Las aguas tibias y plácidas de Puerto Rico, la isla caribeña de los mil nombres, esconden un mundo político turbulento, en que asoman, desde hace siglos, el estatuto de colonia de España, primero, y ahora neo-colonia de Estados Unidos (EE.UU.), bajo el rimbombante nombre de Estado Libre Asociado (ELA).
Esa figura designa a esta soberana nación como territorio de EE.UU., con el mismo presidente, (ahora Joseph Biden), pero sin derecho a voto en los comicios norteños, ni los beneficios federales que reciben los otros 50 territorios de la Unión. Les permiten un delegado en el Congreso Nacional, pero sin derecho a pronunciarse en las discusiones.
O sea, que en buena lid son parias políticos, en el sentido de que son utilizados de acuerdo con las conveniencias de la potencia matriz, -cientos de puertorriqueños han muerto en guerras impuestas por la Casa Blanca- y para algunos son objeto de burla, como hizo el exmandatario Donald Trump, luego del paso de un destructor huracán por la ínsula, cuando lanzó a la población rollos de papel sanitario en lugar de la ayuda federal solicitada. Una supuesta gracia, que cayó como una bomba en los medios políticos internacionales.
Puerto Rico es, según la propaganda turística un paraíso. La llaman la Isla del Encanto, la Isla de los contrastes, -debido a la rica fusión de las culturas y razas indígena, africana y española - , la Escocia bajo el sol, por la calidad de sus campos de golf.
Sin embargo, este territorio insular que puede ser recorrido de punta a punta en solo tres horas en automóvil, siempre se llamó La Isla de los cangrejos, Borikén, nombre que fue derivando hasta el actual Boriquén, con el que más se identifica su población, estimada en 3 300 000 personas, más de un millón radicada en EE.UU..
Paisajes desérticos y bosques tropicales, playas de arenas limpias y aguas transparentes, no pueden ocultar el drama que viven los borinqueños, que emigran cada año por miles hacia su metrópoli, donde son tratados como ciudadanos de tercera clase, con bajos salarios y discriminados por su mestizaje. Emigrar para ellos, a pesar del abuso y el maltrato, en especial los que carecen de estudios superiores, es la única manera de sostener las familias con envíos de remesas, que también ayudan a la economía local.
- Consulte además: Puerto Rico pregunta de nuevo por su futuro
Una de las características de esa población es que –tanto los que se van como los que permanecen en la isla- defienden su cultura, a pesar de la influencia estadounidense. Aunque en las calles se habla spanglish cuando es necesario, las navidades, por ejemplo, se celebran del 15 de diciembre al 6 de enero, siguiendo las reglas de la iglesia católica española.
Pero Puerto Rico es, bajo este panorama turístico que anima a los estadounidenses a visitar su neo-colonia y quizás la cuna de nacimiento de sus empleados domésticos, una nación donde se debate el complejo problema político de cuál será, para todos, el mejor estatus para la sobrevivencia de las actuales y futuras generaciones.
Aunque hay en la ínsula un sólido movimiento independentista, este no es suficiente para que en los cinco referendos solicitados por la gobernación insular y aprobada por EE.UU. haya triunfado la separación definitiva del gigante del Norte, bajo cuyo dominio permanece desde 1898. Ese año, y ya ganada la guerra de independencia de Cuba contra España, la Casa Blanca decidió intervenir contra los hispanos para declararse vencedor y apropiarse de las dos islas, Guam y Filipinas. De Cuba no pudo adueñarse pero sí imponerle condiciones que rigen hasta hoy con la llamada Enmienda Platt. El destino de Puerto Rico fue pactado y se apoderó, hasta hoy, del territorio caribeño.
REFERENDO ¿SÍ O NO?
Aún cuando Naciones Unidas (ONU) reconoce el derecho de Puerto Rico a su libre determinación e independencia, -por cuadragésima ocasión ocurrió en junio de este año en el Comité de Descolonización del organismo internacional- EE.UU. ignora la resolución correspondiente.
Presentado por Cuba y copatrocinado por Antigua y Barbuda, Bolivia, Nicaragua, Venezuela, Siria y Rusia y adoptado por consenso, el texto reafirma el apoyo a la larga historia de lucha del pueblo boricua por su emancipación.
Pero Washington desconoce las conclusiones no vinculantes del Comité aunque Puerto Rico es una nación genuinamente latinoamericana y caribeña, con una identidad nacional propia e inconfundible.
La Casa Blanca no piensa liberar a la también conocida como Perla del Caribe.
Trump se rio de los boricuas cuando precisaban ayuda para aliviar el destrozo material del huracán María. La actitud sería diferente si la catástrofe hubiese ocurrido en cualquier otro territorio de la Unión.
En cambio, y porque parece seguro de que el voto del plebiscito será a favor de integrarse como Estado, le permite, para darle un viso democrático a su política hacia la isla, la realización de referendos para que sea la ciudadanía la que decida su futuro, muy incierto desde hace varios años, debido a la crisis económica de Boriquen.
El 19 de mayo pasado, Puerto Rico presentó ante el Congreso federal un nuevo proyecto de estatus o plebiscito a celebrarse el 5 de noviembre de 2023 entre independencia, libre asociación y la "estadidad" o anexión plena de la isla a EE.UU..
La presentación del proyecto de consenso para resolver el estatus local estuvo a cargo del gobernador de la isla, Pedro Pierluisi, ante el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara baja federal, Raúl Grijalva.
Mientras, la ciudadanía boricua debatió en un foro público en San Juan, la capital, un borrador de legislación sobre el futuro nacional.
En la sesión pública, decenas de personas, entre ellos políticos, jubilados y jóvenes, tomaron el micrófono para hablar sobre el actual estatus de la isla.
El Congreso norteamericano tendría que aceptar a Puerto Rico como el estado 51 de ese país, si los electores lo deciden, aunque se prevé que la propuesta no sobreviva en el Senado, donde los republicanos siempre se han opuesto a la estadidad.
DEUDA IMPAGABLE
Puerto Rico acumuló niveles insostenibles de deuda en años previos a 2017, cuando se declaró en quiebra y emprendió el proceso para reestructurar su multimillonaria deuda de más de 70 000 millones de dólares.
El Plan de Ajuste de la Deuda (conocido como PAD) fue propuesto por una junta de supervisión financiera designada por el gobierno federal, que incorpora acuerdos entre acreedores, reduciendo 33 000 000 en deuda de bonos a 7 000 millones. Los pagos anuales quedarían reducidos en un 80 %.
El plan también incluye protecciones que limitan cuánta deuda puede asumir Puerto Rico en el futuro, según informó la agencia de noticias Reuters.
Sin embargo, el plan tiene "un apoyo amplio pero no universal", con muchos trabajadores públicos y jubilados, entre otros, que están en desacuerdo con ciertos aspectos, indican analistas políticos.
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) federal afirmó que bajo el PAD, que comenzó en marzo último, la mayoría de los jubilados recibirán sus pensiones completas, pero cancela programas de beneficios definidos que cubren a decenas de miles de maestros y jueces.
El gobernador boricua, Pedro Pierluisi, considerado una figura política decorativa, habló entonces de un "momento trascendental" para la isla y dijo que, aunque el PAD "no es perfecto, es muy bueno para Puerto Rico".
El proceso estuvo marcado por intensos encontronazos entre los políticos del territorio, la Junta y los acreedores, quienes de parte y parte se demandaron en múltiples ocasiones.
En esos años de discusión, además, Puerto Rico vivió dos huracanes de intensidad mayor y un terremoto. También la renuncia del gobernador Ricardo Roselló, bajo acusaciones de corrupción.
Ante los boricuas se presenta ahora, a partir de la imposición del PAD, un incremento de la precariedad colectiva que padecen hace años, ya que continúa el desmantelamiento de instituciones públicas y la lenta desintegración de la fibra social del país.
La aprobación del PAD se dio luego de un periodo extenso de organización comunitaria, durante el cual hubo movilizaciones populares convocadas por organizaciones como Construyamos Otro Acuerdo, la Colectiva Feminista para evitar un mayor perjuicio a la ciudadanía, obligada a pagar una deuda contraída por la mala gobernanza económica de la isla.
Mientras que el proceso de reestructuración de la deuda se presenta como justo y cuasi-democrático, la balanza favorece a los acreedores, pues los organismos estadounidenses no aparentaron ser neutrales en la negociación.
El PAD cimentó compromisos a largo plazo con graves impactos para la juventud: recortes en fondos para la educación pública, menos oportunidades de obtener empleos dignos y estables, poca atención al efecto de la crisis ambiental en el país, entre otros. Ciertamente, todas las generaciones del país se verán afectadas por la austeridad que se avecina.
En este contexto, en los últimos meses la población borinqueña tomó las calles para protestar por el aumento del precio de la energía eléctrica (400 %) y los continuos apagones debido a decisiones de la empresa privada Luma Energy. La represión de la policía fue desmesurada y brutal.
Los maestros de Puerto Rico también salieron a reclamar sus derechos, junto a otros trabajadores públicos. El salario base del magisterio en la isla es de 21 000 dólares anuales, mientras que la Asociación Nacional de Educación de EE.UU. indicó que el estado de Mississippi posee el salario promedio más bajo para los educadores, 44 926 dólares anuales, casi el doble de lo que perciben los isleños.
Así funciona actualmente el sistema político en Puerto Rico. Bajo sus tropicales y bellas aguas marinas, una tromba social va ganando fuerzas por día.
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