario se debió —según indica la clase política peruana— a que él aceptó que una porción separatista de Fuerza Popular en el Legislativo comandada por Kenji Fujimori votara a su favor, a cambio de que liberara a su padre Alberto, en un inesperado giro de los acontecimientos.

Aun cuando su salida de la presidencia era considerada segura, Kenji Fujimori se llevó consigo a un alto número de legisladores, lo que impidió la mayoría de los votos por la vacancia.

Unas 48 horas después, y en medio de una gigantesca protesta popular, PPK anunció el indulto al dictador, acusado de al menos dos grandes matanzas de campesinos y de haber esterilizado sin su consentimiento a más de 300 000 mujeres negras e indígenas.

A pesar de las grandes movilizaciones contra la liberación de quien el pueblo cataloga de asesino y ladrón, Alberto Fujimori vive en una mansión de uno de los barrios más lujosos de Lima, pidiendo un perdón en el que nadie cree.

Con la espada de Damocles sobre su cabeza ante la segunda solicitud de vacancia, que algunos políticos afirman no prosperará, el mandatario mantiene lo que en Perú popularmente llaman un “gobierno con arritmia”, en absoluta inseguridad, pues nadie pone su mano en el fuego por Kenji Fujimori, una vez liberado el padre.

Para el ministro de Trabajo, Javier Barreda, este segundo pedido de salida de PPK del Ejecutivo no prosperará como el primero, “pero estoy consciente de que el país vive una situación sui génesis, con un gobierno que le gana por muy pocos votos a una fuerza electoral política y popular con mayoría en el Congreso”, dijo.

En declaraciones a Ideeleradio, Barreda consideró que tanto en la izquierda como en la derecha peruana hay el criterio mayoritario “de que esto no vaya al abismo y espero que reflexionen, pues la caída del gobierno le hace mal a todos. La vacancia —precisó— paralizará las inversiones, la confianza y generará más desaliento en la población. La salida del presidente nos llevaría a un remolino indetenible de sucesiones, de crispación e inestabilidad, y es mucho mejor para el país que el presidente llegue al 28 de julio del 2021”.

A pesar del análisis del ministro, lo cierto es que una encuestadora independiente indagó sobre la versión dada por PPK de su inocencia respecto al dinero de Odebrecht, pero un 84 % de los interrogados la catalogó de una gran mentira.

En las últimas semanas se han identificado caídas pronunciadas en el índice general bursátil de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), en coincidencia, en principio, con la crisis que sacudió al país entre finales de 2017 y hasta la actualidad.

Tal como preveía el sector inversionista, la petición de vacancia a mediados de diciembre, el indulto a Fujimori, la investigación a varios funcionarios de alto nivel (el expresidente Ollanta Humala y su esposa permanecen en prisión por causa de la corrupción de Odebrecht) enlodan a Perú al extremo de que se considere de poca confiabilidad.

En esta adversa situación, la Bolsa apunta a la baja, con el agravante de que en momentos adversos existen una serie de factores políticos y económicos contextuales.

Un nuevo gabinete denominado “de reconciliación” el pasado mes resultó poco fiable para el valor de las acciones, pues aún queda pendiente el famoso trueque de sacar a Fujimori de la cárcel para mantener a PPK como presidente.

Es decir, que existe en Perú un mandatario a la deriva con vientos dirigidos por su supuesta amiga Keiko, y ahora su hermano también, los cuales manejan a su antojo en el Congreso Nacional, en el que poseen 71 escaños.

Esas son algunas de las razones del vacío de poder que impide visibilizar el rumbo del gobierno y, por tanto, los movimientos financieros y la confianza empresarial.

También hay ciertas discrepancias en las proyecciones económicas del país. El Fondo Monetario Internacional aseguró que Perú crecería este año en torno al 4 %, pero el BBVA Research estimó que lo haría en un 3,5 % como máximo, debido a la incertidumbre política y la inviabilidad del funcionamiento del gobierno con un Congreso adverso.

Así de difícil está la situación para PPK, quien, con su experiencia como CEO de grandes firmas bancarias y sus propias empresas, debía dedicarse casi al final de su vida a los negocios y no a negociar con el futuro del pueblo peruano.