Rajoy y la podredumbre

De larga data resulta el tema de la corrupción ligada al derechista Partido Popular, PP, de gobierno, en España.

 Una tormenta que empezó años atrás cuando se conoció de los manejos de toda una red que, según la propia prensa local, “repartía comisiones con Luís Bárcenas, entonces tesorero del PP, para mediar en contratos con el gobierno de José María Aznar”, práctica que se dice fue ralentizada y maquillada con la llegada de Mariano Rajoy a la jefatura de gobierno en 2008.

El autor de esos pagos, Francisco Correa, fue precisamente quien inculpó a Bárcenas durante una vista oral,  y señaló que el hombre que controlaba los libros de cuentas del partido de gobierno le aseguró que esos fondos iban a parar a las arcas de dicha organización política.

 En pocas palabras, recaudaciones fraudulentas que deben haber pagado no pocas de las actividades y campañas de la entidad que Rajoy lidera desde hace varios años, amén de engrosar algún que otro bolsillo particular.

 De hecho, expresan los analistas, este asunto tiene todas las características de una bomba de relojería que se viene activando desde hace tiempo, y la cual el PP y el propio Rajoy han intentado tapar con un frágil manto y pretender que no existe.

No obstante, por votación de dos jueces contra uno, la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional española decidió pasar un citatorio al jefe del gobierno para conocer su testimonio y criterios sobre el asunto, toda vez que, por elemental lógica, o Rajoy tiene algo que decir, o simplemente estaba en “la luna de Valencia” con relación a todo lo acontecido.

El presidente ya había logrado zafarse, en ocasiones anteriores, de comparecer ante la justicia, habida cuenta de la insistencia del PP de que no era necesario su testimonio  ni válida ninguna convocatoria en ese sentido.

 Sin embargo, los promotores de este nuevo paso, esencialmente la Asociación de Abogados Demócratas de Europa, que ya había intentado promover citatorios anteriores, logró que en esta ocasión se tomaran en cuenta sus argumentos, aunque no de forma unánime por los tres magistrados actuantes.

Según la ADADE, siglas por las que también se identifica a la citada entidad, es imprescindible el criterio del actual líder del Partido Popular, toda vez que sus jefes anteriores han pasado por los tribunales a testificar.

No hacerlo, subrayó la Asociación, sería ubicar a Rajoy “en una situación de ignorancia rayana en la estulticia”.

Mientras, fuentes del PP cuestionaron la decisión y llegaron a alegar que las simpatías e inclinaciones políticas de algunos de los impulsores de este citatorio están en el fondo de la medida, por tanto, no se trata de una “inquietud judicial.”

Del otro lado, la oposición española indicó que por el bien del espectro nacional es importante que Rajoy brinde su testimonio con toda la claridad posible ante las instancias competentes, y recordó que si se tratase de un delito político ello implicaría otro tipo de juicio relativo incluso a su posibilidad de continuar al frente del ejecutivo nacional.

Veremos pues, qué saldrá de esta convocatoria judicial de un jefe de gobierno que, en esta última ocasión, pudo hacerse del cargo tras casi un año de debates entre las fuerzas políticas del país, y gracias a la maniobra legislativa de corte abstencionista que finalmente adoptaron los sectores conservadores del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, que allanó el camino a las aspiraciones continuistas de la derecha local.