Tiro de gracia a la justicia en Paraguay

Un nuevo caso de violación de los derechos humanos ocurrió en Paraguay la semana pasada cuando el tribunal de justicia del caso Curuguaty condenó a 11 campesinos y campesinas a penas de entre cuatro y 30 años de prisión en un proceso amañado en el que se impuso la ley de los terratenientes y del gobierno neoliberal del empresario Horacio Cartes.

El 15 de junio de 2012, 324 efectivos policiales del Grupo Especial de Operaciones (GEO), la Fuerza de Operaciones de la Policía Especializada (FOPE), Antimotines y Montada, realizaron un operativo en la finca Campos Morombi de la localidad de Curuguaty, en el Este del país, para desalojar a unas 50 personas —entre ellas mujeres, niños y ancianos— que ocuparon tierras consideradas mal habidas. Ellos estaban organizados en una comisión vecinal denominada “Naranjaty”, reconocida por el Instituto Nacional de Desarrollo de la Tierra (INDERT).

En la confusión que se armó en aquellos momentos y luego de un tiroteo intenso, sobre la tierra quedaron los cadáveres de 11 campesinos y seis uniformados, sin que hasta ahora se conozca lo ocurrido realmente, pues los atacados niegan que poseyeran armas o si hubo, como consideran algunos peritos, un llamado “fuego amigo” entre los represores.

Varias organizaciones de derechos humanos, tanto paraguayas como foráneas, argumentan que la policía hizo a los acampados una emboscada ordenada por los terratenientes, que luego acusaron al gobierno nacional de la llamada Masacre de Curuguaty. La Fiscalía desestimó cargos contra la fuerza pública, bajo el argumento de que cumplían órdenes.

Los agricultores, verdaderas víctimas de la oligarquía agraria, fueron acusados de invasión de inmueble, asociación criminal y homicidio doloso en grado de tentativa. La propia Fiscalía en su alegato final reconoció que estas tierras son públicas y que los acampados estaban en litigio con el supuesto propietario por usurpación de terrenos.

El fiscal que inició la acusación, Jalil Rachid, amigo personal de la familia propietaria, en la actualidad Viceministro de Seguridad de Cartes, afirmó que no se puede probar quién disparó a los policías. No obstante, la acusación siguió adelante.

El editorial del diario Última Hora del pasado martes titulado “Curuguaty: dura sentencia tras una cuestionada investigación” confirma “la falta de una investigación ecuánime sobre el más grave hecho violento en un conflicto agrario ocurrido en la historia reciente. La Justicia paraguaya deja un preocupante precedente: se ha llegado a la etapa de juzgamiento y con altas penas tras un proceso de investigación de muchas inconsistencias”.

Para analistas, el desenlace del proceso confirma el poder que ejercen los terratenientes en las decisiones de los Poderes del Estado paraguayo, entre ellos el Judicial.

El Semanario Latinoamericano precisó que el 2,6 % de los propietarios poseen el 85 % de las áreas cultivables en la nación suramericana, lo que les otorga la base del poder político y económico, aunque grandes extensiones son ilegales y debían destinarse a la reforma agraria, prevista en la Constitución, pero que terminaron en manos de simpatizantes de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) o amigos de altas autoridades estatales.

Entre 1954 y 2003 fueron adjudicadas de manera fraudulenta 7 800 000 hectáreas de tierra, equivalentes al 32 % del territorio cultivable del país. De esta manera, centenares de miles de campesinos fueron despojados de sus derechos de obtener terrenos propios, lo cual generó un conflicto social profundo que aún sigue vigente.

El suceso ocurrido en el centroriental departamento de Canindeyú, fue el pretexto que encontró el derechista Congreso paraguayo para dar un golpe de estado parlamentario poco después, por supuesta ingobernabilidad, al presidente Fernando Lugo, exobispo de la Diócesis de San Pedro, y fundador del Frente Guasú (FG), que destronó en las elecciones al Partido Colorado, luego de que gobernara 60 años continuos con una política represiva y de alianza con Estados Unidos, tal como ocurre en la actualidad.

La finca en litigio era reclamada por el empresario Blas Riquelme, expresidente del Partido Colorado, quien protestó por la ocupación, aunque su propiedad fue obtenida en la época de la repartición de Stroessner.

El desenlace judicial causó el repudio de diversos grupos y partidos, que se han movilizado en los últimos días en manifestaciones de protesta ante la parcialidad de los jueces.

Uno de los convocantes a las movilizaciones es el FG, que solicitó el pasado miércoles al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro —el mismo que quiso aplicar la injerencista Carta Democrática de ese ente a Venezuela, con gran fracaso— a que adopte una posición “con suma urgencia” ante las irregularidades del juicio.

El FG, que concentra a la izquierda paraguaya, calificó el resultado judicial como “grave violación de los derechos humanos” y exigió a Almagro que haga cumplir los principios básicos de procedimiento y garantías constitucionales.

La Pastoral Social y la Coordinadora de Organizaciones Campesinas de Amambay y Concepción expresaron que la sentencia representa un antecedente “nefasto y peligroso” ya que a partir de ahora cualquier ciudadano puede ser enviado a la cárcel sin ningún tipo de prueba en su contra.

Aunque el continuo desalojo causó que miles de campesinos abandonaran las zonas rurales por falta de tierras y la represión oficial, un estimado conservador indica que al menos unas 250 000 familias carecen de lugares para cosechar y, por tanto, de sobrevivir y desarrollarse. La pobreza afecta a 1,5 millones de paraguayos, el 22,2 % de la población, que es de 6,7 millones de habitantes, según las cifras oficiales de 2015.

Durante su gobierno, Lugo propugnó la implantación de la reforma agraria, pero fue bloqueado por un hostil Congreso que finalmente lo destituyó con la estrategia del llamado “golpe blando” orquestado en Washington.