Santiago Maldonado revive en nueva investigación federal

Parecía que la trágica desaparición del joven argentino Santiago Maldonado y el hallazgo de su cadáver 72 días después, quedaría archivada entre el papeleo burocrático de un tribunal de justicia de la sureña provincia de Chubut, donde se ventiló el caso que estremeció la nación en 2017.

La familia de Maldonado, artesano y mochilero, nunca aceptó la decisión del juez federal Gustavo Lleral, quien a fines del pasado año dictó el sobreseimiento ¨total y definitivo¨ del gendarme Emmanuel Echazú, único imputado en el caso (aunque hubo muchos más involucrados de ese cuerpo policial), con lo que dio por cerrada la causa.

La víctima vivía en Buenos Aires, pero decidió recorrer su país y la noche del 31 de julio pernoctó en un campamento de indígenas mapuches. Al siguiente día se vio envuelto, por su decisión, en la protesta de activistas mapuches que protestaban por la invasión de sus tierras por empresas trasnacionales, en la provincia de Chubut, en La Patagonia.

Ante la llegada de un alto número de gendarmes, el grupo de activistas se lanzaron a resguardarse y muchos atravesaron un río cercano para ponerse a salvo, pero al mochilero – según testigos- lo apresaron varios gendarmes y desde ese día desapareció. Más de dos meses después, el 21 de octubre, en las mismas aguas del río donde había sido buscado infructuosamente, su cuerpo apareció flotando.

Testigos de los hechos denunciaron ante la justicia que se encontraban en un tramo de la Ruta 40 de la localidad de Cushamen cuando irrumpió la Gendarmería de manera ilegal en la comunidad indígena de Pu Lof. Esa fue, para muchos, la última vez que vieron a Santiago.

Ni las protestas de los parientes de Santiago ni de las organizaciones de derechos humanos ni los testimonios de varios mapuches cambiaron la posición del juez Lleral, quien sustituyó al primer magistrado de la causa, Guido Otranto, a cargo del Juzgado Federal No. 2 de Rawson, también en Chubut.

En su fallo, el magistrado afirmó que ¨en ese lugar (donde su cuerpo fue encontrado) murió ahogado, sin que nadie pudiera advertirlo, sin que nadie pudiera socorrerlo. Ni los gendarmes que los perseguían en medio del operativo, ni los miembros de la comunidad a la que Santiago fue a apoyar en sus reclamos¨, según dictaminó el veredicto de 2018.

Ahora, cuando el caso parecía que seguiría el camino del olvido, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, en Chubut anunció la reapertura de las investigaciones,  en coincidencia con una visita que el pasado día 6 realizó a Buenos Aires la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al cumplirse 40 años de la que hicieron sus representantes a Argentina durante la dictadura militar (1976-1983).

Sergio Maldonado, hermano de la víctima, afirmó a raíz de la desaparición de Santiago, que el juez Lleral recibió presiones del gobierno de Mauricio Macri para cerrar la causa cuando el país se encontraba en campaña para las elecciones legislativas del 22 de octubre de 2017.

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La situación en torno al mochilero, quien según Sergio era defensor de las causas justas y por eso se unió a los mapuches, llegó hasta Naciones Unidas y la CIDH, pero solo encontraron por respuesta, ante sus reclamos, el silencio del régimen macrista.

Aunque la causa de Maldonado fue considerada como ¨muerte accidental¨ por el juez Lleral, ahora la Cámara Federal de Rivadavia afirmó en su revocación que  "Nos encontramos ante una muerte traumática con ribetes que podrían ser tildados de dudosos, por haber acontecido en un contexto de intervención estatal en cuyo desarrollo se hizo uso de las herramientas dotadas a los agentes estatales para la prevención y represión de los delitos¨.

Para la Magistratura de Chubut –que ganó conciencia de posibles irregularidades en el proceso cuando falta poco más de dos meses para las elecciones presidenciales del 27 de octubre-  hay que esclarecer varios episodios.

Los jueces camerales Hebe Corchuelo de Huberman, Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez afirmaron que ante algunas incongruencias en el proceso  "corresponda ampliarse la investigación a efectos de verificar o descartar la existencia de alguna otra hipótesis delictiva. Así, atendiendo también a las particularidades de corte jurídico internacional y a la existencia de un cauce de investigación que no se encuentra agotado, hay que profundizar la misma a efectos de reconstruir con la mayor exactitud y prontitud las circunstancias que rodearon al suceso".

Declarantes mapuches indicaron a Llerald que los soldados entraron golpeando y gritando ¨fuego libre¨, por lo que la mayoría de ellos se lanzaron a correr y atravesaron un río próximo a la comunidad, algo que Santiago no hubiese hecho pues no sabía nadar.

Ante la presión popular, el gobierno de Chubut se vio obligado a rastrillar la zona, sin que hubiese indicios del paso del joven por aquellas tierras entregadas después por Macri al empresario italiano Luciano Benetton.

En declaraciones a Página 12, la abogada Verónica Heredia afirmó que ¨la reapertura el caso "es muy importante porque demuestra la arbitrariedad con que se cerró el expediente".

Heredia destacó que ¨como mínimo hubo un abandono de persona y hay que indagar. En principio queda claro que Santiago no se ahogó solo, sin que nadie lo viera y acá no pasó nada; para nosotros abandono de persona es muy leve. Si la propia Cámara reconoce que no se investigó no entendemos por qué descartan la desaparición forzada. Pero destacamos que es relevante porque demuestra la arbitrariedad con que se había archivado la causa¨.

Los jueces ordenaron cumplir con todas las medidas que la querella mencionó como pendientes y revocaron el sobreseimiento del gendarme Emmanuel Echazú. Pero mantuvieron a Lleral, a quien Heredia recusará.

Para la Cámara de Chubut, el juez federal  "investigó una única hipótesis delictiva ­aquí definitivamente descartada­ (la desaparición forzada) sin que haya sido objeto de valoración y pronunciamiento algún posible nexo causal entre cualquier omisión del personal de Gendarmería o de quienes se introdujeron en el rio con Maldonado".

El diario Página 12 constató numerosas "omisiones" de los gendarmes y funcionarios del Poder Ejecutivo y el Ministerio de Seguridad al mando de Patricia Bullrich, más bien orientadas a desviar el eje de los hechos para encubrir el accionar represivo, tales como el borrado de todas las conversaciones de sus teléfonos, así como del tramo de filmación clave, la reticencia a entregar pruebas, la difusión de versiones que ubicaban a Santiago fuera de Chubut mientras estaba desaparecido y el espionaje a su familia, allegados y testigos mapuches.

Para los familiares de Maldonado, una primera lectura del fallo de la Cámara parece indican que el abandono del muchacho fue cometido por los mapuches, -lo cual es poco probable- aunque en algunos de sus considerandos hablan de ¨omisiones¨ de los agentes.

Para Sergio, ¨hay que resaltar que la Cámara está diciendo que la autopsia no dice lo que dijeron que decía. Si la propia autopsia tiene tan endebles conclusiones y tiene tantas contradicciones que mandan a que declaren los peritos y las peritas no puede haber ninguna conclusión, entonces no se puede descartar ninguna hipótesis¨.

El también abogado Mauricio Rojas indicó que ¨seguiremos insistiendo en que la represión fue determinante:  el antes y después durante el ingreso violento de los gendarmes a la Pu Lof y si hubo premeditación en ese procedimiento, por lo cual la muerte de Santiago tendría inexorablemente una responsabilidad penal, es decir, homicidio agravado¨.

Se espera que, en pocos días, se haga la reconstrucción virtual del escenario de los hechos en tres dimensiones, con realidad aumentada, a partir de los datos objetivos colectados durante el anterior proceso.

También la Cámara Federal de Chubut ordenó la ampliación del informe pericial respecto a la fecha de la muerte y otros datos no ampliados, como presencia de polen y diatomeas en el cuerpo de la víctima, y el peritaje del bastón y los billetes del occiso.

La Magistratura también solicitó la citación del testigo Lucas Pilquiman, ya que su testimonio se realizó sin la presencia de las partes y exigieron se reanalizara una llamada que Santiago hizo a su amigo Ariel Garzi desde donde se supone estuvo agazapado cerca del río antes de ser capturado por Gendarmería, como aseguraron testigos mapuches agazapados en la otra ribera de la corriente.

Para los argentinos, que se movilizaron por millares pidiendo la aparición con vida de Santiago, las pruebas de quienes son responsables del presumible asesinato del joven solidario con los indígenas Pu Lof laten en el expediente que será reabierto.