Turquía: el debate entre crecimiento y estabilidad política

Turquía, país candidato a integrarse en la Unión Europea (UE), presenta un retrato complicado o, para los más pesimistas, enmarañado. Es uno de los pocos países que se han atrevido a aplicar una política económica anticíclica (programas de inversiones a través de fondos públicos), el crecimiento se ha basado en la inversión y en el consumo, la deuda privada es alta y la pública baja.

Las tasas de crecimiento hasta 2016 sufrieron un freno por factores políticos de primer orden, desde la inestabilidad derivada de las convulsiones políticas internas hasta la participación en conflictos bélicos y los ataques esporádicos del terrorismo.

Sin embargo, los recientes resultados estadísticos indican que el crecimiento se ha disparado en 2017, rompiendo con ello todas las expectativas. Sembrada de incertidumbre política, enfrentada a sus antiguos aliados occidentales y cada vez más involucrada en los conflictos de su vecindario, las instituciones internacionales no esperaban un incremento del Producto Interno Bruto (PIB) turco del 6 %.

El trazo más marcado del retrato nos conduce a una economía privada que tiene dificultades de expansión por factores monetarios y, sobre todo, políticos. Así lo demuestra la extrema lentitud con que se reduce la tasa de desempleo —11,5 % en 2017.

Turquía está en una fase de desarrollo en la que la estabilidad política es crucial, si no se tiene, es casi imposible atraer inversiones.

Así, los puntos débiles de la economía turca quedan claros si se tiene en cuenta que la agricultura del país —el 8,5 % del PIB— es poco rentable, y que el sector industrial y el turístico están afectados por la inseguridad política y bélica. La receta más adecuada sería entonces un periodo largo de estabilidad, al menos de un trienio, para que la calma atraiga de nuevo a los capitales que necesita el sector privado. Los esfuerzos del capital público son loables pero insuficientes para contrarrestar las reticencias de los agentes económicos. Esa estabilidad implica mantener la seguridad jurídica para los negocios y las inversiones.

Recep Tayyip Erdoğan, en el poder desde 2002, se enfrentará en 2019 —o antes si hay adelanto electoral— a una cita crucial con las urnas para consolidar su proyecto político: una república presidencialista de tintes cada vez más conservadores. Y para ello necesita que el bolsillo de la población del país, situado en una de las zonas más inestables del planeta, no se resienta.

Turquía está en las fronteras de una zona inestable en extremo, y eso es un factor desincentivador para los mercados de servicios. Y ahora acaba de involucrarse en una nueva intervención militar en Siria —lanzada en parte para impulsar el sentimiento nacionalista, una vez más con la vista puesta en las elecciones— y dentro del país los conflictos políticos no se aplacan.

Pese a esa cierta inestabilidad política que se percibe en el contexto internacional, la economía parece gozar de buena salud y no parece que la tendencia vaya a revertirse.